Adela Cortina - Ética aplicada desde la medicina hasta el humor

El primero de ellos lo circunscribió el Informe desde la siguiente perspectiva: “El respeto por las personas incorpora al menos dos convicciones éticas: primera, que los individuos deberían ser tratados como entes autónomos y, segunda, que las personas cuya autonomía está disminuida deben ser objeto de protección” (a. 4); explicitando después de forma más clara el contenido del mismo: “Respetar la autonomía es dar valor a las opiniones y elecciones de las personas así consideradas, y abstenerse de obstruir sus acciones, a menos que estas produzcan un claro perjuicio a otros” (a. 4).

La interpretación de la autonomía no es entendida por el Informe Belmont como una cualidad estructural del ser humano, sino como la posibilidad de efectuar actos de elección autónoma orientados a conseguir una mayor operatividad resolutiva, mediante conocimiento de causa y sin que influya algún tipo de coacción externa. Es decir, se trata de una comprensión funcional del término en la línea anglosajona.

El respeto por las personas, en su autonomía, es acompañado en el Informe por el principio de beneficencia. Señala el documento, en relación con dicha orientación normativa, que: “En este sentido, han sido formuladas dos reglas como expresiones complementarias de los actos de beneficencia: 1) no hacer daño y 2) extremar los posibles beneficios y minimizar los posibles riesgos” (The Belmont Report, 1990). La beneficencia es entendida, entonces, como el principio desde el que se revisarán los riesgos y los beneficios relacionados con la investigación y la experimentación biomédica para lograr que la acción genere un propósito efectivo. Distingamos en este lugar que la primera expresión complementaria de la beneficencia es la que el Informe no reconoce inicialmente como un principio por separado, lo que sí había sido precisado por Beauchamp y Childress, ya que es claramente diferenciable el acto de no hacer daño de el de hacer el bien, como destacaré un poco más adelante.

Y, finalmente, el principio de justicia, que es descrito por la Comisión como “la imparcialidad en la distribución […] [por lo que] los iguales deben ser tratados igualitariamente” (The Belmont Report, 1990). El Informe apuntaba con ello a la justicia distributiva, expresada en el adecuado manejo por ejercer una selección equitativa de los sujetos que se sometan a algún tipo de investigación clínica o de experimentación, al igual que la distribución justa de los frutos de los trabajos que fueran surgiendo en esta línea.

No por casualidad, un año después de la presentación y socialización del Informe Belmont, Beauchamp y Childress publican Principles of Biomedical Ethics (1979), obra que acentúa la importancia de la aplicación de principios como criterios orientativos para las actividades de investigación, experimentación y aplicación de resultados obtenidos en procesos de análisis ético-médico. Profundizando en el estudio de la National Commission, los autores incorporan un cuarto principio que, junto a los tres anteriores, vendría a configurar el llamado “Mantra de Georgetown”: la no-maleficencia (Beauchamp y Childress, 1979). La no-maleficencia se diferencia del principio de beneficencia, puesto que distingue entre la obligación de no hacer el mal a otros y la de hacerles el bien, siendo la primera una posibilidad que se concede con más fuerza impositiva que la segunda, lo que no había sido abordado por el Informe Belmont. En el campo de la “ética biomédica”, esta distinción resulta especialmente valiosa en el área de la experimentación y la aplicación de criterios de investigación, los que no solo deben responder a la beneficencia, sino también a hacer explícita la no-maleficencia que se ha de declarar antes de que se pida la aceptación de los procedimientos a quienes están dispuestos a acceder a los mismos, mediante la adhesión específica a la intervención que se expresa con el consentimiento informado que debe entregar el usuario.

Los cuatro principios icónicos de la “ética biomédica” —dado que se requerían para la investigación, experimentación y aplicación de procedimientos— estaban claramente orientados a la resolución de conflictos que podían proyectarse al ámbito de la “ética clínica”, por lo que resultaba fundamental establecer los criterios de prelación vinculados con su uso y la posibilidad de aplicar excepciones. La sociedad entre los autores de Principles of Biomedical Ethics, Beauchamp —filósofo utilitarista— y Childress —teólogo deontologista—, hacía difícil pensar en una conciliación de argumentos a la hora de enfrentar conflictos. En el primer caso, porque los utilitaristas estiman que las reglas obligan en la medida en que son útiles, haciendo que las excepciones puedan ser justificables. En el segundo, porque se considera que los principios operan de modo absoluto, sin dar lugar a excepciones. Este aparente conflicto, no obstante, fue superado con la distinción que Davis Ross propusiera en 1930 entre prima facie duties (deberes prima facie) y actual duties (deberes reales y efectivos), en The Right and the Good (Ross, 1994), siendo asumido este criterio por la reflexión ético médica. Este es un libro capital en el que Ross plantea que los deberes han de considerarse en abstracto obligatorios prima facie, carentes de excepciones, por lo que deben ser respetados cuando no entran en conflicto entre sí, mientras que, en caso de disponerse en contraposición, es necesario priorizar uno sobre los otros a partir de la fuerza vinculante de los deberes en concreto (Beauchamp y McCullough, 1987: 12 ss.). Así, mientras los deberes se comprenden prima facie desde el punto de vista deontológico, en una perspectiva teleológica se entienden como reales y efectivos, que es lo que ocurre cuando se hace necesaria su aplicación práctica para ser aterrizados en la experiencia.

Beauchamp y Childress aplicaron la denominación “deberes prima facie” como obligaciones que se encuentran a un mismo nivel (Frankena, 1963), siguiendo un planteamiento diverso al que asumirían las escuelas europeas respecto del tratamiento de los principios de la “ética biomédica”. Concretamente, como apreciaremos en el estudio de cómo se profundizó en el contexto hispánico en relación con el empleo de los principios de la “ética biomédica”, los cuatro principios serán tratados, en este caso, mediante un sistema justificado de jerarquización. Con ello se resaltarán criterios de distinción que no están al servicio de una mera orientación pragmática, sino apoyados en fundamentos de tipo metafísico, en una línea más cercana a los procesos de reflexión ética europeo continentales.

A diferencia del modelo angloamericano, basado en el pragmatismo, el casuismo y el procedimentalismo (Dewey, 2008), la fundamentación explicativa para la bioética de corte europeo continental ha ido tras una base trascendental que se abre en dos vías distintas: en el caso de Alemania, buscando esta trascendentalidad a través de la intersubjetividad y la intercomunicación (Habermas, 1985); y en el del ámbito mediterráneo, afirmando que hay una realidad objetiva que constituye el fundamento de la moralidad humana y que es posible percibir intencionalmente mediante procesos de valoración. Con ello, el razonamiento continental se opone a las visiones teórico-analíticas anglosajonas que señalan a la razón como un mero instrumento subjetivo del discurso ético, con lo que estas últimas pretenden impedir el logro de una fundamentación sobre valores objetivos que se establecen de modo racional. La postura analítica no-cognoscitiva plantea así una aproximación escéptica de la ética, siendo el propio sujeto quien debe establecer de forma arbitraria los valores, principios y normas, al no ser verificables de modo empírico o de forma objetiva.