3.Distribución de contenidos audiovisuales y modalidades de producción en el panorama televisivo español.
4.El caso de RTVV.
5.Conclusiones y propuestas.
PERIODISMO TELEVISIVO DE PROXIMIDAD EN ELCHE: LA COHABITACIÓN ENTRE RTVV Y TELEELX, José Luis González Esteban, Isabel González Mesa y José Alberto García Avilés
1.Introducción.
2.La información audiovisual en Elche.
3.TeleElx como ejemplo de periodismo televisivo de proximidad.
4.Aportaciones e influencia de Canal 9 en la sociedad ilicitana durante sus 25 años de emisiones.
5.La recepción de Canal 9 y de TeleElx en Elche.
6.Hacia un modelo de cohabitación TeleElx y Canal 9 en Elche y comarca.
7.Conclusiones y propuestas de futuro.
EL CASO DE LA DELEGACIÓN TERRITORIAL DE RTVV EN CASTELLÓ, Longi Gil Puértolas
1.Introducción.
2.La industria audiovisual de Castelló.
3.Recursos humanos y tecnológicos.
4.El archivo audiovisual periférico.
5.Censura e información tendenciosa.
6.La época socialista y el descontrol final.
7.Conclusiones.
EL CIERRE DE RTVV EN LAS REDES SOCIALES: EL DEBATE EN TWITTER A TRAVÉS DE SUS PROTAGONISTAS, Sonia González Molina y Fátima Ramos Cano
1.Introducción.
2.Marco teórico.
3.Objetivos e hipótesis.
4.Metodología.
5.Resultados.
6.Conclusiones.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y DOCUMENTALES
CURRÍCULUM VÍTAE DE LOS AUTORES Y AUTORAS
Introducción
JAVIER MARZAL FELICI
UNIVERSITAT JAUME I
1.El progresivo deterioro de las radiotelevisiones públicas en España
Desde que cerramos la edición del libro La crisis de la televisión pública. El caso de RTVV y los retos de una nueva gobernanza , también publicado por la colección Aldea Global, hasta la redacción de la presente introducción, apenas han transcurrido pocos meses (entre noviembre de 2014 y febrero de 2015), en los que han tenido lugar algunos hechos informativos destacables.
Por un lado, el deterioro de la función de servicio público de Radiotelevisión Española (RTVE) ha conocido en estos últimos tiempos un avance muy significativo. En efecto, desde 2011 a 2014, RTVE ha pasado de ser la cadena líder de España, especialmente en programas informativos, a una modesta tercera posición, tras Tele 5 y Antena 3. En apenas tres años la cadena pública estatal ha perdido buena parte de la credibilidad informativa cosechada, con mucho esfuerzo, entre 2006 y 2011. En el caso de Radio Nacional de España el descalabro ha sido bastante considerable, con la pérdida de más de 800.000 oyentes en este periodo. La pérdida de confianza de una buena parte de la audiencia hacia RTVE ha coincidido con un agravamiento de la situación financiera de la corporación que acumula en 2014 más de 750 millones de euros. Entre las principales causas del déficit se pueden destacar la ausencia de una financiación adecuada por parte del estado y la depreciación patrimonial de la corporación, sufrida en estos años de profunda crisis, pero también cabe explicar esta importante crisis de RTVE por la progresiva gubernamentalización y desprofesionalización de la gestión de la corporación.
Cabe recordar que en virtud de los cambios introducidos por el Gobierno de España del Partido Popular, mediante el Real Decreto-ley 15/2012, de 20 de abril, en 2012, que modificaba el régimen de administración de la Corporación RTVE (Ley 17/2006, de 5 de junio), volvía a ser posible que el nombramiento del presidente de la Corporación fuera designado por mayoría absoluta en el Parlamento, sin necesidad de alcanzar la mayoría cualificada que la Ley 17/2006 exigía. De este modo, en estos últimos años se ha podido constatar el regreso a viejas prácticas en la forma de dirigir y gestionar la cadena pública estatal, basadas mucho más en la instrumentalización política de los informativos, en tanto que herramienta esencial del poder político para moldear la opinión pública, a lo que hay que sumar un modelo de gestión de la programación de la cadena y de la dirección de programas que no se basa en criterios estrictamente profesionales. Desde 2012, con la llegada del Partido Popular al poder, la gestión del nuevo presidente de RTVE, Leopoldo González Echenique, que dimitió por sus discrepancias con el Gobierno estatal sobre la infrafinanciación de la radiotelevisión pública, ha sido clave para el deterioro de la corporación. Entre sus decisiones más polémicas destacó el nombramiento de Julio Somoano como director de los Servicios Informativos, cuya gestión en estos últimos años provocó el rechazo de una amplia mayoría de trabajadores de la corporación, así como denuncias reiteradas del Consejo de Informativos de TVE.
