AAVV - Las televisiones públicas autonómicas del siglo XXI

También en este caso, desde el cierre de la edición de La crisis de la televisión pública. El caso de RTVV y los retos de una nueva gobernanza (Marzal, Izquierdo y Casero, 2015), la actualidad informativa no ha perdido intensidad en los últimos meses en lo que respecta a la aparición de noticias, escándalos e informaciones sobre los procesos judiciales en curso, que resulta imposible resumir en unas pocas páginas.

Por un lado, los tribunales de justicia han desarrollado una intensa actividad en el último año, consecuencia de las denuncias realizadas, entre otras, por distintas fuerzas políticas y sindicatos. Así pues, tras el recurso de inconstitucionalidad presentado por el PSPV contra el Decreto Ley 4/20132, de 27 de noviembre, del cierre, la formación política Compromís denunció al antiguo equipo directivo de RTVV por una «supuesta responsabilidad en la gestión económica y patrimonial», esto es, por la comisión de «los delitos de apropiación indebida, administración desleal y malversación de caudales públicos», denuncia que fue admitida a trámite por el juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 6 de Paterna (Valencia), el pasado mayo de 2014, y que imputa a los principales exdirectivos de la cadena. Mientras tanto, el sindicato Comisiones Obreras denunció a los directores generales de RTVV desde 2000 hasta su cierre (con la excepción de la última directora general, que dimitió al conocer la noticia del cierre), pero también a todos los miembros del Consell de la Generalitat y al Consejo de Liquidación de la sociedad pública, ante la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana (por la existencia de aforados entre los denunciados). Las imputaciones han alcanzado, asimismo, a cargos directivos, como exdirectores de la televisión y de la radio públicas, y otros puestos de responsabilidad intermedios. Poco a poco, las investigaciones de los jueces instructores van deshaciendo una compleja madeja de relaciones muy estrechas entre el Consell de la Generalitat, presuntas tramas de corrupción como el conocido caso Gürtel y el despilfarro en la gestión de la radiotelevisión pública de los valencianos. Por ejemplo, en las últimas semanas están apareciendo incluso informaciones sobre presuntos gastos de representación del director general de RTVV, que solo entre 2010 y 2011 se elevaron a más de 100.000 euros. Este tipo de noticias ayudan a comprender el grado de «saqueo» de que ha sido objeto RTVV durante los últimos 13 años especialmente.

Y resulta inevitable no volver la vista hacia la clase política y, más concretamente, hacia el Gobierno valenciano del Partido Popular, cuando se constata que algunos de los directores generales y directores de la radio y de la televisión públicas han ocupado cargos políticos de alta responsabilidad en el propio Gobierno valenciano. De este modo, se puede afirmar que la existencia de una «puerta giratoria» entre el poder político y la dirección o gerencia de la radiotelevisión pública parece estar en el origen de esta suerte de «pesadilla» en la que se ha convertido el caso de RTVV. Precisamente, el desapego de la ciudadanía hacia la radiotelevisión pública de los valencianos tiene su origen en los escándalos que han acompañado a la cadena (son famosos los episodios de la retransmisión de la visita del Papa en 2006, relacionados con la trama Gürtel, o el accidente de metro –en el que murieron 43 personas, además de 47 heridos– que RTVV silenció, entre otros). Así pues, a la desafección de los valencianos/as por su radiotelevisión pública, se unía una generalizada falta de conciencia ciudadana y de una parte importante de la clase política sobre la relevancia de lo público (desprestigiado por la extensión propagandista del pensamiento neoliberal), una profunda crisis económica que ha provocado la reducción de los servicios públicos, así como la explosión de numerosos casos de corrupción política, que todavía contribuye a profundizar la fractura entre sociedad civil y medios de comunicación públicos, de tintes dramáticos en la Comunidad Valenciana.

