Miguel Eduardo Barrios Acosta - Multitrauma y maltrato infantil - evaluación e intervención

La incorporación de la Convención de los Derechos del Niño en la legislación colombiana a través de la Ley 1098 es un adelanto significativo; sin embargo, ese paso no garantiza el cumplimiento de mandato de la protección integral, aunque permite posicionar un ideal utópico y, por tanto, posible. Un ejemplo de lo anterior es que en octubre de 2006, la administración del Distrito Capital de Bogotá publicó la Resolución 1001, que reglamenta los programas e instituciones de educación inicial. Dentro de los lineamientos del proceso pedagógico sobre la garantía de derechos se considera la promoción del aseguramiento en salud y el derecho a la alimentación, al nombre y a la protección contra cualquier tipo de violencia. Sobre el cuidado calificado se incluyen la promoción de la lactancia; la suplementación con micronutrientes, de la salud oral y del buen trato; la verificación de la vacunación; el seguimiento al crecimiento y desarrollo, y el manejo de enfermedades frecuentes (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2006).

Como puede leerse, el contenido en detalle de esa reglamentación se refiere a lo que, según la Convención de los Derechos del Niño, es parte de los derechos de supervivencia y de protección. Es decir, esa norma está más cerca a la doctrina de la situación irregular que a la de la protección integral. Seguramente las condiciones en las cuales viven los niños y niñas usuarias de las instituciones de educación temprana del Distrito Capital hacen que en ese momento este tipo de abordaje legislativo fuera el pertinente; no obstante, esto condiciona una práctica social más cerca de la asistencia que del abordaje desde la garantía de los derechos del niño. Barrios, Díaz y Koller (2013) documentaron, mediante un estudio de corte etnográfico con inserción de los investigadores dentro de una institución vinculada al sistema de protección infantil en Colombia, que los preceptos que regulan la práctica cotidiana institucional básicamente son de tipo asistenciales.

Desde el último cuarto del siglo XX, las transformaciones socioeconómicas, en particular la dinámica del mercado laboral, ha generado grandes modificaciones en los espacios familiares. La pauperización de la cantidad y calidad del trabajo han venido desplazando al hombre de su condición de proveedor «natural» de la familia, y la mujer, antes confinada a la casa, ha tenido que desplazarse al mercado de trabajo. Esto se ha asociado a un incremento en las tasas de violencia intrafamiliar por parte del hombre, quien intenta ratificar por esta vía su supremacía en la familia. Lo anterior, también en deterioro de las tasas de maltrato infantil (Jelin, 1994).

Igualmente, se produjo un proceso de urbanización con reestructuraciones de la familia para ajustarse a la precarización económica. En particular, en las familias más pobres es común la convivencia de varias generaciones y núcleos familiares insertos dentro de una «nueva forma de familia extensa», que convive bajo un mismo techo para optimizar los escasos recursos monetarios (Pachón, 2007). Las nuevas dinámicas familiares condicionadas por el hacinamiento, la pobreza, la subordinación, las nuevas relaciones de género, entre otras, son proclives a la desprotección de los niños.

Los sistemas de protección social se pueden concebir como una compleja articulación entre concepciones, leyes y dinámicas institucionales insertas dentro de los Estados con la intención de gestar bienestar a todos los ciudadanos, por lo que su equilibrio debe tener en cuenta los aspectos políticos, los recursos económicos y las necesidades cotidianas de las familias para responder al balance entre la economía y los requerimientos de la sociedad (Rodríguez, 2006; Barrios et al., 2007). A su vez, la protección social aplicada a la protección infantil se entiende como la garantía que la familia, la sociedad y el Estado le dan a la niñez para su protección integral, es decir, «el reconocimiento de los niños como sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de su restablecimiento inmediato» (Sociedad Colombiana de Pediatría, 2011, p. 20).

Según la Constitución Política, Colombia es un Estado social de derecho, por lo que su responsabilidad trasciende la garantía de los derechos civiles y políticos. Esta condición incorpora también la garantía de los derechos sociales, económicos y culturales, por lo que sus ciudadanos deben tener acceso a la seguridad social, la vivienda, la alimentación, la salud y la educación. Si lo anterior se cumpliera, en teoría estarían dadas las condiciones básicas para que se generara el desarrollo integral de todos los niños, niñas y adolescentes colombianos (Barrios et al., 2007).

Sin embargo, a pesar de lo enunciado en la Constitución, las familias colombianas más pobres y desfavorecidas tienen pocas probabilidades de facilitar los prerrequisitos básicos del desarrollo integral de la niñez, que se soportan en la garantía de los derechos de segunda generación citados en el párrafo anterior (Barrios et al., 2007). Según Rodríguez (2006), los preceptos de la protección social en Colombia se sustentan en el manejo social del riesgo en contraposición a garantizar los derechos sociales, económicos y culturales según le correspondería a un Estado social de derecho. El enfoque del riesgo se basa en un aseguramiento mixto que incorpora compromisos individuales y privados, dándoles gran responsabilidad a las familias para amortiguar y paliar las condiciones y riesgos que afectan los derechos fundamentales (Holzmann y Jorgensen, 2000; Barrios et al., 2007).

Según el Banco Mundial, el manejo social del riesgo como enfoque predominante dentro de los sistemas de protección se constituye en una estrategia central para la reducción de la pobreza (Holzmann y Jorgensen, 2000). Los riesgos se abordan estratégicamente previniéndolos, mitigándolos cuando ya se ha producido el daño o superándolos cuando ya existen eventos negativos establecidos; las anteriores estrategias están asignadas a un nivel informal cuyos respondientes principales son las familias y la comunidad, al mercado a través de estrategias de aseguramiento privado o al nivel público cuando los dos anteriores niveles son incapaces de responder a las necesidades.

Por esto, existe una amplia variedad de actores participantes dentro de las estrategias de protección social basadas en el manejo social del riesgo que incluyen a ciudadanos, familias, comunidades locales, ONG, instituciones gubernamentales y organizaciones internacionales, entre otras. No obstante, se señala que el papel del sector público, que debería ser fuerte en cuanto a seguros de enfermedad, vejez, desempleo o invalidez, previsión social, políticas fuertes laborales, entre otras, probablemente tenga menor preponderancia en comparación con los sistemas informales y de mercado (Holzmann y Jorgensen, 2000; Barrios et al., 2007).

Este abordaje de la seguridad social, que es el que aplica el Estado colombiano, va de la mano con otros lineamientos teóricos neoclásicos, como los que se aplican dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud, que evidentemente no dan respuesta a las necesidades de protección social de los más desfavorecidos. El análisis de la protección social, a juicio del autor, debe hacerse como un todo. Si no se incorporan elementos más amplios, que incluyan las posibilidades reales de protección de los derechos sociales, económicos y culturales de los grupos familiares, el análisis de sistema de protección de la niñez en Colombia queda solo sustentado bajo las premisas teóricas del discurso de los derechos del niño. Esto condiciona que se desconozcan las condiciones reales de vida de las familias más pobres, excluidas y/o marginadas, las cuales, a su vez, son las que tienen más probabilidades de vivir bajo condiciones que favorecen el multitrauma en la niñez (Barrios et al., 2013).