Jorge Eliécer Guerra Vélez - La izquierda legal y reformista en Colombia después de la Constitución de 1991

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La izquierda legal y reformista ha sido decisiva en la lucha por la ampliación de la democracia colombiana en las últimas décadas. Que varias guerrillas se hayan convertido en el germen de coaliciones, partidos o movimientos políticos luego de arduos procesos de paz con diferentes gobiernos; que Bogotá, ciudad capital, haya tenido gobernantes con extracción reconocida de movimientos de izquierda, y que de ahí provenga también un candidato presidencial que estuvo muy cerca del primer mando ejecutivo del país en el 2018, es apenas una muestra del papel que esta vertiente ideológica ha tenido en las transformaciones políticas de las últimas décadas en Colombia. Las varias negociaciones de paz que preludiaron la Asamblea Constituyente de 1991, las aspiraciones a gobiernos locales y a curules legislativas de los sectores de izquierda en medio de procesos organizativos en ciernes, la convergencia de múltiples facciones en el Polo Democrático Alternativo, los líderes visibles, las rupturas y las reorganizaciones en medio de contiendas electorales y de aciertos y errores en los gobiernos alcanzados, entre otros, son los temas que aborda este libro, de forma detallada y amplia, por lo que es seguro que quienes lo lean encuentren información y análisis profundo de procesos claves para comprender la historia política reciente de nuestro país y el lugar que tiene en ella la izquierda legal y reformista.

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Buscando paliar esta situación, fundaciones, la Iglesia católica y la Alcaldía de Medellín promovieron la creación de grupos juveniles, culturales, deportivos.32

La tercera modalidad de organizaciones surge alrededor de la Constituyente. Estas van a sumarse a las ya existentes, adhiriendo a la convocatoria realizada por los dos movimientos universitarios y al llamado de una apertura democrática y participativa, aunque manteniendo su autonomía para buscar protagonismo. Otras resultarían de la desmovilización de las guerrillas y de procesos anexos a la izquierda, pero con la novedad del interés por los temas étnicos, los de la mujer, el feminismo y la perspectiva de género, los de la juventud, los de la ecología y los de orden territorial, intereses a partir de los que algunas construirán la simiente de los movimientos políticos regionales.

La cuarta y última categoría aparece entre la declaratoria de “guerra integral” de Gaviria y las negociaciones entre el Gobierno Pastrana y las farc de 1998; su distintivo, el tesón en la búsqueda de la paz. No es que entre las organizaciones que se cuentan en las tres primeras modalidades no lo hayan hecho; su labor reforzó precisamente las que pertenecen a esta cuarta categoría. La hora era de una confluencia de múltiples violencias: la “guerra del o contra el narcotráfico”, el aumento de estructuras urbanas armadas (milicias y bandas), el avance del paramilitarismo, el desplazamiento forzado, el cambio en la estrategia de las farc, que pasaba de una guerra de guerrillas a una de posiciones. La Constitución no resolvió los problemas estructurales, y algunos del tipo coyuntural se volverían endémicos. Es en medio de la crisis social y la incredulidad en la cosa política que emergen unas organizaciones que exigirán del Estado y la sociedad comprometerse de lleno con la paz. Su vastedad va a entrañar cercanías ideológicas, geográficas, estratégicas, económicas; luego, en unas u otras será notoria la influencia de la Iglesia católica, el Gobierno, la izquierda, el empresariado, las mancomunidades étnicas, etc. Como la Red de Iniciativas por la Paz y Contra la Guerra (Redepaz) (creada en 1994), la Comisión de Conciliación Nacional (en 1995), la Ruta Pacífica de las Mujeres (en 1996), la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz (en 1998),33 o como un compromiso del sector empresarial,34 al conjunto de estos procesos va indistintamente a conocérsele como el movimiento social por la paz, o de manera genérica, la sociedad civil.

