Ignacio Sánchez Díaz - Desde la universidad a la sociedad

Existe un consenso en que la acreditación en una escala de años no es apropiada; es necesario cambiarla por plazos más prolongados que tengan una evaluación y mejoramiento continuos dentro del período.

Se requiere avanzar hacia una mayor participación de los grupos relevantes, lo que implica visibilizar las necesidades y demandas de los empleadores. Además, es mandatorio reestructurar las atribuciones del aseguramiento de la calidad de la CNA, del Consejo Nacional de Educación y de las agencias acreditadoras, al regular los conflictos de interés y fortalecer la fiscalización, información y transparencia de los procesos de acreditación.

La creación de una Superintendencia de Educación Superior contribuirá de manera importante a normar y fiscalizar la labor de las instituciones. Un reciente informe de la Comisión de la Cámara de Diputados destaca el tema. La ley se encuentra actualmente en el Parlamento para ser perfeccionada, con el aporte de todos los actores. Sus funciones se refieren a la fiscalización en el ámbito económico y financiero, a la recopilación y publicación de información veraz, a la creación de sedes y nuevas carreras, a la fiscalización de las agencias acreditadoras y a la recepción de reclamos de la población. Todos estos son aspectos clave, orientados a velar por la calidad del sistema.

Los últimos acontecimientos ocurridos en una universidad privada destacan la necesidad de una efectiva fiscalización en relación a los contratos con empresas relacionadas. Además, la Superintendencia requiere de atribuciones para resguardar la utilización de fondos públicos, en especial de los beneficios estudiantiles, junto a los traspasos de propiedad entre instituciones relacionadas.

El aseguramiento de la calidad debe estar orientado a apoyar de manera decidida el proceso de transformación de una persona que se prepara a dar un salto mayor en su formación humana, valórica, ciudadana, intelectual e integral. Esta es la educación superior que debemos cuidar y potenciar.

Publicado en el diario La Tercera el 22 de junio de 2012 .

Una nueva acreditación en educación superior

En las últimas semanas, la acreditación de las Instituciones de Educación Superior (IES) ha tenido gran repercusión en los medios, debido a irregularidades y delitos que han involucrado a rectores y directivos de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA). Esta investigación está en proceso y debiera determinar las responsabilidades de todos los implicados en estos inaceptables ilícitos.

Es indudable que el sistema de aseguramiento de la calidad, que data de 1998 y que fuera mejorada por la Ley 20.129 del año 2006, significó un real avance en esta materia. Sin embargo, el crecimiento y complejidad del sistema nos interpela a realizar cambios profundos. El ministerio ha anunciado que presentará un proyecto de ley en las próximas semanas, para corregir las actuales debilidades y actualizar el funcionamiento del sistema. Existen importantes aspectos que esta nueva ley debiera incluir.

La agencia, denominada así por su rol técnico, debe estar formada por un directorio elegido mediante Alta Dirección Pública, con dedicación completa y remuneración adecuada a sus funciones. La duración debiera ser al menos de 5 años, con una reelección y renovación parcial de sus miembros. El proceso debe ser transparente y obligatorio para todas las IES. Los años de acreditación deben ser por un período relacionado con la duración de los planes de estudio (sería adecuado un período de 6 años), con una aprobación condicional no menor a tres años para las instituciones que no cumplan con los estándares en el proceso inicial. Si al cabo de este plazo persisten las deficiencias, se debe negar la acreditación, con posibilidad de apelación al Consejo Nacional de Educación (CNEd).

La acreditación debe avanzar en medir resultados, y no solo procesos, por lo que las pruebas de egreso, la opinión de los empleadores y el seguimiento de sus egresados debiera ser una parte fundamental de su trabajo.

Es importante correlacionar la acreditación con el plan de desarrollo de la institución y realizar un seguimiento de este. También, debe haber una correlación entre la acreditación institucional y la de los programas y carreras. Debido al gran número de carreras de pregrado y programas de posgrado, lo lógico es realizar una muestra aleatoria de estos, lo que debe ser determinado por la agencia, dando un breve plazo a la institución para presentarse al proceso; de esta manera, todos los programas debieran estar preparados para someterse a la evaluación. En este sentido, debiera permitirse la labor de agencias privadas nacionales y extranjeras, certificadas por su calidad, con asignación de sus tareas determinada por la agencia, y no a solicitud de cada IES, como ocurre en la actualidad. Las acreditaciones de las carreras de medicina y pedagogía deben seguir siendo obligatorias aumentando sus exigencias de calidad.

La acreditación debe avanzar en medir resultados, y no solo procesos, por lo que las pruebas de egreso, la opinión de los empleadores y el seguimiento de sus egresados debiera ser una parte fundamental de su trabajo. Es necesario avanzar en la clasificación de las universidades y de los diferentes proyectos educativos, para medir la docencia, la innovación curricular, la creación e investigación y los vínculos y aportes a la sociedad. La nueva Agencia establecerá las relaciones institucionales con el CNEd, en relación con la creación de nuevos proyectos de IES, su licenciamiento, el seguimiento y el control de su crecimiento. Por otra parte, hay que normar el procedimiento de apelación respecto de las decisiones que emanen del nuevo organismo.

Todo este trabajo requiere instalar un adecuado sistema de fiscalización a través de la creación y puesta en marcha de la Superintendencia de Educación Superior, proyecto que se encuentra hace más de un año en el Parlamento. Por último, es fundamental velar por que la información a las familias y postulantes sea veraz, disponible y oportuna, de modo que las decisiones sean libres. Debemos transformar esta crisis de institucionalidad de la acreditación de IES en una oportunidad para su renovación bajo los actuales estándares, que hoy representan el mínimo que requiere el sistema. Un gran esfuerzo en mejorar la calidad y equidad en la educación superior es lo que la sociedad demanda.

Publicado en el diario El Mercurio el 23 de diciembre de 2012 .

Pruebas de egreso universitario

En los últimos meses ha habido polémica generada por la medición de las pruebas de egreso en las áreas de Medicina y Pedagogía. En el caso del examen de Medicina (Eunacom), la filtración de preguntas empañó la calidad de una prueba que por 10 años ha permitido evaluar el conocimiento teórico de nuestros egresados y colaborar en la certificación de médicos formados en el extranjero. La prueba de egreso de Pedagogía (Inicia) ha sido criticada por ser voluntaria, por tener contenidos solo teóricos y considerar a un bajo número de egresados. El cuidado de la salud y la formación de los niños y jóvenes son prioritarios. Por esto, es necesario perfeccionar la calidad de estas mediciones.

Es importante distinguir entre los procesos de acreditación de la calidad, que evalúa los procesos y resultados de las instituciones, y el de certificación de los egresados, que evalúa el conocimiento de cada profesional. Esto es relevante en nuestro país, en el que el grado académico y el título profesional lo entregan las universidades, realidad diferente a la de países extranjeros, donde hay agencias de certificación de la actividad profesional.

El valor del instrumento de medición es de la mayor importancia. La calidad de sus preguntas debe ser acorde a estándares internacionales con contenidos alineados con los contenidos curriculares de nuestro país. Además, es prioritario considerar aspectos prácticos, debido a que la relación personal con el paciente y su familia, y en Pedagogía, con el alumno y su familia, es de gran importancia en el desarrollo e impacto de la labor profesional.