AAVV - Los límites del territorio

Los cálculos basados en los costes y beneficios estrictamente privados no son los únicos relevantes cuando lo que está en juego es el bienestar del conjunto de la colectividad. Alguien debería echar también las cuentas –cuentas públicas– de la conversión de nuestro litoral mediterráneo, y cada vez más también de los valles que penetran hacia el interior, en un lugar privilegiado para el establecimiento de segundas residencias para las que, al parecer, existe una demanda ilimitada, por abarcar también la procedente del resto de España y de otros países de la Unión Europea. Una vez desarrollado el efecto expansivo inicial vinculado a la edificación y actividades conexas, ¿cuál es el impacto sobre la Hacienda Pública de los gastos derivados en sanidad, en obras públicas, en seguridad ciudadana? ¿cuál es la cualificación y remuneración de los empleos que surgen en el entorno? Son consideraciones necesarias que desbordan con mucho el ámbito privado, y que llevan a preguntarse si es ese modelo económico, tan publicitado últimamente, el que resulta más favorable para desarrollar actividades altamente innovadoras, que respeten el medio ambiente y creen empleos bien pagados, que es en definitiva de lo que se trata.

¿Garantiza el actual modelo económico valenciano su sostenibilidad medioambiental? Resultaría un tanto frívolo aventurar una respuesta contundente, habida cuenta de las múltiples acepciones científicas de la sostenibilidad y de la insuficiente información de que aún se dispone sobre muchas de las interacciones entre la actividad humana y el medio natural, pero toda una serie de indicadores parciales apuntan a crecientes dificultades para aceptar ese supuesto.

Desde la famosa definición de la Comisión Brundtland 13de desarrollo sostenible como aquel que «hace frente a las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para hacer frente a sus propias necesidades» hasta intentos bastante sofisticados por dotar de concreción y operatividad a esta idea, se han ido sucediendo diversas definiciones. Sin perjuicio de las que sean propias de otras disciplinas, en economía tienden a manejarse tres versiones distintas que suelen denominarse sostenibilidad en sentido muy débil, sostenibilidad en sentido débil y sostenibilidad en sentido fuerte.

Un sistema económico es sostenible de acuerdo con la versión muy débil de este concepto si su capacidad de producción se mantiene intacta, de tal modo que permita al menos mantener un consumo por habitante constante a través del tiempo. La sostenibilidad débil es un concepto más amplio y exigente, ya que requiere que el potencial de aportación de bienestar de la base global de capital con que cuenta la economía permanezca intacto. Ahora ya no se trata tan sólo de sostener un determinado nivel material de vida, representado por el consumo medio por habitante, sino de posibilitar también el consumo de bienes públicos, como el uso recreativo de un entorno natural, así como de la protección de usos no consuntivos, como el valor del legado a generaciones futuras de un ecosistema, o el propio valor de existencia de dicho ecosistema. Finalmente la sostenibilidad en sentido fuerte recoge el punto de vista de la economía ecológica en que el sistema económico se considera como un subsistema abierto que forma parte de un ecosistema global y no expansivo, el medio ambiente.

Podemos aceptar que la idea intermedia de sostenibilidad débil resulta apropiada como concepto normativo para estudiar los procesos de desarrollo y para tener en cuenta las transacciones e intercambios que deben tener lugar entre los objetivos sociales –como la equidad o la cobertura de las necesidades básicas–, los objetivos económicos –como el crecimiento del ingreso y el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica– y los ecológicos –como la protección de ecosistemas con valor de existencia, o la regeneración de los recursos naturales–. Bajo esta perspectiva la sostenibilidad adquiere una triple dimensión: económica, social y medioambiental, y la perspectiva del territorio como soporte de la actividad económica adquiere plena vigencia. 14

Hasta que la Contabilidad Nacional no recoja estimaciones sistemáticas de los cambios en el capital natural –recursos minerales y forestales, tierras de cultivo y de pastos, áreas protegidas, etc.– que permitan detectar nuestros consumos medioambientales y las posibilidades de sustitución entre unos y otros tipos de recursos –renovables y no renovables, naturales y artificiales–, será difícil hacerse una idea cabal de la sostenibilidad o no de las pautas de crecimiento y consumo que caracterizan a nuestra sociedad. Es verdad que el progreso tecnológico puede servir para aumentar la eficiencia con que hacemos uso de los recursos naturales, retardando aparentemente con carácter indefinido el día de la rendición de cuentas, y que hasta cierto punto puede haber cierta posibilidad de sustitución entre el capital natural y el construido artificialmente por el hombre. Sin embargo el optimismo tecnológico no debiera llevarnos demasiado lejos ya que determinadas funciones de sustentación de la vida –como la regulación del clima– son propias y exclusivas de la naturaleza, sin que puedan ser sustituidas por stocks de capital producidos por el hombre. En realidad, y aún en ausencia de un índice global de sostenibilidad, disponemos hoy en día de una cantidad creciente de indicadores parciales que nos señalan cómo están cambiando nuestros consumos energéticos e hídricos, la emisión de gases de efecto invernadero y las pautas de ocupación del suelo. La perspectiva que ofrecen es suficientemente preocupante en algunos aspectos 15como para moderar el optimismo de quienes se limitan a observar un solo indicador –el PIB per cápita– o a lo sumo dos –el PIB per cápita y el empleo– a la hora de valorar la trayectoria económica de una sociedad.

El reduccionismo económico de adoptar el PIB per cápita como medida de todas las cosas tiene finalmente su correlato en un sustancial empobrecimiento del debate político. En ocasiones tanto los grupos políticos –del gobierno y de la oposición– como los medios de comunicación hablan, actúan y adoptan posiciones como si realmente creyeran que los Gobiernos regionales poseen una gran capacidad de influencia sobre las tasas de crecimiento económico o sobre la evolución del desempleo. Es difícil entender en virtud de qué razones se alcanza tal creencia, cuando ninguno de los instrumentos que podrían ejercer una influencia efectiva a corto y medio plazo sobre dichas variables económicas está disponible para su manejo por parte de dichos Gobiernos: ni la política monetaria, que se hace desde el Banco Central Europeo, ni la política fiscal a gran escala o los cambios en la legislación laboral, ni la modificación de los cotizaciones a la Seguridad Social u otras cargas sociales, que se conducen desde puentes de mando de escala estatal.

La consecuencia de estos errores de óptica no es inocente, ya que el debate público acaba centrándose sobre aspectos en los que la influencia de los Parlamentos y Gobiernos regionales es indirecta y a largo plazo –en la medida en que puedan crearse o potenciarse los factores de competitividad mencionados al principio de estas páginas– y se dejan en cambio de lado aquellos temas sobre los que de verdad operan las competencias de las comunidades autónomas: educación, sanidad, ordenación del territorio, políticas ambientales, innovación tecnológica, agricultura, e infraestructuras regionales, entre otras. Como es natural no es posible discutir seriamente sobre ninguna de estas últimas cuestiones manejando solamente un indicador, 16y por ello, para que el debate tenga sentido se requiere un serio esfuerzo en la argumentación basado en un conocimiento en detalle de la realidad. Una consecuencia derivada es que los mensajes de treinta segundos, tan adaptados a los gustos del moderno consumidor de eslóganes políticos, tienen un encaje mucho más difícil en estas áreas, y ello conduce directamente o bien a que reciban una atención insuficiente o bien a que las cosas se simplifiquen hasta extremos distorsionadores, como en el caso reciente del binomio agua/agricultura.