El trabajo de Florencia Guzmán, en una línea de análisis similar, indaga acerca del modo en que el espíritu y la aplicación de la normativa de 1813 en la ciudad de Buenos Aires interactuaron con las estructuras de género y la raza. Ese ensayo analiza las condiciones de género de la ley de libertad de vientres promulgada por la Asamblea General Constituyente de 1813 en las Provincias Unidas del Rio de la Plata. En este caso, al igual de lo que sucedió con las leyes de libertad de vientres aprobadas en otras naciones latinoamericanas, quienes estaban sujetos a la ley no eran esclavos pero tampoco gozaban de libertad inmediata. Antes de ser totalmente libres, las libertas y los libertos debían a los amos de sus madres (“patronos”) un tiempo de servicio (“patronato”), los varones hasta que cumplieran veinte años y las mujeres, dieciséis (más temprano si se casaban). Aquí Guzmán examina cómo la lógica del vientre materno no solamente operó en el plano de la legislación y en todo lo que concernía a ello, sino también en lo cotidiano de las personas esclavizadas y de las libres. Los datos demográficos le proporcionan claves interesantes para pensar sobre la manera en que las mujeres afro, y la situación de sus hijos libertos o libres, van a ir conformando diversas estructuras u opciones familiares junto a diferentes experiencias de libertad. Una de esas vías tiene que ver con el mundo del trabajo y con la noción de domesticidad inscripta en la población afrodescendiente y construida en estas décadas de abolición. La producción de domesticidad se encuentra imbricada en esta investigación tanto con la esclavitud y las representaciones de género y de raza como con las leyes e instituciones que regulaban el camino hacia la libertad después de la ruptura del orden colonial.
En la transición de la abolición de la esclavitud, enmarcada por la renuencia y el lenguaje autocongratulatorio de la libertad, una tercera línea de investigaciones examina las diferentes formas en que las relaciones formadas en y por la esclavitud persistieron después de la declinación y abolición formal de esta. En América Latina, la historiografía referida a la posabolición, es decir al período posterior de la declaración de extinción de la esclavitud, hace hincapié en las continuidades y en la construcción de un orden liberal sumamente desigual, aunque sin la mediación de una discriminación jurídica al respecto. Una serie de estrategias para continuar con la trata esclavista de manera clandestina, tanto durante el proceso de “gradual abolición” como durante los años posteriores a ella; la aplicación de nuevas categorías legales y laborales, la “domesticación” y el “blanqueamiento” y la invisibilización de los descendientes de africanos junto al “silencio” y a la “despolitización racial” serían solo algunas de las manifestaciones de esas continuidades. 12
El trabajo de Guido Cassano aporta una perspectiva mayormente inexplorada de esas continuidades. El conflicto bélico iniciado a fines de 1825 que envolvió a las Provincias Unidas del Río de la Plata y el Imperio de Brasil tuvo un impacto muy fuerte sobre la por entonces pequeña población de Carmen de Patagones, ubicada al sur de la provincia de Buenos Aires. Esta situación se debió al arribo de 382 africanos esclavizados capturados al navío negrero brasileño San José Diligente por el buque corsario nacional Lavalleja. Como consecuencia de la normativa vigente en las Provincias Unidas del Río de la Plata –prohibición del tráfico de esclavos de 1812 y la ley de libertad de vientres de 1813–, los africanos ingresados a Patagones pasaron a tener el estatus jurídico de libertos. Las autoridades nacionales y locales –en el contexto de la guerra con Brasil primero y de las tensiones con algunos grupos indígenas más tarde– tomaron una serie de medidas tendientes a reclutar masivamente a estos jóvenes incorporándolos a la guarnición militar del fuerte local. De modo que el uso del término “liberto” se generalizó para acompañar a un rango cada vez más amplio de condicionamientos a la libertad. Pasando por encima de la ley de “suelo libre” de 1813, que debería haber liberado completamente a aquellos africanos recapturados, el Estado aprobó legislación para reclutar a los hombres físicamente aptos para el servicio militar –en general no pago– y para vender a las mujeres y niños –en general para el servicio doméstico– bajo los términos del patronato. A diferencia del Reglamento de 1813, el estatus legal de estos libertos estaba definido de forma mucho menos precisa, según reglas cambiantes y bajo ningún control, lo que abría grandes márgenes para la existencia de prácticas abusivas.
En esta línea de investigación Florencia Thul Charbonnier estudia las prácticas consecutivas de continuación del tráfico de esclavos en Montevideo protagonizadas por los comerciantes brasileños desde la década de 1830, o sea, luego de la formación del Estado Oriental del Uruguay. A los fines de la investigación, esa década resulta muy importante en tanto marcó el inicio del proceso que culminó con la abolición final de la esclavitud en 1842. El ensayo de Thul, en línea con la historiografía uruguaya más reciente que examina el desarrollo de la abolición de la esclavitud, subraya y analiza la complejidad de este proceso en el país vecino: sus marchas y contramarchas y las diversas estrategias utilizadas por los propietarios brasileños y orientales para sortear las prohibiciones del tráfico y darle continuidad al ingreso de africanos esclavizados al territorio de Uruguay. Según la autora, si bien el rol de los comerciantes y propietarios de esclavos brasileños y de los propietarios orientales en estas prácticas no ha sido estudiado de forma específica, en todos ellos aparece explicitado el protagonismo de aquellos. Mientras algunos esclavistas sacaban a escondidas a mujeres esclavizadas embarazadas fuera del país para retornarlas más tarde con sus hijos en calidad de esclavos y no como libertos, otros introdujeron “sirvientes personales” para que fueran vendidos luego como esclavos. Incluso se echó mano al recurso de introducir “colonos” africanos, 13cuya práctica revelaba y enmascaraba una situación muy cercana a la de la esclavitud.
En tercer lugar Fátima Valenzuela analiza en clave local/regional el proceso de abolición y posabolición en la jurisdicción de Corrientes, Argentina. En 1854, un año después de la sanción de la Constitución Nacional, el gobierno de Juan Gregorio Pujol aplica el artículo 15 que pone fin a la esclavitud en Corrientes. A los efectos de darle aplicación a esta normativa, los jueces de paz llevaron a cabo un empadronamiento para dar cuenta del número de esclavizados existentes en el territorio provincial. Los documentos obrantes exhibieron un total de 95 esclavos en el amplio territorio jurisdiccional y una edad promedio de cuarenta y un años. Este total representaba solo el 20% de los registrados en el censo de 1841, cuando sumaban 466 esclavos. Valenzuela examina esta rica documentación producida por los jueces de paz que, bajo el título de “Registros de asiento de esclavatura y otorgamiento de libertad”, despliega una prolija historia de cada individuo esclavizado: su lugar de nacimiento, edad, fecha de compra, precio, nombre del amo, desempeño, estado de dominio. A esta invalorable información local, que hasta el momento no se conoce para otras jurisdicciones provinciales y que ofrece un registro notable de los sujetos esclavizados en un período clave de abolición de la esclavitud, Valenzuela suma el examen de otra categoría de servilización y/o esclavización presente en la documentación como era la de “sirviente”. De acuerdo con la definición aportada por un juez de paz, la condición del sirviente establecía que el exesclavo tenía dos caminos: o “quedarse al servicio de sus amos como sirviente o separarse a buscar subsistencia libremente con gusto”. 14
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