Llamando a la sociedad civil, convergencia social y política

La paz fue la prioridad del plan de gobierno El Salto Social de Ernesto Samper, quien determinó que los objetivos sociales y económicos debían regirse por el anhelo de reconciliación del país, evocó la llamada sociedad civil invitándola a contribuir “al desarrollo de una cultura de paz, basada en la tolerancia y el respeto por la diferencia, así como una justicia moderna y eficiente que disminuya los altos índices de impunidad”.35 Aunque la propuesta de paz de Samper no entrañaba nada de excepcional frente a la que en su momento hiciera Betancur, ni la adecuación economía-inversión social difería en el fondo de la que aplicara Gaviria, sí contenía dos elementos; por un lado, el uso precisamente de la noción de sociedad civil, y que venía siendo utilizada desde el proceso Constituyente por parte de algunos intelectuales y grupos con filiaciones de izquierda; por el otro, a la par de su objetivo de la paz y otros que estimaba prioritarios para el país, despojó, en parte, a los partidos y movimientos políticos de una de sus principales privativas, la mediación y la contribución a la consecución de fines generales. Así, ya que a raíz de la Constitución se exteriorizaron mucho más las facciones, fracciones, corrientes o agrupaciones políticas a todo nivel, consideró atender los puntos de vista de otras formas de organización políticas y cívicas fueran o no de izquierda, como fundaciones, corporaciones, o del amplio universo de las ong.

El uso cada vez más recurrente del concepto “sociedad civil”, y en diversos países, que aparece promediando los años ochenta no se ajustaba inexorablemente a lo que acuñaron Locke, Rousseau, Hegel, ni tampoco a la interpretación menos depurada de Marx;36 de pronto, la mayor cercanía se daba con las reflexiones de un Gramsci. Tal evocación será ante todo análoga al desarrollo teórico en torno a los que venían denominándose los nuevos movimientos sociales (feminista, ecologista, juvenil, pacifista), para distinguirlos del movimiento campesino, obrero o estudiantil. Además, estaba la relación con hechos específicos como la caída del muro de Berlín o el fin de las dictaduras del América Latina. De esta simultaneidad daban cuenta dos de los autores que serían la referencia respecto a la noción de sociedad civil, Jean L. Cohen y Andrew Arato: “nuestra tesis es que los movimientos sociales constituyen un elemento dinámico en los procesos tendientes a movilizar el potencial de las sociedades civiles modernas. Nosotros sostenemos igualmente que nuestra teoría reconstituida de la sociedad civil es indispensable para una comprensión más indicada de las lógicas, los tratamientos y las potencialidades de los movimientos sociales contemporáneos”.37 A tono con la época, el análisis de las clases sociales, la crítica al capitalismo o el mejor sistema político perderán su jerarquía, pues la sociedad civil de la que hablaban ambos analistas no corresponde meramente al lugar de las disputas sociales en las que el Estado aparece como el gran mediador, tal como lo pensaba Hegel, ni tampoco, según la crítica de su propio discípulo Marx, al lugar donde están representados los intereses de la burguesía, sino que comprendía un campo más vasto, e inacabado:

Entendemos “sociedad civil” como una esfera de interacción social entre la economía y el Estado, que descansa sobre la esfera íntima (especialmente la familia), la esfera de las asociaciones (particularmente aquellas sin ánimo de lucro), los movimientos sociales y las formas de comunicación pública. La sociedad civil moderna se crea cuando se erige y se moviliza de manera autónoma. Ella se institucionaliza y generaliza a través de las leyes, y especialmente en referencia a los derechos individuales, lo cual pone de presente una diferenciación social.38

Considerando los análisis y los casos de algunos países de América Latina, Cohen y Arato ligaron las reformas y cambios de régimen a “la resurrección de la sociedad civil. Que comprende en ese contexto una red de grupos y asociaciones situados entre (o que abarcan por momentos) las familias y los grupos proselitistas, por un lado, y las organizaciones francamente proestatales, por el otro, garantizando de esta manera una mediación entre el individuo y el Estado, entre las esferas privada y pública”.39 Una formulación más al caso fue luego dada por Norbert Lechner:

La invocación de la sociedad civil tiene una clara connotación antiautoritaria. Denuncia a un Estado que viola los derechos humanos, reprime la participación ciudadana y desmantela las organizaciones sociales. Expresa una autodefensa, que da voz a un cuerpo social violentado, pero también traza el clivaje principal de la lucha política. La referencia a la sociedad civil permite no solo llamar a la resistencia, sino dar nombre al nosotros que se convoca. Alude a la ciudadanía en un lenguaje no político y al margen del sistema de partidos.40

Lechner, igual que Cohen y Arato, fundaba su análisis en las experiencias de Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, y claramente Chile. De allí la diferencia de talla respecto a los países donde se puso punto final a una confrontación entre diferentes bandos, el caso centroamericano, o donde el conflicto armado continuaba pese a la reducción del número de actores, como en Colombia.

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