AAVV - En el primer siglo de la Inquisición española

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En los tiempos inmediatos a su creación por los Reyes Católicos, el Santo Oficio de la Inquisición era un organismo poco articulado pero muy dinámico. Durante los siguientes cien años, evolucionó progresivamente hasta convertirse en una institución. Por el camino fueron quedando las víctimas, sobre todo las dos grandes minorías religiosas, judíos y musulmanes, a quienes la conversión al cristianismo, voluntaria o forzosa, puso a los pies de los caballos; pero también esa concepción medieval de la autonomía política que hacía del foralismo un escudo frente a las injerencias del poder monárquico. Las fuentes documentales que permiten analizar esa evolución proceden de los archivos inquisitorios y de fondos regios. Este volumen recoge las experiencias que medievalistas y modernistas de España y Francia han recabado en el terreno de estudio de la primera Inquisición.

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Éste será el contexto en el que se produjo el nacimiento de los «conversos». Una tentativa de complicado resultado social, resuelta de manera intermedia, cuando se les considere, por parte de la mayoría de agentes proselitistas cristianos, como un grupo inasimilable y con claras tendencias a la apostasía, frente a una sociedad que, consciente o inconscientemente, los segregaba más que integraba, a partir de la competencia puntual para alcanzar el odio racial puro y simple. 6 Por ello, la tendencia final a su eliminación y erradicación social de manera absoluta. Tampoco iban a recibir demasiada colaboración por parte del grupo originario del que se habían desarraigado, porque siempre serán percibidos por sus antiguos correligionarios con sospecha y precaución, incluso con animadversión en ocasiones, por la supuesta traición que habían cometido y su perseverancia en la misma.

Todo un reto para los conversos, que vieron extraordinariamente dificultado su progreso material y su mismo ascenso social; y también difícil en cuanto a las relaciones sociales de su propio contexto, por las nuevas cuestiones que enmascaraba girando en torno al clásico enfrentamiento entre grupos humanos, en definitiva, así como a las constantes oposiciones entre intereses diversos y objetivos sociales, en cambio, coincidentes, en un contexto de indeterminación compleja de las identidades colectivas y de grupo.

Otro elemento a introducir en la reflexión será el de las diferencias que, en época medieval, tuvo la represión de la herejía en el reino de Castilla y en la Corona de Aragón. Mientras en Aragón existía una acción previa de la Inquisición, instancia judicial e ideológica sometida al Papa y ejercida, en cuanto a su práctica, por los obispos; en Castilla, por el contrario, la actuación del tribunal se desarrolló, siempre de la mano de la poderosa y creciente monarquía de los Reyes Católicos, a partir de 1478, momento en que se logró su implantación en los reinos patrimoniales de Isabel II. Una estrategia política ejecutada con la ayuda −no exenta de tensiones, intereses contrapuestos y polémicas− del Papa y de la propia jerarquía eclesiástica castellana.

La Inquisición pontificia había nacido en 1184, como consecuencia de los límites de la reforma propugnada por los «gregorianos», que se dotará de un instrumento de represión de la herejía dominado por el Papa, mediante el cual los movimientos de discrepancia social e ideológica podían condenarse como heterodoxias teológicas por su divergencia con la línea interpretativa canónica oficial, es decir, la que señalaba Roma. Corrientes de pensamiento, interpretación y acción que no cesaban de extenderse, particularmente en el siglo XV, a lo largo de toda la Cristiandad, poniendo en discusión el monopolio en la definición del dogma y el establecimiento de las prácticas, que reclamaban el Papa y la Curia.

La Inquisición, creada en base a un procedimiento judicial −la inquisitio − que tenía un carácter excepcional y anómalo en todos los ordenamientos legales de la época, en especial en el de la Iglesia, y en un momento concreto en que la institución eclesiástica, dirigida por los pontífices romanos, modificó sus actitudes hacia los discrepantes, evolucionando desde el diálogo inicial con el «equivocado», el hereje, que buscaba el regreso por convicción de los descarriados al redil, hacia posturas de autoridad y aceptación jerárquica mediante la imposición de la doctrina oficial unitariamente transmitida por el Papa. Y en particular su creación, entre finales del XII y mediados del XIII, pretendía hacer frente a la grave amenaza −aunque no única− que suponía un movimiento cátaro que parecía tener capacidad para extenderse a todos los confines de la Cristiandad. Nacía entonces un tribunal gestionado por tres instancias sucesivas y, en teoría, ideológicamente coherente en cuanto a sus objetivos, cuya actuación estaba en manos de la jerarquía episcopal, que seguía las directrices de la curia pontificia, y un tiempo después bajo la conducción de la nueva orden mendicante de los Dominicos. Su acción en tierras de la Corona de Aragón comenzó en 1249.

