A la superintendencia también le incumbirá recibir, procesar y, si corresponde, sancionar los reclamos realizados contra instituciones de educación superior. Esta función está hoy a cargo del Sernac, pero incorporarla a la superintendencia permite una mirada más global sobre las falencias de cada institución.
Finalmente, se pretende que este organismo colabore con la CNA como parte del sistema de aseguramiento de la calidad, a través de fiscalizar a las agencias acreditadoras, registrar la creación de nuevas sedes y carreras, así como velar por que estas cumplan con exigencias mínimas. Esto implica mayor transparencia y debe contribuir a homogeneizar la calidad del sistema.
Los efectivos alcances de la ley en cada uno de estos aspectos es lo que se verá en la etapa que se inicia. Parlamentarios, expertos y actores sociales podrán demostrar su colaboración a través de las sugerencias que realicen próximamente en el Congreso. Solo el trabajo conjunto permitirá avanzar en la calidad y equidad de la educación, factor decisivo para un desarrollo integral de nuestro país.
Publicado en el diario La Tercera el 22 de enero de 2012 .
Modelos de gobierno universitario
Una universidad se construye con algunos pilares fundamentales: una misión e identidad definida, una alta concentración de talento académico (profesores y estudiantes), un compromiso y aporte a la sociedad claramente perfilados, adecuados recursos para asegurar tanto un aprendizaje de excelencia como desarrollar investigación avanzada, y un gobierno universitario que fomente una visión estratégica, la innovación y la flexibilidad para tomar decisiones. Así, la forma de gobierno de una universidad se transforma en un atributo de gran importancia para alcanzar la excelencia de una institución.
En este contexto de desafíos educacionales, las formas que este gobierno universitario adopte han sido materia de estudio a nivel mundial. Ello ha conducido a que diferentes países hayan renovado sus estructuras tradicionales. Ejemplo de esto es Finlandia, en donde, junto con una mayor responsabilidad de los rectores, se ha entregado mayor poder a juntas directivas, con importante presencia de miembros externos.
Esos estudios han establecido diferentes modelos de gobierno universitario, correspondientes a la misión e identidad de la institución. Se organizan en instituciones estatales, de Iglesia, corporaciones, fundaciones, todas ellas instituciones jerárquicas en que el conocimiento es el elemento ordenador. Así, están entre otros el modelo colegiado, el político, el burocrático, y el de mercado.
Considerar como una forma de “democratizar” la universidad el someter a votación de los diferentes estamentos aspectos clave de su desarrollo (como la contratación y ascenso de profesores, el desarrollo de provectos académicos, infraestructura, inversiones) no ha probado ser en la experiencia internacional, a lo largo de la historia, el camino apropiado para lograr una mayor calidad de las instituciones.
En el modelo colegiado, las instituciones se consideran colectividades de expertos y, por ende, es la comunidad académica la que se autogobierna con una toma de decisiones participativa. Aquí los líderes universitarios son facilitadores, recogen el juicio experto de sus pares, persuaden y acuerdan.
El modelo político, por su parte, establece que las instituciones están formadas por grupos con diferentes intereses y valores que compiten para controlar procesos y resultados. En él, los líderes universitarios son mediadores entre bloques de poder, y las decisiones son producto de la negociación y la construcción de coaliciones.
Las instituciones que optan por el modelo burocrático cuentan con jerarquías y líneas de autoridad establecidas y metas definidas. En ellas, los líderes funcionan como facilitadores de un proceso continuo. Por último, el modelo de mercado se basa en la autonomía y emprendimiento de las universidades en materia de procedimientos y procesos, los que responden al deseo de sus dueños.
Dentro de estas formas de conducción universitaria es muy importante destacar que la participación estudiantil, así como la de la totalidad de la comunidad universitaria, requiere ser fomentada en las diversas instancias de la toma de decisiones. La participación estudiantil tiene que estar resguardada y asegurada, pues contribuye a la adecuada formación de los estudiantes e incorpora su opinión en el fortalecimiento de las instituciones.
Los estudiantes, al estar de paso en la universidad, tienen márgenes mayores de libertad para participar y proponer cambios; sin embargo, su mirada puede carecer de la capacidad de valorar factores del largo plazo que requiere una institución. Así, esa participación debiera privilegiar los ámbitos de sus competencias, lo que no impide la expresión de una visión más global respecto del rol institucional. Del mismo modo, la participación del personal administrativo, funcionarios y profesionales es de gran relevancia, y ella se puede expresar mediante instancias específicas, acorde con la naturaleza de cada gobierno universitario, como a través de los sindicatos organizados u otras instancias que representan los intereses y preocupaciones del personal.
Esta participación no debe confundirse con apuntar hacia un cogobierno o a la triestamentalidad en el manejo y conducción de las universidades. Considerar como una forma de “democratizar” la universidad el someter a votación de los diferentes estamentos aspectos clave de su desarrollo (como la contratación y ascenso de profesores, el desarrollo de proyectos académicos, infraestructura, inversiones) no ha probado ser en la experiencia internacional, a lo largo de la historia, el camino apropiado para lograr una mayor calidad de las instituciones. La incorporación de estudiantes y funcionarios a la toma de decisiones en áreas estratégicas conlleva el riesgo de priorizar sus respectivos intereses corporativos, eventualmente conducir a la captura de estos espacios y, por ende, dificultar el desarrollo.
Los diferentes modelos de gobierno universitario deben respetar la misión, identidad y valores fundamentales de cada institución. La participación activa de la comunidad, en las formas y con los márgenes apropiados, colabora de manera muy significativa a poder realizar con éxito y responsabilidad la conducción de cada institución y lograr así su máxima contribución al desarrollo del país. Aumentar la calidad de este aporte debe ser nuestra tarea primordial.
Publicado en el diario El Mercurio el 11 de marzo de 2012 .
Gobierno universitario
Mi columna “Modelos de gobierno universitario”, publicada en la edición del pasado 13 de marzo, ha generado un interesante debate. Quisiera referirme a la carta del 22 de marzo, en la que Rocío Ferrada, investigadora de la UDP, se refiere a “un modelo de gobierno universitario colegiado, recientemente anunciado por el rector de la UC y respaldado por sus dirigentes estudiantiles”. Es interesante constatar las diferentes lecturas y conclusiones que se extraen de la columna descrita.
Lo que he expresado es que, “en el modelo colegiado, es la comunidad académica la que se autogobierna con una toma de decisiones participativa. Por esto, la participación estudiantil tiene que estar resguardada y asegurada, pues contribuye a la adecuada formación de los estudiantes”. Considero muy importante que los estudiantes, junto con organizarse en centros de alumnos y federaciones, participen activa y responsablemente en los comités curriculares, actividades pastorales, culturales y deportivas, consejos de escuelas y facultades, así como también en las instancias superiores de la universidad.
Sin embargo, he expresado claramente que esta participación estudiantil “no debe confundirse con apuntar hacia un cogobierno en el manejo y conducción de las universidades. Considerar como una forma de ‘democratizar’ la universidad el someter a votación de los diferentes estamentos aspectos clave de su desarrollo (como la contratación y ascenso de profesores, el desarrollo de proyectos académicos, infraestructura, inversiones) no ha probado ser en la experiencia internacional, a lo largo de la historia, el camino apropiado para lograr una mayor calidad de las instituciones”.
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