Jorge Eliécer Guerra Vélez - La izquierda legal y reformista en Colombia después de la Constitución de 1991

Tabla 3.2 Votación por candidatos de izquierda al Senado el 13 de marzo de 1994

Fuente: elaboración propia con base en los datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

En 1994 el residuo para el Senado fue de 21 861 votos. La ad m-19 conservó el tercer lugar, a leguas de lo conseguido por liberales y conservadores. De no ser por su fragmentación y errada estrategia electoral, con la sumatoria en votos hubiese conseguido unos cinco escaños.2 Fue en Bogotá, con 21 809 votos, así como Atlántico y Antioquia, con 18 405 y 15 568 votos respectivamente, donde mejor le fue. Hubo otras fuerzas que por su trabajo disciplinado tuvieron una votación menor pero más efectiva, pues pesó su historial o la ascendencia sobre un determinado gremio, por ejemplo, el de los educadores. En sus listas hubo figuras que tenían o ganaban notoriedad; fue el caso de Manuel Cepeda, quien pasó de la Cámara de Representantes (por Bogotá) al Senado como uno de los pocos dirigentes de peso en el pcc y la up aún con vida, inmolada pocos meses después de las elecciones.3 El dirigente tuvo un aumento de cerca de 40 000 votos;4 y fue en Bogotá (6456 votos), en Antioquia (9178 votos) y en Arauca (6037 votos) donde más apoyo tuvo. No lejos de su votación estuvo Samuel Moreno, reelegido esta vez a nombre de la Alianza Nacional Popular (Anapo). Tradicionalmente el grueso del electorado de este movimiento se hallaba en la capital y en el departamento de Santander, pero esta vez fue en el Quindío donde sacó su segundo mejor resultado.5 Dado que en 1991 Moreno integró la lista de la ad m-19, es difícil ver su progresión electoral, pero esa experiencia y la votación de 1994 lo acreditaron y además remozaron la organización iniciada por el general Rojas Pinilla, su abuelo, y continuada por la capitana María Eugenia Rojas, su madre. Los otros dos senadores fueron Jaime Dussán, regente del movimiento Educación, Trabajo y Cambio Social, surgido en el seno de la gran confederación de educadores Fecode, recogiendo su principal votación entre el profesorado de secundaria de todo el país; y Jorge Núñez, expresidente de la Unión Sindical Obrera (uso), coadyuvado por un movimiento regional con base en Barrancabermeja,6 y que le permitió al Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario (moir) retornar al Congreso cuando casi había desaparecido de la carta electoral regional y local.7

Las elecciones de 1994, más que las de 1991, pusieron a prueba los avances políticos debidos a la Constitución. Uno de estos era la presencia de organizaciones identificadas al territorio, una ideología religiosa o en representación de un grupo poblacional determinado, y de líderes carismáticos ajenos a organizaciones partidistas pero que consideraron tener la capacidad, la atribución y las garantías para forcejear por una diputación al Congreso. En este caso en específico, fuese una respuesta al coro de mayor implicación ciudadana dada la crisis de representación y el cambio del sistema político, fuese la búsqueda de ascender los peldaños de la política a nombre de corrientes plenamente constituidas, fuese un simple anhelo caudillista o una ambición limitada al orden local, se crearon las condiciones para la aparición del dirigente outsider. Por igual, el certamen parlamentario de ese año dejó claro que participación no es sinónimo de organización, inexcusablemente de aquella se requería para inmovilizar al bipartidismo adyacente al régimen.

Elegido el Parlamento, quedó comprobado que 20 % no llegó escudado en el bipartidismo. La ad m-19 en particular obtuvo el mayor margen, solo que intrascendente. Bastaba de un periodo sin la pasable presencia de la izquierda legal y reformista para que esta perdiese el brío y el reconocimiento ganado durante el cuatrienio que venía de acabar. El 80 % quedaba en manos de los partidos Liberal, pese a su fragmentación y como el que más se recuperaba, y el Conservador, que resistía. De 13 formaciones políticas en 1991, se pasó a 36. La profusión de listas fue lo que captó la atención de los analistas, no solo las 12 a nombre de las comunidades afrocolombianas, que ahora contaban con una circunscripción especial, ni las 4 de las organizaciones indígenas.8 De 141 listas contabilizadas por Juan Carlos Rodríguez Raga y Francisco Gutiérrez Sanín, se pasó a 254 para el Senado (Eduardo Pizarro establece 251) y 674 para la Cámara (628 según Pizarro).9 Si con la Constitución se esperaba cambiar el sistema “bipartidista moderado”, según la tipificación de Fernando Giraldo,10 o “imperfecto”, como lo propone Jean Blondel,11 por uno multipartidista, quedó en evidencia el fraccionamiento descomunal de los dos partidos históricos, y la exigua posibilidad de un bloque alternativo liderado por la ad m-19 o cualquier otra fuerza.

Pasadas las elecciones parlamentarias de 1991, Eduardo Pizarro Leongómez diría en un tono optimista que observaba un gradual enriquecimiento del sistema político ante la aparición de nuevas fuerzas partidistas, y pese a que el bipartidismo seguía en pie.12 Luego, refiriéndose a 1994, sugería que la Constitución había sentado las bases de una ampliación en la representatividad sin que necesariamente implicara que los partidos plenamente constituidos fueran más capaces de asumirla, por lo cual el resultado fue la aparición de numerosas fuerzas que pretendieron cumplir un papel de mediadoras sin verdaderamente lograrlo.13 Pero tras la reforma política, en 1997, declararía que esta “tendió a favorecer el fraccionamiento y la atomización de los partidos, así como la fragmentación de los movimientos emergentes”.14 Otra opinión frente a esa parcelación tendría Francisco Gutiérrez Sanín: “ya en 1982 existían poderosas fuerzas centrífugas que presionaban la explosión de listas”,15 lo que momentáneamente fue controlado en las elecciones de 1986.