Ignacio Sánchez Díaz - Desde la universidad a la sociedad

No hemos estado a la altura. No lo han estado las autoridades universitarias cuando confunden sus roles y toman decisiones populistas. No lo han estado los estudiantes cuando realizan actos de violencia que implican asaltos y tomas inaceptables en sus propias casas de estudio. No lo hemos estado los rectores de universidades tradicionales cuando demonizamos el aporte de las universidades privadas, ni estas cuando continúan criticando la labor y funcionamiento del Consejo de Rectores.

Sin embargo, no hemos estado a la altura. No lo han estado las autoridades universitarias cuando confunden sus roles y toman decisiones populistas. No lo han estado los estudiantes cuando realizan actos de violencia que implican asaltos y tomas inaceptables en sus propias casas de estudio. No lo hemos estado los rectores de universidades tradicionales cuando demonizamos el aporte de las universidades privadas, ni estas cuando, junto con aceptar la invitación a participar de un único sistema de admisión universitaria –lo que es un avance en la transparencia–, continúan criticando la labor y funcionamiento del Consejo de Rectores.

Es que no hemos entendido que el diálogo y la comprensión de nuestras diferencias son la clave para avanzar y construir un país en común.

En relación con las medidas planteadas por el ministerio, me gustaría profundizar algunos puntos que requieren un esfuerzo especial de financiamiento en el largo plazo, sin el cual va a ser difícil dar el salto que esperamos.

1. Mejoramiento de la institucionalidad a través de la creación de una subsecretaría de educación superior, que da la fuerza y presencia política que este tema se merece. Es importante que a ella se incorpore Conicyt y se desarrollen los mecanismos para dar mayor transparencia, asumiendo el debate de la misión, propiedad y fines de lucro de algunas entidades privadas.

2. La nueva ley para las universidades estatalesdebe flexibilizar el sistema a través de la disminución de la burocracia, el acceso a créditos de largo plazo y un gobierno universitario más moderno.

3. En el financiamiento estudiantil-un foco central de esta reforma– es muy importante disminuir el gran peso que hoy recae en las familias. Es necesario aumentar el número y monto de las becas, redefinir el arancel de referencia y reprogramar los créditos morosos. En este sentido, hay que realizar un esfuerzo para acercar las tasas de interés al nivel del Fondo Solidario. Solo así se permitirá una mayor equidad, que debe estar íntimamente vinculada a la calidad de las instituciones y a las acreditaciones que, al menos, deberían cubrir el tiempo de la carrera.

También hay que recalcar que es necesario flexibilizar las vías de pago, pero, una vez que ello se haga, los compromisos hay que cumplirlos. Los egresados deben payar los créditos porque estos recursos son los que permitirán mantener el sistema de becas.

4. En relación con el financiamiento de las instituciones tradicionales es clave aumentar el aporte a aquellas que tienen un rol público a través de un alza del AFD, que incluya un incremento en el porcentaje variable e indicadores consensuados.

Además, es necesario un AFI que incorpore elementos de equidad (como el ranking ), pero que se mantenga en las instituciones, no como un voucher negociable, sino como un reconocimiento a la calidad del proyecto educativo seleccionado por el estudiante.

Por otra parte, el fondo de revitalización que ha planteado el ministerio para las universidades del Consejo de Rectores (CRUCh) es muy importante para modernizar su infraestructura y actualizar la docencia.

5. Es fundamental también el fortalecimiento de la enseñanza técnico-profesional, a través de becas y articulación dentro del sistema de educación superior.

6. En ciencia y tecnología se requiere un decidido apoyo a la formación de doctores y capital humano avanzado con becas en Chile y en el extranjero, junto a un fondo de equipamiento en investigación que sea concursable y diverso. Además, es urgente la formación de centros de innovación de clase mundial y apoyo al desarrollo científico-tecnológico.

7. Es importante potenciar los convenios de desempeño orientados a la formación de profesores, innovación curricular, internacionalización y fortalecimiento técnico-profesional. Estos proyectos deben permitir el apoyo a los estudiantes y disminuir las altas tasas de deserción del sistema.

8. Realmente necesario en la actualidad es el aseguramiento de la calidad a través de una mayor y mejor información y de un sistema de acreditación renovado que valore la diversidad de los proyectos educativos. Es fundamental enriquecer el sistema de admisión –PSU y pruebas complementarias– a través de una evaluación internacional. La incorporación de ocho universidades privadas a este proceso es un paso que va a permitir un avance en la transparencia del sistema.

Todos debemos apoyar reformas que permitan un mayor acceso y retención de los estudiantes, una valoración del trabajo universitario bien hecho y la estabilidad de las instituciones comprometidas con el desarrollo del país. Esta es una política de Estado que debemos enriquecer con nuestro esfuerzo, compromiso, generosidad y participación responsable. El país del futuro lo demanda.

Publicado en el diario El Mercurio el 12 de junio de 2011 .

Fiscalizar la educación superior

La iniciativa legal de crear una Superintendencia de Educación Superior es de la mayor importancia. Se encuentra actualmente en el Congreso para ser perfeccionada con el aporte de todos los actores. Es una institución autónoma, descentralizada, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y se relaciona con el Presidente de la República a través del Ministerio de Educación, afecta al sistema de Alta Dirección Pública. Sus funciones se referirán a: 1) fiscalización en el ámbito económico y financiero; 2) recopilación, organización y publicación de información confiable; 3) recepción de reclamos y sugerencias de la población; y 4) fiscalización de aspectos relacionados con la calidad.

La institución apunta a fiscalizar los temas financieros y de gestión de los planteles, materia de gran relevancia en el cumplimiento de la normativa que prohíbe el lucro en las universidades. Desde esta perspectiva no basta con que la superintendencia cuente con los instrumentos necesarios para hacer cumplir la ley. Una revisión en detalle del actual proyecto muestra que para que este rol sea efectivo se necesita modificar lo relativo a la autorización para realizar contratos con empresas relacionadas. Las condiciones que se exigen no son una garantía completa de la prohibición de esta forma de lucro en las universidades. Además, la superintendencia requiere de atribuciones para vigilar la utilización de recursos públicos y los traspasos de propiedad entre instituciones, materia que actualmente no recibe la necesaria fiscalización.

La Superintendencia de Educación Superior apunta a fiscalizar los temas financieros y de gestión de los planteles, materia de gran relevancia en el cumplimiento de la normativa que prohíbe el lucro en las universidades.

La segunda función incluye poner a disposición de los interesados la información relativa a las instituciones de educación superior, integrando las distintas fuentes de datos con que hoy se cuenta, verificando la entrega de antecedentes que se obtienen por reportes propios cuyas bases y supuestos varían entre instituciones. Además de recopilar y hacer efectivamente comparable la información existente, deberá incluir nuevos datos actualmente no disponibles en que la información es agregada, y no por institución, lo que es insuficiente. Asimismo, sería conveniente que la información que se recopile de las acciones de fiscalización sea puesta a disposición del público.