Fernando Garcia - Colección de Propiedad Industrial e Intelectual (Vol. 2)

2. La experiencia jurisprudencial

El más importante justificativo para aplicar las normas procedimentales sin cortapisas resulta de la premisa que la ley está para ser cumplida, es para todos la misma, y todos, por ende, deben adecuar sus conductas igualitariamente.

Este diseño es, lógicamente, democrático e igualitario y, por lo tanto no despreciable. Sin embargo no siempre resulta que lo que se advierte del proceso se adecue a la realidad subyacente. Y estas situaciones “no verdaderas” no todas son advertidas por el intérprete que debe aplicar la ley.

Prueba de ello es que en numerosos casos de una estricta interpretación ceñida a la forma, ésta debe ceder frente a la lógica de la verdad, si esta última se advierte incontrastable de las propias evidencias del procedimiento. Es allí donde el sistema se pone a prueba, donde la forma debe ceder frente a la notoria injusticia.

Algunos precedentes judiciales pueden llevarnos a ilustrar sobre esta situación injusta.

En un caso sobre caducidad de solicitud de patente de “…un recipiente en forma de tambor para transportar fluidos”, por falta de pago en término de la primer anualidad, cuando fue efectuado dentro del plazo de gracia, y las subsiguientes anualidades fueron pagadas sin observaciones.[3] El juez de primera instancia, para decidir la nulidad de la resolución de caducidad, valoró la intención de mantener la vigencia de la patente mediante el pago de los vencimientos posteriores, la omisión del aviso previo a la caducidad, y la falta de proporcionalidad entre la falta (pago tardío) y la sanción. El INPI (Instituto Nacional de Propiedad Industrial de Argentina) apeló fundando su queja en la legitima aplicación del principio de legalidad (la sanción estaba prevista) y las incontrovertibles facultades recaudatorias y sancionatorias emergentes de su poder de policía. La Cámara, en rigor, contestó los argumentos en contra del fallo recurrido, argumentos que sostenían que resultaba irrelevante la mera intención de mantener la patente por el pago de la tasa (que es la retribución a un servicio del Estado) de las anualidades posteriores frente al incumplimiento concreto, y que la sanción aplicada estaba expresamente prevista en la ley cuya inconstitucionalidad no fue impugnada en base a la falta de proporción. El apelante también puso el acento en que el “aviso previo” no estaba previsto en la ley de patentes (cuyo art. 62 prevé la caducidad automática).

Sin embargo, para remediar la situación que ya se avizoraba como de notoria injusticia, el fallo de la Cámara señaló que la “rehabilitación” de las patentes es un instituto que se encuentra previsto en el art. 5 bis, apartado 2), de la Convención de París y que este tipo de caducidades deben ser interpretadas con criterio restrictivo, máxime cuando se trata de un pago dentro del plazo de gracia y se cumplió con los restantes, por lo que la autoridad de aplicación debió tener en cuenta estas circunstancias en su resolución que, aparece, como un acto administrativo incausado e inmotivado (art. 7, b, de la ley 19.549).

En minoría de fundamentos, la tercer vocal de la Sala interviniente consideró relevante: a) que se hubiera omitido la intimación prevista en el art. 21 de la Ley de Procedimientos Administrativo; b) no cabe una interpretación rigurosa del art. 62 de la ley de patentes por las graves consecuencias que conlleva; c) está en el espíritu de la norma que la sanción de caducidad tiene por finalidad eliminar registros sin interés de explotar (lo cual no es el caso); y d) las circunstancias adjetivas definen el mantenimiento del registro (se pagaron dos anualidades antes de decidirse la caducidad; sólo se debía una porción por la mora en el primer pago; y la finalidad de la ley de patentes es la explotación, que ocurre en el caso.