Otro de los hechos informativos más sobresalientes de las últimas semanas (de enero de 2015), objeto de continuas portadas en la prensa regional y estatal, es el del proceso de liquidación de RTVV, en cumplimiento de la Ley 4/2013, de 27 de noviembre, de la Generalitat Valenciana. En la «Introducción» a La crisis de la televisión pública. El caso de RTVV y los retos de una nueva gobernanza (Marzal, Izquierdo y Casero, 2015), nos hacíamos eco de las dificultades con las que se están encontrando los liquidadores de las dos sociedades públicas (RTVV S.A. y la Corporación RTVV S.A.U.) para proceder a la extinción definitiva de la empresa, que está sujeta a la resolución de los procedimientos judiciales abiertos y de los contratos aún en vigor, y que puede durar muchos años. Al parecer, la comisión liquidadora de la empresa, algunos de cuyos miembros han dimitido por razones personales en los últimos meses (asunto que ha ralentizado su labor), se ha tropezado con un problema que parece irresoluble en estos momentos y es el de la absorción por la Generalitat de la deuda de 1.300 millones de euros (de la antigua RTVV), que las entidades financieras se niegan a aceptar, con lo que si dicha deuda no es extinguida, el cierre de RTVV S.A.U. es sencillamente imposible. Cabe destacar que hasta este momento, el Gobierno valenciano ha reconocido oficialmente haber gastado 200 millones de euros en el proceso de liquidación (otras fuentes elevan esta cifra a 250 millones). Vale la pena recordar que el presupuesto anual de RTVV S.A.U. era, en 2013, de solo 78 millones de euros, lo que no deja de ser paradójico. Con lo que se lleva gastado en poco más de un año de liquidación se podrían haber financiado tres años de radiotelevisión pública.

También en estas últimas semanas hemos podido conocer cómo ha avanzado la gestión parlamentaria de la iniciativa legislativa popular (ILP) que consiguió reunir en cuatro meses cerca de 90.000 firmas de ciudadanos para la restitución del servicio público de radiotelevisión, de calidad y en valenciano. El 19 diciembre de 2014 la ILP para una nueva RTVV recibió el apoyo para su tramitación parlamentaria con el apoyo de todos los partidos políticos representados en el Parlamento Valenciano, incluso con el voto favorable del Partido Popular, que un año antes había cerrado RTVV. En el momento de tramitar la aprobación de la ILP, el grupo parlamentario popular ha presentado un total de catorce enmiendas que suponen en la práctica una enmienda a la totalidad de la ILP, desvirtuando así completamente el texto original, en especial en tres aspectos esenciales: en primer lugar, ante la exigencia de restituir urgentemente el servicio público de RTV, el PP pone una serie de condiciones como «que no suponga un incremento de la deuda pública, ni un incumplimiento de los criterios de estabilidad y déficit público; que no implique una minoración de las partidas para sanidad, educación y bienestar social, ni subir los impuestos a los ciudadanos», y que antes de restituir el servicio se hayan liquidado completamente las antiguas sociedades de RTVV; en segundo lugar, algunas enmiendas abren la puerta a cualquier modalidad de gestión privada y exigen la resolución de los procedimientos judiciales abiertos (lo que supone alargar todo lo posible una futura reapertura); en tercer lugar, que las emisiones de la futura cadena sean «preferentemente en idioma valenciano» y no íntegramente en valenciano, como recogía el texto original de la ILP. Estas enmiendas no son una simple matización del texto de la ILP sino una profunda distorsión que modifica profundamente su sentido original. Ante la presión ciudadana por restituir la radiotelevisión pública, y ante la tesitura de rechazar esta iniciativa ciudadana en pleno periodo preelectoral, el Gobierno valenciano ha optado por pervertir el sentido del texto hasta convertirlo en otra cosa, eso sí, sin dejar de declarar ante los medios de comunicación que sus enmiendas no solo no traicionan el sentido de la ILP, sino que lo respetan profundamente. Una práctica comunicativa de carácter propagandista que, por desgracia, solo persigue confundir a la ciudadanía. La aprobación de la ILP ha quedado aplazada hasta la celebración del último pleno de les Corts Valencianes, previsto para finales de marzo, antes de su disolución por las elecciones de mayo de 2015.