AAVV - Los límites del territorio

Transitar con éxito de la segunda a la tercera etapa, requiere de un poderoso impulso en materia de innovación y asimilación de nuevas tecnologías, y todo indica que hasta ahora el esfuerzo que nuestra sociedad realiza al respecto resulta claramente insuficiente. Frente a una media española del 1,03 % de gasto en Investigación, Desarrollo e Innovación, como proporción del PIB, que todavía se encuentra a años luz del objetivo del 3 % marcado para los países europeos en la Cumbre de Lisboa, el País Valenciano se queda en un 0,81 %. Incluso lo que se hace pasar en los discursos oficiales como esfuerzo innovador tiene tras de sí una realidad aún más modesta que la que indican las cifras, ya que se materializa en una proporción notable en la opción más tradicional de gasto en adquisición de maquinaria o bienes de equipo, mientras que el desarrollo de innovaciones de producto dentro de la empresa, o en colaboración con entidades externas es mucho menos frecuente. Resulta también ilustrativo que el 50 % de las empresas valencianas que participan del esfuerzo por innovar, tan sólo cuenten con un presupuesto para estas finalidades que no supera los 30.000 euros anuales, y que el 80 % no supere los 90.000 euros.

Las debilidades del sistema valenciano de innovación ya se han contemplado en otros lugares 9y no es preciso ahora insistir sobre ello. En una economía con las características de la valenciana –sectores industriales maduros, abrumadora presencia de pequeñas y medianas empresas– los servicios de apoyo a la innovación que pueda prestar la red de institutos tecnológicos, creados la mayor parte de ellos en la década de los ochenta, revisten una importancia crucial. Se habrían de explotar también las posibilidades que ofrece la especialización productiva de determinadas comarcas –el Baix Maestrat, la Plana, l’Horta Sud, la Vall d’Albaida, l’Alcoià, el Baix Vinalopó–, para suscitar experiencias de colaboración entre empreses, y entre estas, la Administración y las Universidades y centros de investigación. Esta colaboración permitiría reforzar las ventajas competitivas vinculadas a los distritos industriales locales y comarcales, es decir al territorio. Desgraciadamente, el desmantelamiento por parte del Gobierno Valenciano en 2004 de la Agencia Valenciana de Ciencia y Tecnología, creada el año anterior, y que supuestamente había de coordinar las iniciativas en esta materia, no constituye precisamente un buen augurio.

EPÍLOGO PARA (EXCESIVAMENTE) OPTIMISTAS: MÁS ALLÁ DEL PIB PER CÁPITA

El famoso, y multifacético, economista británico John Maynard Keynes inició, en plena Segunda Guerra Mundial, la tarea de organizar en el Reino Unido la primera Contabilidad Nacional, movido por la urgente necesidad de estudiar las posibilidades de financiación del esfuerzo bélico de su país. Posteriormente el conocimiento de las grandes magnitudes económicas surgidas conceptualmente de esas Cuentas Nacionales, –la Renta Nacional, el Producto Interior Bruto, la Formación Bruta de Capital–, servirían para afinar la gestión económica de los gobiernos occidentales en la postguerra. Probablemente nunca estuvo en la mente de Keynes que el cociente entre lo producido en un país –el Producto Interior Bruto o PIB– y la población de ese país acabara convirtiéndose en el indicador más frecuentemente utilizado para medir el nivel de desarrollo económico nacional y el bienestar de la ciudadanía. La utilización por organizaciones internacionales, Gobiernos, analistas y medios de comunicación de ese sencillo cociente ha ido por tanto mucho más allá de su finalidad primigenia. La sencillez de su cómputo y el hecho de que sea una de las estadísticas de disponibilidad más generalizada a lo largo y ancho del mundo han facilitado enormemente su empleo, principalmente a efectos de comparación entre países y regiones.

Las limitaciones del PIB per cápita como elemento de medición del nivel de vida o bienestar de que disfruta un colectivo humano son, sin embargo, harto evidentes. No sólo por obviar la consideración de la desigualdad, que queda enmascarada en las cifras promedio, sino también por razones algo más sutiles.

