Brian Loveman - Poder Judicial y conflictos políticos. Tomo III. (Chile - 1973-1990)

70Pascale Bonnefoy y John Dinges, «Ejecuciones en Chile. Septiembre - diciembre 1973: el circuito burocrático de la muerte». Archivos Chile .

71Ibíd.

72Pascale Bonnefoy y John Dinges. «El agujero negro de las fiscalías militares». Archivos Chile .

73Véase Informe 1974 CIDH .

74Tres eran militares, dos carabineros y un agente de Investigaciones.

75No fue incluido en esta lista el general Augusto Lutz, inicialmente director del Servicio de Inteligencia Militar al 11 de septiembre, secretario de la Junta y luego intendente de Punta Arenas. Murió de septicemia en el Hospital Militar el 28 de noviembre de 1974. Su extraña muerte no fue investigada. Las sospechosas circunstancias de su muerte fueron relatadas en la novela de Patricia Lutz, Años de viento sucio ( Biblioteca del Sur ). Santiago: Editorial Planeta, 1999; Jorge Escalante, «Al general Lutz lo asesinaron», La Nación, 2 diciembre, 2007. En 2017, su familia presentó una querella para esclarecer si “hubo participación de terceras personas” en su muerte. En junio de 2018, el juez Mario Carroza ordenó la exhumación de sus restos. “Exhumaron el cadáver del general Augusto Lutz tras sospecha de asesinato”. El Mostrador 8, junio 2018.

76 Código de Justicia Militar de la República de Chile , artículos 180, 181, 183, 184, y 191 a 195 (expediente de prueba, folios 6149 a 6151). Véase Corte Interamericana de Derechos Humanos. «Omar Humberto Maldonado y otros vs Chile». Sentencia de 2 de septiembre de 2015 (Fondo, Reparaciones y Costas), nota 27, p. 9.

77Véase Título II, Art. 13. En tiempo de paz, la jurisdicción militar será ejercida por los Juzgados Institucionales, los Fiscales, las Cortes Marciales y la Corte Suprema. La versión del CJM vigente en la época se encuentra en línea: .

78Ingrid Regina Díaz Tolosa, «Aplicación de los convenios de Ginebra por los Tribunales de Justicia Chilenos», Revista Chilena de Derecho, vol. 33(2) 2006: 305 – 327.

79Hubo consejos de guerra en los que la única prueba fue la confesión de los acusados [obtenidas bajo tortura], («Maldonado y otros…», 9 [nota 28].

80Por ejemplo, «No corresponde a la Corte Suprema declarar la inaplicabilidad de ciertas disposiciones del Decreto con Fuerza de Ley N° 245 de 15 de marzo de 1931, dictado por el Presidente de la República en virtud de la autorización que le confirió la Ley 4.945 que le delegó esa facultad con determinados fines, pues el inciso 2.° del artículo 86 de la Constitución Política no le confiere derecho para pronunciarse acerca de dicha delegación, ni podría el Tribunal pronunciarse sobre la constitucionalidad de la ley 4.945, si el recurrente no pide que se declare su inconstitucionalidad y se limita a invocarla como antecedente para que se declare la inaplicabilidad de los preceptos del decreto con fuerza de ley N° 245». León Julliot de la Morandière (traducción de Oscar Dávila), «La evolución general del derecho civil francés moderno», Revista de Derecho y Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Gaceta de los Tribunales, Santiago: volumen XXXVII (1940), 2ª parte, sección 1:18.

81En 1980, la nueva Constitución Política impuesta por el Gobierno militar eliminó la superintendencia de la Corte Suprema sobre los tribunales militares en tiempo de guerra. El capítulo VI sobre el Poder Judicial (artículo 79), rezaba: «La Corte Suprema tiene la superintendencia directiva, correccional y económica de todos los tribunales de la nación. Se exceptúan de esta norma el Tribunal Constitucional, el Tribunal Calificador de Elecciones, los tribunales electorales regionales y los tribunales militares de tiempo de guerra».