Se advierte claramente un esfuerzo argumental en las dos instancias analizadas y en los cuatro jueces intervinientes por alcanzar una solución que sea adecuada a la verdad jurídica objetiva en la causa. Se efectuó el pago y existió un verdadero y auténtico interés en mantener la patente más allá de cualquier defecto formal que no puede ser reputado esencial a esos fines.

Fallos con este contenido con algunas variantes se encuentran en numerosos otros precedentes como, por ejemplo, los relativos, a: (a) legitimidad de hacer valer las copias certificadas del documento de prioridad presentadas anteriormente en el departamento de Marcas del INPI para cumplir con la exigencia de la Resoluciòn P-054;[4] y b) se consideró legítima la presentación fuera de plazo del documento de prioridad extranjero si se probó que fue por motivo de fuerza mayor no imputable.[5]

3. Una oportunidad perdida

La doctrina de la “verdad jurídica objetiva” sentada por el Alto Tribunales en el precedente “Colalillo” (Fallos: 238:550) resultó el punto de partida para que los tribunales pudieran justificar el apartamiento de las formas y preservar una solución adecuada a la realidad.

Está claro que no siempre se logra obtener de los tribunales tales pronunciamientos, y la formalidad administrativa se consolida en perjuicio de soluciones que podrían considerase más justas.

Es decir, el esfuerzo que ponen los tribunales en interpretar los hechos para alcanzar un resultado adecuado y equitativo en función de la verdad substancial (Fallos: 296:65) –en esta materia donde el apego a los formalismos en el procedimiento pueden tener consecuencias tan graves como la pérdida del derecho de registro–, no siempre se alcanza.

Para ello se puede recordar un caso donde se presenta a patentamiento un “método para fabricar un comestible seco”, solicitud de patente con prioridad en EE.UU dentro del año anterior.[6] Antes de los dos meses se presentó copia de la patente y certificación en soporte papel (copia simple), debidamente traducido y certificada la traducción. Al cabo de dos años la autoridad de aplicación notifica la resolución por lo cual se le da por decaído el derecho a la prioridad por no haber presentado la certificación de la patente extranjera (art. 19 de la ley de patentes). Adjunto al recurso administrativo de reconsideración de la resolución denegatoria, el inventor presenta el CD/ROM (EE.UU) faltante, recurso de reconsideración que es denegado, como también el recurso jerárquico.

El juez de primera instancia no hace lugar a la impugnación del actor sobre la base de considerar que la ley está para ser cumplida, y que el daño es solo la pérdida de la prioridad.

El inventor recurre en apelación a la Cámara, invocando que reconoce la omisión de haber presentado el CD/ROM dentro de los 90 dias (art. 19 L.P), pero alega que en el recurso de reconsideración administrativa, sí se presentaron todas las copias y el original, por lo cual la sanción es desproporcionada, y una nueva solicitud de patente será rechazada por la autoridad administrativa sobre la base de la falta de novedad.

El fallo de Cámara consideró que no son válidas las meras copias simples (presentación original), y que no hay ritualismo si se aplica la ley. Argumentó además que no pueden controvertirse las normas a las que debió ajustarse la solicitud de patente presentada. Y en cuanto al sustento jurídico para confirmar el rechazo de la solicitud de patente de reválida puso el acento en la vigencia del art. 24 del Reglamento de la ley de patentes, que ordena que dentro de los noventa días posteriores a la invocación de la prioridad debía adjuntar las copias certificadas que justificaran el derecho a la prioridad, obligación que cumplió tardíamente recién cuando presentó el recurso administrativo de reconsideración de la denegatoria.

Entendemos que en este caso se perdió una oportunidad para aplicar plenamente la doctrina “Colalillo”, y admitir la verdad jurídica objetiva que evidencia la totalidad del procedimiento. En efecto, existía la patente anterior extranjera que sustenta la reválida presentada en el país. Los indicios claros, precisos y concordantes se desprenden de la propia presentación inicial de las copias con traducción certificada, donde solamente se habría omitido el CD/ROM (USA), es decir, el documento de prioridad original certificado por la oficina emisora.