En primer lugar conceptos como el de PIB o el de productividad no están diseñados para tener explícitamente en cuenta la necesidad de que los procesos económicos sean sostenibles. 10No se contabiliza en el PIB la reducción en los servicios medioambientales suministrados por los bosques, cuando estos se ven deteriorados por la lluvia ácida, como ocurre en la comarca de Els Ports, o la reducción en los valores estéticos y en la contribución a la biodiversidad aportados por los humedales naturales que tiene lugar como consecuencia de la esquilmación de los acuíferos subterráneos, un caso que desgraciadamente se repite en nuestro litoral. En definitiva, está pendiente en la práctica –más allá del meritorio esfuerzo realizado en algunas áreas de investigación académica– la plena adecuación de los sistemas de Cuentas Nacionales para recoger las variaciones anuales en los stocks de recursos medioambientales, y en los flujos de servicios que de ellos se derivan, de un modo tal que permita mostrar la dependencia respecto al medio natural del conjunto de la producción de bienes y servicios que son objeto de transacciones de mercado. La forma habitual de proceder a la hora de calcular la contribución a la Renta Nacional de un sector productivo padece en la actualidad de una importante asimetría, ya que se reconoce explícitamente el consumo de capital físico producido por parte de los agentes económicos –que es objeto de deducción contable en forma de amortizaciones– pero no se aplica un tratamiento similar para el consumo de valiosos stocks de recursos naturales.

Por lo tanto no están contabilizadas todas las operaciones que son relevantes a efectos de cómputo del bienestar, pero además tampoco son relevantes para ese mismo fin todas las que están contabilizadas: pensemos por ejemplo en lo que pueda añadir al bienestar el valor de la gasolina gastada en el típico atasco de tráfico de un regreso de puente vacacional, que naturalmente queda contabilizado en el PIB. Además, muchas transacciones se contabilizan con un valor positivo, es decir suman en la construcción del PIB, aun cuando su única utilidad resida en su función meramente reparadora de daños o perjuicios derivados de las propias actividades económicas. Podrían situarse aquí los gastos sanitarios derivados de enfermedades causadas por problemas medioambientales –como la contaminación del aire, de los alimentos y del agua–, los gastos de limpieza de monumentos históricos dañados por la contaminación atmosférica ocasionada por la polución industrial, muchas de las inversiones y gastos corrientes en protección medioambiental por parte de las empresas y del gobierno, o los gastos de asistencia sanitaria por accidentes de trabajo, muy relevantes en una economía como la del País Valenciano, aquejada por altos índices de siniestrabilidad laboral. Cabe concluir por tanto que las cifras de PIB per cápita reflejan una suma de transacciones económicas a las que a priori se otorga una connotación positiva, –puesto que su adición aumenta la dimensión de esta magnitud económica–, aunque dicha valoración positiva no siempre esté justificada.

La valiosa información sobre la trayectoria económica del País Valenciano que aporta el PIB per cápita, debería ser completada por tanto con otros indicadores de desarrollo humano, 11de evaluación de la situación medioambiental y de impacto ecológico de las actividades productivas. Sólo así podría obtenerse una visión equilibrada de los procesos de cambio que están teniendo lugar. Y sólo así podría percibirse con toda claridad que, por ejemplo, no es lo mismo vender zapatos, o textiles, o automóviles, que suelo urbanizable. En este segundo caso se vende un recurso no renovable cuyo uso queda hipotecado por varias generaciones. Nada que objetar, desde una perspectiva que aspire al progreso económico y social, a la actividad inmobiliaria o de construcción en sí misma, pero mucho en cambio a que con frecuencia no se produzca en el marco de una adecuada ordenación del territorio que permita frenar los procesos de urbanización allí donde estén en peligro espacios cuyo valor paisajístico o su valor ecológico se vayan a ver indefectiblemente perjudicados. Por no hablar de la radical despersonalización que experimentan pequeños núcleos de población a los que de repente se les inserta una operación urbanística que induce un influjo poblacional superior al total de la población autóctona. No hace falta extenderse demasiado en algo que desgraciadamente ocurre con demasiada frecuencia en esta tierra, a favor de una excesiva permisividad de las autoridades municipales y autonómicas. En cualquier caso resulta significativo de la dinámica territorial reciente el hecho de que el suelo urbanizado en el País Valenciano haya experimentado un incremento que ronda el 60 % entre 1990 y 2000, mientras que el tejido urbano continuo sólo lo ha hecho en un 11 %. 12