82El abogado Roberto Garretón comenta que la autolimitación de la Corte Suprema «reconoció una notable excepción, necesaria para servir un interés político de la dictadura: la Corte Suprema admitió a tramitación –y finalmente acogió– todos los requerimientos de los Tribunales Militares de Tiempo de Guerra que le demandaban la extradición activa de personas que se encontraban en el exilio, con el fin de ser procesadas en Chile. Si se analiza bien esta situación, la actitud importa una contradicción, pues lo que se requería de la Corte Suprema era un pronunciamiento sobre la legalidad y procedencia del auto que disponía el procesamiento dictado por el Tribunal Militar de Tiempo de Guerra. Huelga decir que la Corte siempre lo calificó de ajustado a derecho toda vez que no se conoce un solo caso en que se haya denegado el pedido formulado por el Juez militar». En Roberto Garretón, «Renuncia al ejercicio de sus funciones propias respecto de los tribunales militares de tiempo de guerra» (1977), manuscrito inédito del abogado Garretón, gentilmente prestado a los autores.

83Sobre los casos relevantes de 1865, 1872 y 1882 véase a Robert Barros, Constitutionalism and Dictatorship: Pinochet, the Junta and the 1980 Constitution. Cambridge: Cambridge University Press (2002): 136; y, como se mencionó anteriormente, Daniel Schweitzer sobre «Jurisdicción de la Corte Suprema…» (1975).

84Sobre los procedimientos en los consejos de guerra durante 1974, véase algunos casos en Comisión Interamericana de Derechos Humanos, capítulo VII «La administración de justicia por los consejos de guerra y los fueros de la defensa» Informe País. Chile. 1974: capítulo VII .

85Algunos de los procesos judiciales relacionados con la «caravana de muerte» se tratan en el capítulo VII.

86Jorge Escalante, La misión era matar. El juicio a la caravana Pinochet-Arellano . Santiago: LOM, 2000: 15.

87Más de veinticinco años después, un proceso judicial por este caso daría lugar al desafuero de Augusto Pinochet, confirmado por el pleno de la Corte Suprema, el 8 de agosto de 2000, por votación de 14 contra 6.

88Patricia Verdugo, La Caravana de la muerte. Pruebas a la vista . Santiago: Editorial Sudamericana, 2000.

89«Fallos del Consejo de Guerra y del comandante del campo de prisioneros de guerra y guarnición militar de Pisagua. Aplicación de un tipo legal erróneo de delitos previstos en el art. 245, N° 2 del Código de Justicia militar en relación con el art. 246 del mismo código». Arzobispado de Santiago, Vicaría de la Solidaridad. Cuadernos Jurídicos. N° 4, noviembre,1977: 64. Véase Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación , Santiago: Reedición elaborada por la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, 1996. Tomo I: 75-84.

90«Fallos del Consejo de Guerra ….», Cuadernos Jurídicos , N° 4, Noviembre, 1977, supra: 66.

91Ibíd., 67.

92Ibíd., 69.

93Ibíd., 73.

94Ibíd., 78.

95Ibíd., 81-82.

96Ibíd., 82.

97Ibíd., 83.

98Ibíd.

99Sobre condenas a muerte en consejos de guerra en Concepción véase Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Capitulo VII: «La administración de justicia por los consejos de guerra y los fueros de la defensa» (1974). .

100Sobre Dawson véase Sergio Bitar, Isla 10. Santiago: Pehuén, 1987; Marco Antonio Barticevic Sapunar, Esperanza en el austro. Santiago : Editorial Mosquito Comunicaciones , 2009. Véase también, Agrupación de DDHH Salvador Allende. ; Aristóteles España, El Sur de la Memoria , Copenhague: Divina Ediciones, RCT, 1992; Quica González de Zanzi, Mi memoria es mi verdad. Punta Arenas: Editorial Atelí, 2002. Sobre los consejos de guerra de Magallanes, véase Elizabeth Lira, «Human Rights Violations: Memory and Reparation in Magallanes, Chile», Radical History Review . N° 124, Special issue (Winter 2016): 153-164.