En pocas ocasiones veremos actuar a este tribunal sobre las comunidades islámica o judaica, por cuanto ambos grupos eran responsabilidad directa de las autoridades reales cristianas y se hallaban bajo un teórico acuerdo de protección personal y comunitaria, a cambio de un sometimien to absoluto. Judíos y musulmanes fueron vistos por los cristianos como personas y comunidades que profesaban religiones erróneas, grupos diferentes, equivocados y sospechosos con los que se podía dialogar, desde luego, pero siempre para que abandonasen su fe religiosa propia. Primero desde el diálogo, más o menos falseado a través de las denominadas «disputas», después con la pura acción de la conversión directa y forzada o, en el caso musulmán, la reubicación de sus seguidores en el espacio territorial propio del Islam, es decir, con la expulsión simple y directa de las tierras consideradas como parte de la Cristiandad. 7

De todas formas, en contadas ocasiones y siempre de la mano y bajo el control, directo o indirecto, del poder real, el tribunal pontificio inquisitorial, también conocido como «inquisición episcopal», trató de intervenir sobre la población mudéjar de nuestros territorios, salvo en algunos casos muy concretos y específicos como la blasfemia, la sodomía o la hechicería, siempre y cuanto la acción implicase protagonistas cristianos, menos aún a judíos. Era su único pretexto para poder entrometerse en las relaciones generales tuteladas y minuciosamente establecidas por la legislación y por las costumbres ancestrales.

Esta Inquisición pontificia, de carácter eclesiástico, se encontraba plenamente vigente en las décadas finales del siglo XV en la Corona de Aragón, y en Valencia, cuando fue simplemente superada por la implantación en los estados de Fernando II del propio del Tribunal del Santo Oficio castellano en 1483, con la aprobación del Papa Sixto IV. Una inserción inquisitorial extremadamente complicada y difícil, tanto para el conjunto de la Corona de Aragón como para Valencia, donde causó un verdadero terremoto político que reemplazó a personalidades destacadas de las antiguas élites dirigentes, pero que rendía excelentes resultados en términos de represión social y control ideológico, y resultaba un instrumento eficaz al servicio del naciente estado moderno que se estaba implantado en los reinos dinásticamente relacionados de Fernando e Isabel.

El objetivo inicial y más importante consistía en evitar la desviación religiosa que significaría el presunto regreso de los nuevos convertidos a la originaria fe mosaica, apuntando así la debilidad del proceso de proselitismo cristiano e integración eclesiástica. Unos «cristianos nuevos» que se habían convertido, más por la fuerza que de grado, a la fe cristiana. Su procedencia mayoritaria era el judaísmo, aunque en su gran mayoría se trataba de gente nacida tras los pogromos de finales del siglo XIV, los asaltos a las juderías peninsulares, que culminaron en el año 1391. Otros períodos de persecución, como el bienio 1418-1419 o la década de 1440-1450, terminaron dejando en la Península unas comunidades hebreas raquíticas que en 1492 sufrieron la expulsión finalmente o se vieron obligadas a convertirse forzosamente al cristianismo. 8

¿Y los mudéjares? Los antiguos andalusíes tenían un volumen de población inicialmente superior al de las comunidades cristianas y, casi con toda seguridad, al de las mismas hebreas. Su número no cesó de crecer, sobre todo con relación a los judíos, a la vez que fueron ganando importancia en algunos sectores económicos, mientras que su propia representación en la sociedad cristiana, siempre segregada, no dejaba de incrementarse. Varios factores generales contextualizan esta circunstancia. Hasta 1492, existió en suelo peninsular un estado musulmán, el reino nazarí de Granada. Un acicate, más que una realidad, que contribuía a sostener al grupo mudéjar en su estado y estatuto propio, en medio cristiano. Únase a esto el dominio islámico en el norte de África, hasta hoy inquebrantable, y el renacimiento protagonizado primero por los mamelucos egipcios, y más tarde, con mayor autoridad, por los turcos otomanos: el Mediterráneo se dividió en dos bloques cuya confrontación política e ideológica no cesaba de aumentar. De todas formas, el argumento geopolítico no deja de ser un arma de doble filo a favor y en contra del mantenimiento mudéjar, como hemos podido analizar en otros estudios. 9

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