Ignacio Sánchez Díaz - Desde la universidad a la sociedad

Todo lo anterior avala la urgencia de avanzar en esta iniciativa legal, la que está muy relacionada con la propuesta de una nueva ley de Acreditación de la Educación Superior. Es importante reiniciar el debate en el Parlamento, con el aporte de todos los actores, para perfeccionar la ley. Es la manera de iniciar un año de compromiso con un trabajo conjunto, destinado a avanzar en la calidad y equidad de la educación superior que el país es capaz de entregar a sus estudiantes. Este es un factor decisivo para un desarrollo integral y sustentable de nuestra sociedad. Son miles de jóvenes y sus familias los que esperan nuestro aporte.

Publicado en el diario La Segunda el 3 de enero de 2013 .

Impertinencia de una acusación constitucional

Esta semana el Senado debe decidir la acusación constitucional en contra del ministro Beyer. Este proceso, que ha sido muy polémico por los errores de procedimiento que ha tenido en sus diferentes etapas y que ha adquirido un evidente carácter político, lo responsabiliza de un “notable abandono de deberes” en la fiscalización del lucro en las instituciones de educación superior.

El ministro, un académico de gran conocimiento, aporte y entrega en los temas de educación, ha presentado una agenda activa desde que asumió, con la cual en la forma y en el fondo no siempre hemos estado de acuerdo. Han sido públicas nuestras diferencias, que se enmarcan dentro del natural intercambio de puntos de vista, y que se relacionan con la realidad que cada uno de los actores representa en el sistema educacional.

No obstante lo anterior, quisiera expresar mi rechazo a esta acusación y fundamentarlo en la experiencia que he tenido desde el Consejo de Rectores en los temas relacionados con la educación superior en estos 15 meses de trabajo con el ministro Beyer. Durante el año pasado, en conjunto con el ministerio, se activó la agenda de educación superior, considerando los temas de calidad y equidad como los elementos principales para avanzar en una reforma significativa para Chile.

El ministro, un académico de gran conocimiento, aporte y entrega en los temas de educación, ha presentado una agenda activa desde que asumió, con la cual en la forma y en el fondo no siempre hemos estado de acuerdo. No obstante lo anterior, quisiera expresar mi rechazo a esta acusación.

En su aspecto primordial, la calidad, se ha avanzado en las áreas de acceso (evaluación e institucionalidad de la PSU), fiscalización (ley de Superintendencia de Educación Superior), acreditación (nueva Agencia acreditadora) e información, construyendo apoyo en línea para los estudiantes y sus familias. En la equidad, los avances en financiamiento estudiantil (becas y créditos) han sido significativos.

He sido testigo del esfuerzo del ministro por contar con una mayor información financiera de las Instituciones de Educación Superior y por utilizar todos los mecanismos legales actuales para investigar y sancionar el lucro ilegal en el sistema. Asimismo, se han corregido los errores de procedimiento en el enfoque inicial al enfrentar el dramático problema familiar y humano de la Universidad del Mar, tema que está todavía en un desarrollo incipiente.

No me cabe duda de que nuestro sistema educacional y el país van a ser los más perjudicados si esta acusación destituye al ministro. Por esto, es importante hacer un llamado a los senadores a dejar de lado los elementos políticos de esta acusación, a votar en conciencia y a considerar los desafíos en que estamos trabajando de manera conjunta. Esperemos que los próximos meses sean un tiempo fecundo para avanzar en las reformas necesarias del sistema de educación superior. La calidad con equidad en la educación debe ser el objetivo de estos cambios en beneficio de los estudiantes, sus familias y el país.

Carta publicada en el diario El Mercurio el 15 de abril de 2013 .

La importancia de un ombudsman universitario

La figura del ombudsman (representante o defensor) en la vida pública surge en Suecia en 1809, cuando el Parlamento designa a alguien que defienda los derechos individuales de las personas. En diversas universidades del mundo se ha instalado desde fines de la década de los sesenta, y hoy está presente en la mayor parte de los principales sistemas de educación superior del mundo.

De hecho, existen asociaciones internacionales (University and College Ombuds Association) que definen las áreas de acción del cargo, velan por su cumplimiento y reúnen a las instituciones que lo han implementado. Se destacan las universidades de Harvard, Princeton, MIT, Melbourne, Cambridge, Complutense de Madrid y Bordeaux, entre otras. En Chile no existen antecedentes de que se haya implementado esta autoridad independiente y unipersonal en nuestro sistema de educación superior.

El rol del ombudsman o defensor universitario ha evolucionado desde sus inicios hasta identificarse como la persona que se encarga de mediar, defender y resolver los problemas de convivencia de la comunidad universitaria y que plantea nuevas políticas y cambios que permitan avanzar en proteger y potenciar los derechos y relaciones personales de los estudiantes, académicos y personal administrativo de las universidades.

El objetivo de su función es contribuir al diálogo para una mejor relación con las autoridades, entre todos los miembros de la universidad, una mayor confianza, seguridad y sentido de comunidad al interior de las instituciones de educación superior.

El objetivo de su función es contribuir al diálogo para una mejor relación con las autoridades, entre todos los miembros de la universidad, una mayor confianza, seguridad y sentido de comunidad al interior de las instituciones de educación superior.

Esta iniciativa ha surgido de los profesores y estudiantes de la UC y la autoridad ha participado de manera activa y con convencimiento de su importancia, favoreciendo el diálogo e intercambio de ideas al interior de nuestra comunidad. El proceso de búsqueda incluye a los diferentes actores de la comunidad, y en su próxima elección va a participar el H. Consejo Superior de la UC, lo que se enmarca dentro de los Estatutos de la Universidad, resguardando su independencia y autonomía.

Las características de este cargo incluyen la independencia, imparcialidad, confidencialidad e informalidad. Debe ser desempeñado por un académico de trayectoria, con gran identificación institucional, que debe dar confianza y credibilidad a toda la comunidad universitaria. Su labor va a estar dedicada a recibir, escuchar y conocer acerca de los problemas de las personas, así como de las dificultades en las relaciones humanas, temas de plagio, acoso laboral y estudiantil, conflictos con las autoridades, entre otros.

Su aporte será muy importante, ya que deberá trabajar por la dignidad de las personas y la protección de la justicia en la comunidad, resolviendo problemas y proponiendo cambios en la estructura de funcionamiento de las instituciones, lo que puede influir de manera muy favorable en las relaciones humanas de los miembros de la universidad.

Por supuesto, también existen áreas en las que su acción no está considerada, como es el caso de la calificación académica de profesores, notas de los estudiantes y la resolución de temas sindicales. Tampoco en la entrega de apoyo psicológico o legal.

La oficina del ombudsman se instalará con un apoyo administrativo básico y con dedicación preferente a trabajar por la comunidad.

Esta nueva autoridad independiente, formal y con un contacto directo con las autoridades de la universidad va a significar un gran estímulo para favorecer la confianza y participación de la comunidad universitaria. Este es un avance que valora el sentido de la educación, en especial en una universidad católica, que se entiende como un proceso vital en el desarrollo integral de las personas, realizado en un ambiente de libertad, respeto, responsabilidad, mirada de bien común y, en especial, con sentido de comunidad.