Brian Loveman - Poder Judicial y conflictos políticos. Volumen I. (Chile - 1925-1958)

La Comisión dio a conocer un informe sobre lo ocurrido con la Compañía de Salitre de Chile (COSACH) a fines de octubre de 1931. El informe causó un gran revuelo y, por un tiempo, la prensa santiaguina y regional comentó el trabajo de la Comisión. Sin embargo, sus indagaciones implicaron a varios legisladores que habían asumido funciones en el congreso termal inventado por Ibáñez, con la cooperación de líderes de varios partidos políticos y otros funcionarios que fueron sus colaboradores. Eran escasos los políticos, funcionarios o jueces que se habían podido mantener al margen del proceso político y sus implicaciones entre 1927 y 1931. Tal vez el mérito principal de la Comisión fue proporcionar una audiencia pública y documentar los abusos cometidos durante la dictadura. Sin embargo, la derivación al Congreso, por la vía de acusaciones constitucionales, careció del respaldo político necesario para exigir cuentas y responsabilidades políticas.

En 1933, algunos diputados presentaron una acusación constitucional contra la Corte Suprema. Entre los asuntos considerados como fundamento de dicha acusación se mencionó el abandono de deberes de ese Tribunal en relación con las acusaciones promovidas por la Cámara de Diputados y acogidas por el Senado contra el expresidente de la República Carlos Ibáñez del Campo y contra el exministro de Hacienda, Carlos Castro Ruiz. Decía la acusación que «a pesar de la jurisdicción disciplinaria y correccional, que comprende facultades inspectivas de la incumbencia de la Corte Suprema, el más alto tribunal de la República nada hizo por obtener para los acusados por el Senado un juzgamiento adecuado a la índole de los hechos que motivaron los respectivos procesos» 112. Agregaría el texto de 1933:

Preterida así la sanción que reclamaba contra los acusados, la opinión pública que pusiera fin al régimen de tiranía en 1931, nos encontramos viviendo una paradoja inverosímil para nuestro derecho público: la de que los procesos abiertos por virtud de sentencia del Senado de la República, no afectan y al parecer no afectarán jamás a los inculpados, con evidente perjuicio para ellos y para la nación toda. La ausencia de un fallo judicial oportuno impide conocer la verdad de las imputaciones acogidas por el Senado, y por ende la culpabilidad o inocencia de los acusados 113.

De este modo, dos años después, se consideraría que la Corte Suprema había abandonado sus deberes de inspección y vigilancia respecto de todos los tribunales del país en relación con este caso.

La Comisión Investigadora terminaría, sin pena ni gloria, para la Navidad de 1931, debido a que las instancias del Estado (Congreso y Poder Judicial) prescindieron de las investigaciones y acusaciones de la Comisión sobre las actuaciones de los ministros y otras autoridades durante la dictadura de Ibáñez. La Comisión quedaría sin piso político para hacer efectivas sus denuncias, renunciando ante el Presidente elegido, Juan Esteban Montero (noviembre 1931- junio 1932). No hubo difusión pública del trabajo de la Comisión ni tampoco se iniciaron acciones judiciales por los casos denunciados. La Comisión no inspiró ninguna reforma judicial ni tuvo impacto político alguno ni en el corto ni en el largo plazo. De hecho, sus minutas y documentos quedaron enterrados en el Archivo Nacional por décadas, siendo relativamente desconocidos, incluso en la literatura académica. En contraste, las iniciativas administrativas, policiales e institucionales implementadas por Ibáñez mediante las facultades legislativas delegadas extraconstitucionalmente por el Congreso, y varios de los ministros nombrados en los tribunales superiores entre 1927 y 1931, mantendrían su influencia en la historia del país durante décadas.

Al renunciar Ibáñez a la Presidencia de la República asumió Pedro Opaso Letelier, presidente del Senado, como vicepresidente provisional. Juan Esteban Montero se mantuvo como ministro del Interior. Opaso renunció al otro día, dejando a Montero como vicepresidente de la República. Montero llamó a elecciones presidenciales, renunciando a la vicepresidencia el 20 de agosto para presentarse como candidato presidencial, quedando el ministro del Interior Manuel Trucco como vicepresidente hasta el 15 de noviembre, cuando Montero, victorioso en las elecciones, asumió la Presidencia.

