Julio César Moreno Correa - El adn de la paz con enfoque territorial en tres municipios del Magdalena Medio

Colombia siglo xxi

Según Machado (2004), el conflicto interno en el país se mantenía porque el problema de la propiedad y la tenencia de la tierra seguía vigente; la situación trascendió de lo rural a lo urbano. Los citadinos vieron que el conflicto estaba más allá de la lucha de reivindicación de los campesinos ante los incumplimientos de los gobiernos cuatrienales.

El siglo xxi heredó los actores de siempre: guerrilla, narcotraficantes y paramilitarismo; como también el minifundio y microfundio, que alimentan la pobreza de los campesinos. Otros con mayor fuerza, como los cultivos ilícitos que se empleaban para generar ingresos, tanto por parte de la guerrilla como del paramilitarismo y controlar los territorios, así como para la compra de armas que se usaron para el terrorismo contra el Estado y a la misma sociedad, propiciando el desplazamiento forzoso de los campesinos y la vulneración de derechos humanos.

El siglo xx legó el inicio de la globalización que vino a agregar nuevos hechos al país en el siglo xxi: la modernización en la agricultura, liderada por gremios empresariales; en el ámbito internacional, la presión de empresas transnacionales agroindustriales, los tratados de libre comercio, el subsidio a los agricultores en países desarrollados que cerraban importaciones a los productos del trópico y proponían nuevas reglas para abrir mercados; consumidores dispuestos a disfrutar de bajos precios; finalmente, un Estado con un Ministerio de Agricultura débil, con políticas internas que no se ajustaban a las exigencias internacionales e incluso la academia que había identificado muchos de los factores internos de la compleja telaraña de lo rural se había quedado alejada. López (2003, citado en Machado, 2004), lo expresa de la siguiente manera “de las corrientes de pensamiento de los principales centros de investigación internacionales que estaban girando los análisis sectoriales hacia las teorías del desarrollo y combinando los análisis microeconómicos con los más generales y el comportamiento de los agentes socioeconómicos” (p. 132), así como el estudio de los problemas rurales con el posacuerdo. La identificación que hizo la academia del problema agrario no escaló al ámbito gubernamental ni se definieron políticas para atender y resolver el problema agrario, el cual iba más allá de la tierra ya que también agroindustrial, financiero y comercial, con un vínculo directo con el conflicto político y las políticas macroeconómicas.

Marco Romero, director de Consultoría para los Derechos Humanos (en adelante Codhes), en una entrevista con Semana (2010), dice que la tierra ha sido el problema central del conflicto armado e indica cuatro problemas del sector agrícola: a) concentración de la propiedad; b) el uso de la tierra, destinada a ganadería extensiva, la cual, si se compara con el nivel global de la economía, es improductiva, solo ventajosa para los propietarios, es un uso irracional y asfixia la agricultura; c) la crisis social, bajo acceso a salud, vivienda, educación y servicios básicos en las zonas rurales y d) mayor concentración de la tierra, debido al despojo por parte de mafias, narcotraficantes, grupos paramilitares y bandas criminales. De igual manera, el Centro Nacional de Memoria Histórica (en adelante cnmh), en el 2013, apuntaba que “la apropiación, el uso y la tenencia de la tierra han sido motores del origen y la perduración del conflicto armado” (p. 21). Asimismo, se documentan los procesos de despojos y apropiación de la tierra y a ellos se les suman la explotación minera y energética, los modelos agroindustriales, las alianzas criminales entre narcotraficantes, políticos, paramilitares, servidores públicos, élites locales, tanto económicas como empresariales.

En el informe del pnud (2011):

El conflicto agrario y el armado terminan relacionándose a través de sus efectos: el desplazamiento de la población y el despojo de tierras. Porque la tierra se convierte en un instrumento de la guerra y por ello, es objeto de expoliación y despojo por vías de hecho, o mediante la utilización ilegal de instrumentos jurídicos. Y la población es el objetivo del control y, por ello, susceptible de ser desplazada o confinada. (p. 57)

O como sintetiza Berry (2014):

[…] aunque el desplazamiento y el despojo han sido a veces una consecuencia del conflicto, son principalmente una estrategia sistemática de acaparamiento y de control territorial. Es decir, el desplazamiento no se genera a causa de la guerra, sino que hay guerra para que haya desplazados. (p. 12)

En Colombia, la vulneración de los derechos de propiedad ha sido una constante y se ha dado con las personas que no tienen recursos, no tienen quién los represente jurídicamente, sin la educación suficiente para comprender el avasallamiento del que han sido objeto; el conflicto potenció esa vulneración y con ella la violación de los derechos humanos que ha propiciado el mismo Estado de derecho, que debía ser el garante en la protección del campesino y de su trabajo de cultivar la tierra y alimentar la nación.

En expresiones de los sobrevivientes en calidad de participantes de la investigación de las poblaciones de seleccionadas, sobre el origen del conflicto en Colombia, que está atado a la posesión sobre la tierra, se manifiesta:

Desde mi perspectiva … vuelvo lo repito la tenencia de la tierra. Aquí en Colombia el problema es únicamente en la posesión de tierras a raíz de eso se ha desarrollado un conflicto interno en el país que viene de 50-60 años atrás. (Participante)

[…] porque el problema que se origina principalmente es un problema de tierras, posesión y tendencia de tierras, entonces que las tierras sean repartidas equitativamente y que haya estabilidad económica para todos. (Participante)

El Acuerdo de La Habana vuelve a poner en la agenda pública el tema del desarrollo rural y las políticas agrarias, dado que, en el gobierno de Juan Manuel Santos, se reconoce la existencia del conflicto armado y el despojo de tierras. Tibble (2017) expone que el Acuerdo Agrario contiene una agenda de mínimos ante el descuido de las políticas agrarias después de 1990 y, para ello, se requiere una capacidad institucional pública, con compromiso por parte del sector privado, apoyo de la ciudadanía, así como recursos; por ello, es compleja su implementación. Sin embargo, hay una oposición de unos grupos sociales que defienden los derechos de propiedad y están dispuestos a no beneficiar a esos sectores. El acuerdo necesita una revisión que permita concreción idiomática, asignación de recursos, tanto para la tierra como para el trabajador de esta a largo plazo. Sin duda, lo que más requiere el acuerdo es un Gobierno con capacidad y juego político para adelantar transformaciones que afectan intereses particulares en función del bien colectivo.

El enfoque territorial (et)

Antes de presentar los aspectos del et es básico que se conozca lo relativo a la tierra y al territorio, términos que de igual manera se asemejan y se diferencian.

La tierra

En la economía clásica, la tierra forma parte de los factores de producción, los otros son: trabajo, capital y tecnología. Como factor productivo, en la tierra se incluyen: la tierra misma, si es cultivable o no; los edificios y la infraestructura, y los recursos naturales, como minas de minerales, flora, fauna, agua y aire. Los recursos anteriores están clasificados en renovables, no renovables y permanentes. El valor de la tierra está sujeto a la cercanía con el sector urbano, acceso a los medios de comunicación y la disponibilidad de los recursos enunciados anteriormente.

Absalón Machado, en la entrevista con Tibble (2017), se refiere a la tierra

[…] en sí no es lo importante como un fin, sino como un medio para controlar el territorio y la población por agentes que buscan reproducir el capital de manera intensa, o que usan la tierra no para producir sino para valorizarla y obtener grandes ganancias con pagos marginales de impuestos o simplemente su no pago. (p. 14)