Ricard Pérez Casado - Viaje de ida

Contraté a una secretaria que a los pocos meses entendió que su futuro, y el mío, eran inciertos. Por lo que no mucho después se fue.

La ocupación extremeña no justificaba el gasto de un despacho, amueblado de restos caseros y equipado a medida que podía percibir algún ingreso. Cuando decidí cerrarlo acudió a mí un amigo de la adolescencia, de familia asidua al veraneo en Nàquera, con un millón de pesetas, que devolví cuando mejoró la situación y con una explicación por su parte que conservo: «Mi amigo el alcalde de València ha de tener una puerta profesional abierta».

Seguí cursando el doctorado, con la afabilidad y pericia de Pedro Ruiz Torres, Ismael Saz, Isabel Burdiel, Joan Romero y otros, y contando además con la solidaridad de Jenaro Talens y de mis condiscípulos, poco dispuestos al principio a una presencia que les resultaba sorprendente cuando no les sonaba a competencia. Este último aspecto lo disipé de inmediato: mi objetivo era alcanzar el máximo grado académico sin más ambición que compensar una trayectoria personal y familiar.

Vicent Tarrazona fue alcalde ejemplar de l’Eliana. Él rompió el cerco profesional a que se me sometió. Su encargo de planeamiento urbanístico me permitió la recuperación de oficio y de ingresos, pues durante muchos meses estos solo provenían del menguado salario funcionarial de Júlia. Y además pude recuperar una buena parte de mis antiguos colegas de oficio, Guillermo Monfort Salvador y Juli Vila Liante, o incorporar a nuevos como Joan Blasco Costa, Alfredo Rodríguez Quiroga, biólogos, o M.ª Jesús Ripoll y Fernando Martínez Sanchis, economistas.

Se podía dar el salto sucesivo. Me reencontré con Salvador Castellano Vilar, hermano de mi amiga Ana, excelente profesional del Derecho y activista desde los años sesenta que se prestó a oficiar de madrina de nuestra boda. Decidimos constituir una sociedad mercantil. Atentos al signo de los tiempos, o a lo que parecía serlo, Salvador sugirió el nombre de European Investment Consulting, S. L., EIC para nosotros, y formalmente procedimos en febrero de 1991.

Producto de lo que parecía un deshielo obtuvimos algunos contratos, entre ellos una consultoría para el Ayuntamiento de Sagunto, regido por Manuel Girona. Y de algunas empresas que veían en nosotros más a unos intermediarios, por decirlo de modo suave, que a unos profesionales, y les defraudamos. Decidimos disolver la unión, adquiriendo yo y mi familia el ciento por ciento de la sociedad en 1993.

El desbloqueo prosiguió y Vicent Requena, alcalde de Ontinyent, recordó mi antigua dedicación, y además en su municipio, con el arquitecto Casas Arrufí, para encargarnos un amplio informe sobre el territorio, que llevé a término con los más jóvenes de mis colaboradores, en particular con Joan Blasco Costa.

De la Generalitat Valenciana solo obtuvimos un encargo: el análisis del Área Urbana de Castelló. Lo hizo la COPUT, en el momento que ya se ocupaba de esta Eugenio Burriel. Nos descartó del Área Metropolitana de València, que podíamos conocer mejor, y creo que el encargo, en este caso, recayó en el antiguo director de la Oficina del Plan de València. Eso sí, el trabajo de Castelló cosntituyó un esfuerzo notable y un reto considerable, con algunas conclusiones que de haber sido atendidas hubieran evitado algún suceso clamoroso, como el aeroportuario. Ignoro el destino del trabajo; tras los resultados electorales de 1995 puede que duerma en algún cajón olvidado y polvoriento.

Recibí un día una propuesta singular de Andrés Castrillo, que tenía por entonces una firma consolidada, Prodein. Lo conocía como de familia veraneante en Nàquera de muy antiguo. Y también por sus proyectos. Se había aprobado la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística por la Generalitat Valenciana. Me propuso que sin riesgo alguno nos constituyéramos en agentes urbanizadores, la mágica figura que habían urdido en la Consejería de Obras Públicas y Urbanismo, como bálsamo para impedir la especulación, movilizar el mercado del suelo y abaratar los costes de la vivienda.