Durante la vicepresidencia de Manuel Trucco, en plena época electoral, entre el 31 agosto y el 7 de septiembre de 1931, se produjo en el país la dramática sublevación de la Escuadra 114. Al principio apareció como una protesta motivada por la rebaja de salarios de tripulantes y oficiales decretada por el gobierno de Ibáñez y fue caracterizada como un motín 115. A la rebaja de los salarios se habían sumado reducciones en el presupuesto militar y los servicios públicos, siendo, en cierta medida, «la última gota», que afectó no solo a las fuerzas militares y navales 116.

Diversas voces en la prensa y en el Congreso señalaron que los partidarios de Carlos Ibáñez del Campo y el Partido Comunista eran los principales responsables de haber incitado el movimiento. Se sindicó que los cabos despenseros del acorazado Latorre, Manuel Astica y Augusto Zagal, eran agitadores profesionales e instigadores del motín y que habrían estado vinculados al Partido Comunista. El senador Manuel Hidalgo, quien pertenecía a una facción disidente del Partido Comunista, rechazó formalmente que su partido tuviera responsabilidad en el movimiento: «...los comunistas no hemos tenido participación alguna en estos sucesos y que el día que tengamos responsabilidades las asumiremos sin ambages [...]» 117.

Volodia Teitelboim (P. Comunista), citado por Jorge Arrate, recordaría que Bernardo Leighton, en su calidad de dirigente estudiantil, con un grupo de estudiantes de la Universidad Católica, intentó convencer a los amotinados que desistieran de su «loca aventura» 118. El presidente de la federación de estudiantes de la Universidad de Chile, Julio Barrenechea, convocado a esta misión, se negó, señalando que «era anarquista y que si iba a Coquimbo sería para plegarse a las tripulaciones, arengándolas para que no cedieran en su rebeldía». Teitelboim afirmaría que «una delegación de trabajadores de la Federación Obrera de Chile (FOCH) entregó a los insurrectos su adhesión» 119. Ella implicaba el apoyo del Partido Comunista, que hasta entonces no había tenido participación en el movimiento 120. Una declaración en el mismo sentido la haría Elías Lafferte (P. Comunista): «No tengo por qué atribuirme cosas que no he hecho ni tampoco cargarlas al haber del Partido. Nosotros consideramos que aquel movimiento fue un intento revolucionario honesto y heroico de la marinería en la lucha por el pan [...] ayudamos [...] a la sublevación y a sus protagonistas, una vez vencida ésta. Pero en su gestación, el Partido fue ajeno» 121. Patricio Manns investigó la sublevación de la Escuadra cuarenta años después, basándose en la documentación del almirante Edgardo von Schroeders, negociador oficial de la Marina con los sublevados. Entrevistó también a algunos de los participantes. Entre ellos, al excabo Manuel Astica, uno de los protagonistas, quien le confirmaría que las «deliberaciones eran exclusivamente reivindicativas» en sus inicios, pero que empezaron después a tomar un carácter político 122.

El Gobierno consideró que varios actores políticos eran sospechosos de haber participado o instigado el motín. La cercanía de Carlos Frödden con algunos de los amotinados llevó al Gobierno a ordenar su detención, aunque fue liberado a los pocos días por el general Carlos Vergara Montero, ministro de Guerra 123. Los temores en relación con la influencia de Arturo Alessandri en la gestación del movimiento, así como las constantes acusaciones al Partido Comunista mostraban el amplio abanico de posibles responsables. La afirmación de un antiguo agente del Komintern, J. H. Krebs, acerca de que habría llevado fondos para la sublevación, y un editorial de Pravda en esa época, que hablaba de los «activistas revolucionarios en la Armada, encabezados por el Partido Comunista», eran muestras de que el movimiento podría responder a influencias internacionales del Komintern. Los diversos indicios de un conjunto de influencias diversas y contradictorias permitieron que se construyeran diversos relatos sobre el motín 124.