Ignacio Sánchez Díaz - Desde la universidad a la sociedad

Cuando se considera el valor de los aranceles, el análisis de los promedios puede confundir. En el sistema universitario chileno su variabilidad no es significativa y da la impresión de que todas las instituciones son similares. Ello no corresponde a la realidad y los aranceles deberían reflejar las diferencias que existen en calidad y complejidad de los proyectos educativos.

Por otro lado, cuando se considera el valor de los aranceles, el análisis de los promedios puede confundir. En el sistema universitario chileno su variabilidad no es significativa y da la impresión de que todas las instituciones son similares. Ello no corresponde a la realidad y los aranceles deberían reflejar las diferencias que existen en calidad y complejidad de los proyectos educativos. Tener una planta de más de 1.200 profesores de jornada completa real, con formación de posgrado en el extranjero y alta capacidad de investigación e innovación, no es lo mismo que tener una mayoría de docentes de jornada parcial y que no realizan actividades de este tipo. Es cierto que, en instituciones como la nuestra, algunas carreras han aumentado significativamente sus costos en los últimos quince años, pero también debemos considerar que los profesores universitarios están ahora más preparados, tienen compensaciones más dignas, la infraestructura posee estándares mínimos para una formación adecuada y el sistema de educación superior es cada vez más competitivo. Lo anterior sin considerar temas como la mayor sofisticación de los laboratorios, la calidad de las bibliotecas, el aporte y compromiso con el país expresado en diversas iniciativas de gran impacto en los estudiantes, la empleabilidad de los egresados, etcétera.

Las universidades complejas y de alta calidad han tenido que traspasar los costos de la formación a los aranceles. En el caso de la UC, este ingreso representa actualmente más del 30% del presupuesto, en circunstancias de que ninguna universidad en el mundo –de la calidad de la nuestra– tiene aranceles que expliquen más allá del 12% de su financiamiento. El impacto habría sido mayor si no generáramos recursos a través, por ejemplo, de servicios prestados a la sociedad o de aportes obtenidos de donaciones.

Se ha mencionado la posibilidad de regular los valores de los aranceles universitarios. Si la regulación se va a centrar en el resguardo de la calidad y la mejor información, bienvenida sea. En este sentido, los aranceles de referencia que considera el Estado deben marcar una diferencia de acuerdo con la institución. Obviamente, en una universidad de docencia e investigación de calidad internacional, el estudiante se formará en un ambiente académico de mayor excelencia, lo que le significará un beneficio mayor en su desempeño profesional futuro. El país también se beneficia, no solo porque recibe el aporte de esos mejores profesionales, sino también porque se imponen estándares elevados al resto del sistema. Si se piensa que fijar “hacia la baja” los aranceles va a ser una solución, se puede terminar sacrificando a las pocas universidades complejas de alta calidad que tiene el país –como la UC, la U. de Chile y otro pequeño grupo de instituciones–, que ha llevado más de cien años conformar y llevar al nivel que hoy día tienen. Si bien nadie pretende tener privilegios, parece razonable considerar el riesgo de terminar “nivelando la cancha para abajo” en el sistema universitario chileno. Por este motivo, lo más razonable sería establecer tramos de acuerdo con la calidad de las instituciones medida por diversos factores, tales como la planta docente, acreditación (con un sistema perfeccionado), calidad de la investigación y publicaciones, aporte y compromiso con el país, entre otros aspectos.

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