Ignacio Sánchez Díaz - Desde la universidad a la sociedad

He expresado claramente que la participación estudiantil “no debe confundirse con apuntar hacia un cogobierno en el manejo y conducción de las universidades”.

Es necesario enfatizar también que cada institución requiere respetar la misión, identidad y valores fundamentales que la guían. La Pontificia Universidad Católica de Chile ha sido fundada por la Iglesia, es parte integral de ella, y, con autonomía académica y de gestión, está en permanente comunión con la Santa Sede. Nuestra misión es ser un puente en el diálogo fe y cultura, aportando en la formación de personas y en la creación de nuevo conocimiento, trabajando por el desarrollo del país. Estamos convencidos de que el aporte que hace la UC a partir de su propia identidad no hace más que enriquecer a nuestro país.

Carta publicada en el diario El Mercurio el 25 de marzo de 2012 .

Nuevo organismo para la admisión universitaria

El ministro de Educación ha planteado, recientemente, una propuesta de nueva forma de gobierno para la admisión universitaria. El tema ya se ha discutido este año en el Consejo de Rectores (CRUCh), ya que en marzo la UC presentó una propuesta para definir un órgano de gobierno para la admisión, similar al que existe en otros países.

El sistema integrado que aplica anualmente el CRUCh reviste la mayor importancia para el país, ya que establece los instrumentos y mecanismos comunes que aseguran un proceso de evaluación objetivo, transparente, dependiente del mérito y validado técnicamente. El Demre es la entidad que ha administrado la prueba, demostrando confiabilidad y objetividad en su labor. La necesidad de enfrentar los nuevos desafíos surgidos de la inclusión de nuevos instrumentos ( ranking de notas), del uso de los puntajes PSU por dos años seguidos, y de la incorporación de nuevas universidades hace vital avanzar en la profesionalización del sistema.

La necesidad de enfrentar los desafíos surgidos de la inclusión de nuevos instrumentos(ranking de notas), del uso de los puntajes PSU por dos años seguidos, y de la incorporación de nuevas universidades hace vital avanzar en la profesionalización del sistema.

La experiencia norteamericana se basa en la constitución de un órgano (College Board) que funciona hace décadas. Este organismo es el que contrata a la institución que desarrolla las pruebas y mantiene una supervisión del funcionamiento del sistema de admisión. Fue esta institución la que modificó la prueba de admisión (SAT) para incrementar su relación con la formación secundaria, así como determinó la incorporación de una prueba de escritura como parte de las mediciones obligatorias.

La propuesta que planteó la UC supone crear un órgano de gobierno equivalente al norteamericano, nombrado y dirigido por el CRUCh y que incluya a representantes de las partes involucradas. El órgano debería tener un consejo directivo con dedicación preferente y nombramientos que duren cuatro años (con renovación parcial), dirigido por una autoridad unipersonal y de dedicación exclusiva. Este organismo debe tener una agenda que incluya las principales tareas del proceso de admisión: funcionamiento de las pruebas, estudios de validez y predicción, evaluación de la inclusión y equidad del sistema y recomendación de nuevos instrumentos, entre otros.

El organismo debería mantener una unidad encargada de la información a los postulantes, materia que reviste gran importancia, y un área de estudios que realice informes como los que hoy produce el Comité Técnico de la PSU, además de supervisar a la entidad a cargo de la administración de las pruebas. El financiamiento del órgano de gobierno debería originarse de un porcentaje del costo del proceso de admisión. Un 10% del valor actual sería suficiente para cubrir la operación de este nuevo organismo.

Nuestra convicción en la UC es que el sistema universitario chileno requiere esta nueva institucionalidad. El Consejo de Rectores deberá definir este nuevo organismo para que siga garantizando a todos los estudiantes y sus familias que el sistema nacional de admisión a las universidades es moderno, justo y técnicamente válido. La investigación y avance en nuevos instrumentos será una labor primordial y beneficiará al sistema universitario en términos de calidad, acceso y equidad.

Publicado en el diario La Tercera el 2 de noviembre de 2012 .

La necesidad de una superintendencia

Los recientes problemas sucedidos en la Universidad del Mar y la constatación de que varios de ellos no son únicos en el sistema requieren un análisis en detalle de cuáles son las soluciones más urgentes de abordar.

La primera es poner en funcionamiento la Superintendencia de Educación Superior (SES), cuyo proyecto está en el Parlamento desde hace más de un año, sin que se conozcan avances en el tema. Sin una institución de esta naturaleza: autónoma, descentralizada, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relacione con el Presidente de la República a través del Ministerio de Educación y cuyas autoridades se elijan por el sistema de Alta Dirección Pública, parece difícil lograr una adecuada fiscalización del sistema. Hay, además, cuatro áreas imprescindibles de abordar en ella: fiscalización económica y financiera; recopilación, organización y publicación de información de interés público; recepción de reclamos y sugerencias de las familias y estudiantes, y fiscalización de aspectos relacionados con la calidad de las instituciones de enseñanza superior.

En primer lugar, es imperioso que la entidad fiscalice los aspectos financieros y de gestión de las instituciones, sin lo cual es imposible hacer cumplir la normativa vigente que prohíbe el lucro en las universidades, y –por supuesto– que la SES pueda contar con los instrumentos y mecanismos adecuados para hacer cumplir la ley. En el proyecto que está en el Parlamento se requiere, por ejemplo, modificar la autorización de realizar contratos con empresas relacionadas. Las actuales condiciones exigidas, como son definir precios de mercado, con transacciones autorizadas por la mayoría de los directores y el rol fiscalizador de la futura SES, no representan una real garantía para evitar el lucro en las universidades. Se hace necesario, además, velar por la correcta utilización de recursos públicos y traspasos de propiedad entre instituciones, temas que actualmente no reciben la necesaria fiscalización.

Se hace necesario velar por la correcta utilización de los recursos públicos y los traspasos de propiedad entre instituciones, temas que actualmente no reciben la necesaria fiscalización.

Desde la perspectiva de reunir y publicar la información relativa a las instituciones de educación superior, es necesario realizar una integración de las diversas fuentes disponibles (SIES, Mi Futuro, Índices, Valor Futuro), con verificación de los datos que se obtienen de los reportes autónomos. Junto con recopilar la información existente, es necesario reunir datos y antecedentes que hoy no están disponibles. A modo de ejemplo, en materia de empleabilidad y remuneraciones la información es agregada, y no por institución, lo que resulta insuficiente para la toma de decisiones por el estudiante. La información acumulada tendría que tener un modo explícito de ponerla a disposición del público.

El rol de la SES de recibir, evaluar y sancionar –si así lo ameritan– los reclamos realizados por los estudiantes y sus familias contra instituciones de educación superior, es un cambio significativo respecto de la situación actual, en que esta función está a cargo del Servicio Nacional del Consumidor. La SES está llamada a colaborar con la Comisión Nacional de Acreditación en el sistema de aseguramiento de la calidad, por lo que esta información contribuye a resguardar que los proyectos educativos cumplan con estándares de seriedad y confiabilidad. A su vez, esta calidad se puede resguardar a través de la fiscalización de las agencias privadas de acreditación de programas (nacionales y extranjeras), del registro de la creación de nuevas sedes y carreras y de la supervisión del cumplimiento de las exigencias, aumentando así la transparencia del sistema.