Jorge Eliécer Guerra Vélez - La izquierda legal y reformista en Colombia después de la Constitución de 1991

Un factor que turbó las proyecciones de la izquierda legal y reformista fue la persistencia de las guerrillas, que no vieron en la Constitución una prenda de garantía para adelantar la defensa democrática de esa población que dicen amparar. Estas y los emisarios de diferentes Gobiernos dialogaron numerosas veces, pero fueron frecuentes los traspiés, incluso el mismo día en que se sancionó la Carta Magna, el 9 de diciembre de 1990, con el bombardeo a Casa Verde, sede del Estado Mayor de las farc. Si en la introducción de su plan de gobierno La Revolución Pacífica, que incorporaba la teoría desarrollista que se abría camino, Gaviria destacaba: “el reto de los años 90 consiste en sentar por fin las bases para el establecimiento de un sistema democrático, que permita la resolución amplia y pacífica de los conflictos y las controversias y que sea el campo fértil para el crecimiento económico, la equidad social y la realización de la dignidad humana”,23 con el codo había borrado lo que hiciera con la mano, pues ese ataque inauguraba su propuesta de “guerra integral”, a la que respondieron con furor los grupos armados. Aunque hubo luego nuevos acercamientos,24 las circunstancias e intransigencias de cada lado fueron más eficaces que los anhelos de paz. Así evaluó ese periodo presidencial un exalcalde de Bogotá, Augusto Ramírez Ocampo:25

[…] en el momento en que comenzó su mandato, dentro de la geografía de la guerra había 178 municipios que de manera directa estaban contaminados de la guerra. Y después de la “guerra integral”, entrega el presidente Gaviria su mandato, lo hace dejando 560 municipio con influencia directa o indirecta de la contaminación de la guerra.26

Si bien Gaviria acarrea al país a la era de la globalización y, apoyado en la Constitución, afianza levemente la democracia, es también quien más ahonda la fractura entre el Estado y unos grupos que, aunque no podían derrotarlo, tenían capacidad de ponerle trabas. Su sucesor, el también liberal Ernesto Samper, fue más solícito al clamor de paz que hicieran numerosas organizaciones sociales, afines a la izquierda. Estas, fuesen corporaciones o fundaciones, y en su mayoría surgidas paralelamente con el cambio constitucional o las desmovilizaciones, se ocuparon de regular el retorno de los combatientes a la vida civil y verificar el cumplimiento de los acuerdos. Pero su primordial trabajo fue promover la Constitución, la organización ciudadana bajo la idea de la democracia participativa y la construcción de un movimiento social por la paz. Es en esa labor que al mismo tiempo van a nutrir el debate político y de orden teórico de la izquierda, hasta entonces monopolizado por la extrema izquierda y sus fuerzas tradicionales. Los casos de la Fundación Progresar, la Corporación Nuevo Arco Iris, la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades), respectivamente, producto de los acuerdos con el epl, la crs y las milicias urbanas de Medellín, o de la Corporación Viva la Ciudadanía, cercana al proceso de reinserción del m-19, son ejemplos típicos. Catalogadas en el vasto universo de las organizaciones no gubernamentales (ong), ellas, junto con procesos más antiguos o que apenas asomaban, serán cardinales en el restablecimiento de los lazos entre diversas posturas de izquierda.

De manera sintética hay que decir que en el marco de la redacción de la Constitución se presentó una relación entreverada acerca del trabajo de diferentes organizaciones sociales y populares, algunas claramente de izquierda, y otras vistas como progresistas o radicalmente demócratas. Al respecto puede hablarse de cuatro modalidades, no sin antes precisar, primero, que una buena parte tuvieron en sus orígenes reivindicaciones diferentes a las que van a permitirles ganar acreditación, así, las causas de su respectiva transformación fueron los cambios en las demandas y problemáticas sociales, las contradicciones ideológicas, los tire o afloje de la política; segundo, que sus líderes, tratando de responder a coyunturas internas o externas, debieron fusionar tradición y pragmatismo.

Una primera modalidad de organización aparece con el crecimiento de las ciudades hacia mediados del siglo xx. Su característica esencial será la demanda por el mejoramiento de la calidad de vida, a través de mayor presencia del Estado en los barrios populares, y dada la carencia de establecimientos educativos y de salud, de la pésima cobertura de las redes de servicios públicos, de espacios para el ocio y el deporte. Esto hará que se estrechen los lazos de solidaridad y germinen sus propios líderes. Entre las organizaciones que en el caso colombiano responden a estos criterios están, por una parte, las Juntas de Acción Comunal. Promovidas por el Estado en 1958 con la pretensión de permitir la participación (inicialmente en las zonas marginales hasta expandirse a los barrios adinerados), sirvieron a la cooptación de las bases, beneficiando principalmente al bipartidismo y la contención de ideologías de izquierda. Lo que resultó infructuoso. Además, recibieron el aval de un Camilo Torres, un Orlado Fals Borda y un Luis Sandoval. Su fuerza actual dista de la que tuvieron décadas atrás,27 y si hace tiempo dejaron de ser el tipo de organización asociativa y no partidista con mayor fuerza en el país, fue hasta hace poco, “al menos formalmente, valga destacarlo, la organización de mayor presencia, la más extendida y a su vez, por las mismas razones, la más polémica, la más llena de contradicciones”, según Beatriz López de Mesa.28 Por otra parte, en esta primera modalidad, encontramos las organizaciones que surgen al margen de la institucionalidad en las postrimerías de los años setenta, en un contexto fértil a la promulgación de ideas y la preparación de cuadros de izquierda. De las cuales algunas cederán a los esfuerzos del Estado por atraerlas con programas sociales, o terminarán absorbidas por la mismas Juntas de Acción Comunal.

Una segunda modalidad es producto de la conjunción, en la década del ochenta, de algunas de las organizaciones destacadas anteriormente con otras que aparecerán motivadas por nuevas incidencias. Con un proceso de formación más complejo, con una autonomía y cobertura mayores, sus objetivos superarán las meras demandas de infraestructura. Si al inicio sus objetivos no apuntaron al trabajo por la paz, su quehacer sí fue una respuesta a la violencia contra dirigentes sindicales, líderes barriales y militantes de izquierda, proveniente del consorcio elites locales, narcotráfico y paramilitares. Unas serán presididas por intelectuales, personalidades tildadas de demócratas y defensores de derechos humanos, otras aparecerán en los barrios populares o en procesos interbarriales29 y comúnmente denominadas “organizaciones comunitarias”; con una labor que en principio estuvo dirigida al segmento juvenil, con la puesta en marcha de programas para hacer frente a la drogadicción, prevenir la delincuencia, crear espacios de autoestima, lúdicos y deportivos. El ejemplo más concreto va a darse quizás en Medellín.30 A esta sazón, con un mejor conocimiento de causa, Martha Lucía Peña y Gerardo Holguín van a sostener:

Si bien la historia de la organización comunitaria está unida a la conformación misma de los barrios populares de Medellín […], nos atrevemos a afirmar que solo podemos hablar de procesos de desarrollo organizacional en lo comunitario a partir de finales de la década del ochenta cuando, y en contraposición a la muerte, a la marginalidad, a los modelos de vida impuestos por el narcotráfico, se impone la tendencia de darle permanencia en el tiempo a expresiones organizativas de la comunidad, como propuesta para la construcción del tejido social y como posibilidad de hacerse escuchar en una ciudad acostumbrada a hacerse la loca ante las problemáticas de los sectores más pobres de la población.31