Hace pocas semanas, en el mes de octubre de 2014, tomó posesión como nuevo presidente de la Corporación de RTVE José Antonio Sánchez Domínguez, procedente de la cadena Telemadrid, fuertemente controlada desde muchos años atrás por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, también del Partido Popular. La noticia del nombramiento encendió, desde el principio, todas las alarmas entre los trabajadores de RTVE, y también en asociaciones profesionales de periodistas, partidos políticos de la oposición, sindicatos, entidades cívicas, etc. En efecto, en apenas un par de meses, el Consejo de Informativos de TVE ha denunciado la existencia de «purgas» o «caza de brujas» de los trabajadores no afines ideológicamente a la dirección de los Servicios Informativos, así como la contratación de periodistas externos sin proceso selectivo público (con la excusa de reforzar la cobertura de los procesos electorales previstos en 2015), o la no menos escandalosa renuncia a ocupar un puesto de representación en la Unión Europea de Radiodifusión –nada menos que la presidencia de la Asamblea de Informativos de la UER/EBU–. Esta decisión, comunicada por la dirección de los Servicios Informativos el pasado 30 de enero de 2015, no argumentada, solo puede entenderse como una estrategia para reducir la influencia del Consejo de Informativos de TVE en este importante organismo internacional, en el que participan, entre otros, todas las radiotelevisiones públicas del viejo continente. En pocas semanas, la nueva dirección de RTVE ha cesado a directivos, jefes de sección, adjuntos y responsables de áreas, sin alegar razones profesionales, lo que ha provocado una respuesta masiva de numerosos trabajadores de la casa y del Consejo de Informativos, expresión del hartazgo de una plantilla de periodistas y profesionales que asisten al deterioro continuado de la radiotelevisión pública estatal.
No deja de resultar sorprendente, cuando menos, que haya terminado pareciendo «normal» que los máximos responsables de las radiotelevisiones públicas –presidentes, miembros de sus consejos de administración, directores de departamentos y de servicios, etc.– recaigan sobre personas que trabajan en medios de comunicación del sector privado o cuya profesión está directamente relacionada con la actividad política, siempre ligada al partido que tiene responsabilidades de gobierno en cada momento. Esta «puerta giratoria» entre cargos políticos y puestos de responsabilidad en RTVE y en otras radiotelevisiones públicas autonómicas responde a una concepción democrática cuyos principales valores han sido pervertidos, donde se ha primado la «representatividad» de las formaciones políticas en detrimento de otros valores, como hemos analizado extensamente (Fitó y Marzal, 2015; Soler y Marzal, 2015).
El segundo hecho que cabe destacar es el caso de la privatización de la radiotelevisión pública de la Comunidad de Murcia, donde gobierna desde hace muchos años el Partido Popular. Al amparo de la nueva Ley General de la Comunicación Audiovisual, Ley 6/2012, de 1 de agosto, reformada por el Gobierno español del Partido Popular, en este caso la llamada «externalización», eufemismo de «privatización», afectará a la oferta completa de la cadena. En efecto, como se hizo público el pasado 28 de enero de 2015, Murcia será la primera comunidad autónoma cuya cadena de radiotelevisión pública será gestionada de forma íntegramente privada, incluidos los servicios informativos. El concurso público ha sido ganado por el grupo Secuoya, por un importe total de 72.362.999 euros, impuestos incluidos, para una gestión de tres años, prorrogable otros tantos. Aunque está pendiente de la ratificación definitiva del ejecutivo murciano, cabe destacar que la adjudicación ha sido ganada por una empresa fuerte, radicada fuera de la Comunidad de Murcia, que tiene su negocio repartido en diferentes territorios de España y está especializada en la producción de contenidos para otras televisiones públicas como IB3, la Radiotelevisión Canaria o Telemadrid, y para cadenas privadas como Antena 3 y TVE, así como en otros países latinoamericanos como Perú, Chile y Estados Unidos. La radiotelevisión pública murciana 7RM será, pues, gestionada íntegramente por el grupo Secuoya, que ya ha anunciado que subcontratará los servicios de otras productoras y televisiones locales de la propia región de Murcia –un total de 34 empresas del sector, según han anunciado–, hasta un 60% de contenidos que deberán tener un marcado carácter local. El grupo Secuoya cuenta entre sus consejeros con Miguel Ángel Rodríguez, actual tertuliano en varios programas de televisión de infoentretenimiento, y fue el primer director de comunicación del Gobierno de José María Aznar, en su primera legislatura. Otro gran grupo de comunicación especializado en la producción de contenidos para cadenas de televisión y productoras, Vértice 360, ha tenido, hasta 2012, como presidente de su consejo de administración a Josep Piqué, exministro de industria también en los gobiernos de Aznar (entre 1996 y 2003). Se constata así la relación entre medios de comunicación públicos, privados y política, entre los que se han venido tejiendo durante décadas intrigas de poder con la única excepción del caso de RTVE en el periodo 2006-2011, como ya se ha referido.
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