La capacidad técnica para redactar los proyectos era incontestable, y el negocio sencillo: adjudicado el agente urbanizador solo se trataba de traspasar, o mejor vender, los derechos a los inversores y agentes promotores.

Dije que no porque nunca creí en los benéficos efectos de la LRAU, aunque ello me haya costado el reproche de anacrónico y otros peores. Los hechos y sus consecuencias se han visto a lo largo de los años y más en el periodo más reciente. Sin duda alguna, eso sí, perdí una ocasión para asegurar mis ingresos, aunque nunca ha sido mi modo de obtenerlos, pese a lo legal y legítimo del planteamiento que me hiciera el bueno de Castrillo, y la oportunidad que sin duda alguna perdía al rechazarlo.

La actividad me permitió contratar de nuevo a una secretaria. Seleccioné, mediante anuncio de prensa, a Núria Sapiña Cortés, muy joven. Ahora forma parte de mis amigos más próximos. Desde 1992 hasta el 2001 se ocupó de todos los asuntos de EIC y de alguno más, como ocurrió durante las ausencias que relataré de Mostar o el Medbridge. Ella y Evarist Caselles, incluso en sus disputas, forman parte de un entorno feliz y amistoso que el tiempo no extingue. De hecho, he podido afirmar que he sido becario en primer lugar de Júlia, que soportó la totalidad de los trayectos, y de EIC y su gente, que sostuvo la actividad y aseguró la continuidad.

En enero del 2000 pude al fin defender mi tesis doctoral Entre el pasado y el futuro. La ciudad en la era global , dirigida con paciencia y benevolencia por el profesor Pedro Ruiz Torres y ante un tribunal presidido por el profesor Jordi Nadal Oller, que no se abstuvo de sus hábitos irónicos, ya conocidos del lector, cuando me reprochó no haber citado expresamente a Lewis Mumford pese a hacer referencia a su obra fundamental Cities . En el tribunal académico hubo por supuesto amigos, como suele suceder cuando uno tiene ya una vida modestamente dilatada, pero todos competentes: Ismael Saz, que tanto me ayudó; Teresa Carnero; Josep Sorribes, y Pasqual Maragall. Ninguno se abstuvo de críticas acertadas, y un día se lo agradeceré, procurando un texto para la imprenta, aunque dadas las circunstancias académicas y de propiedades igualmente académicas dudo que lo consiga a corto plazo: no tengo acceso a la autopublicación de la que gozan otros cofrades políticos. Al cabo, aunque tarde, era el primero de los míos que alcanzaba el máximo grado académico.

Cuando en enero del 2000, aparte de defender mi tesis doctoral, anuncié el cierre de la actividad de EIC, todos aceptaron que era un nuevo destino para un equipo forjado en la solidaridad y el esfuerzo, aunque advirtieron con discreción que podía constituir una nueva equivocación por mi parte. Como tal vez así fue, a juzgar por los resultados que procuro reproducir en el capítulo 6, relativos a mi destino como diputado a Cortes Generales en la VII Legislatura (2000-2004).

Porque en 2004, con el portazo de Joan I. Pla, me encontré de nuevo en la calle. Solo la prudencia de mi buen amigo José L. Pérez de los Cobos, lamentablemente ya fallecido, me había salvado de una debacle cierta: sostuvo a su costa y esfuerzo la sociedad EIC, que devolvió de inmediato a los nuevos accionistas, mi breve familia. Ello me permitió recuperar alguna actividad retribuida. Pla se atrevió a ofrecerme un puesto que, en primer lugar, no estaba en sus manos, en segundo, ocupaba alguno de los dos exministros Albero y Asunción, y en tercero, iba a ser disuelto: se trataba de la Cartera de Participaciones de Bancaja/CAM. Es decir, me consideró imbécil.

La vuelta a EIC y la oferta generosa de Pasqual Maragall de presidir con dedicación parcial y siempre compatible el Instituto Europeo del Mediterráneo me permitieron recuperar ingresos y seguridad. Hasta la próxima.