Francisco Gutiérrez Sanín - Violencias que persisten

Las principales características que se desprenden del proceso informado, son:

• Con narrativas y énfasis distintos, todas las políticas sobre desarrollo alternativo se han inscrito estructuralmente en la estrategia de reducción de la oferta de drogas. Un elemento común en todas las políticas de desarrollo alternativo (DA) es que han buscado una reducción de áreas de siembras, mediante intervenciones en zonas productoras de materia prima para producir psicoactivos prohibidos. Se trata de una versión nacional de la estrategia internacional del efecto multiplicativo de los precios del mercado de psicoactivos, de modo que acciones para reducir la oferta tengan un impacto al alza sobre precios en los mercados internacionales y de esa manera incidir en la disminución de la demanda.

• Han sido caracterizadamente políticas de gobierno y no políticas de Estado. En cada nuevo gobierno se han creado contenidos de las políticas de DA que desconocen las decisiones del antecesor; en consecuencia, se crea una nueva institucionalidad que en todos los casos ha dependido de entidades adscritas a la Presidencia de la República. Se puede afirmar que el único intento de continuidad se dio con la política de consolidación del primer período del presidente Santos (2010-2014) frente a la misma estrategia del presidente Álvaro Uribe (2002-2010), pero tuvo una vida efímera. Generalmente, las políticas no parten de un balance riguroso del pasado, sino que desechan las experiencias que podrían aportar lecciones aprendidas que enriquecerían la memoria institucional.

• Un DA implementado en contextos de conflicto armado. A partir de la caracterización de la economía de la coca como fuente de financiación de la guerra, paulatinamente las decisiones sobre DA se han articulado para impedir el beneficio de la producción por parte de grupos armados o para consolidar el control de territorios, luego de acciones ofensivas de las fuerzas de seguridad. Ese proceso gradual y que cobra su máxima expresión con el Plan Colombia le imprimió características muy particulares en el contexto internacional al DA, ámbito en el cual aparece el papel definitivo de las Fuerzas Armadas y de policía antinarcóticos como actores determinantes en la reducción, tanto de los cultivos de coca, como del control de esos mercados ilegales.

• La cooperación internacional en DA ha sido fluctuante , y en algunos casos su papel ha sido limitado por las prioridades que se establecen al inscribir el DA como parte del dispositivo contrainsurgente. Los efectos han sido diversos y a veces muy negativos; se destaca la fumigación aérea de programas de DA de entidades como la cooperación alemana (entonces GTZ) o incluso la afectación de proyectos de la cooperación de Estados Unidos (USAID). En este último caso, la injerencia de Estados Unidos no ha sido homogénea, pues ha combinado estrategias inscritas en reducción de la oferta, ha propiciado experiencias de DA como complemento a operaciones contrainsurgentes, al calcular a la vez eventuales procesos de desplazamiento de poblaciones, y, finalmente, ha apoyado experiencias piloto de seguridad para la inversión, con el fin de consolidar las áreas “despejadas”. En la cooperación multilateral se evidencia una constante: su concepto sobre DA ha cobrado una vigencia que continúa hasta hoy, y sus implicaciones institucionales y financieras se han mantenido en una especia de caja negra, con muy pobre información pública y escasa transparencia.

• Las políticas de DA en Colombia han carecido históricamente de un enfoque de desarrollo rural. Como se ha observado, las políticas han oscilado entre su inscripción antinarcóticos y como parte del dispositivo contrainsurgente, con serias implicaciones frente a los productores, quienes han sido recurrentemente caracterizados como parte de la cadena del narcotráfico y/o como colaboradores de los grupos armados. En consecuencia, los productores han sido implicados en una doble criminalización, que a su vez ha borrado conceptualmente el origen social, económico y cultural de la producción de materia prima para procesar psicoactivos prohibidos. Solo en contadas ocasiones se ha reconocido teóricamente la problemática social subyacente, y en muy pocas se ha vinculado directamente como una situación que obedece a una estructura agraria excluyente, concentradora de la propiedad agraria, expulsora de pequeños campesinos de la formalidad productiva, la cual propicia dinámicas de colonización que derivan en vínculos con la producción ilegal.

• Como consecuencia de lo enunciado, tanto las políticas como la institucionalidad han sido ajenas a una articulación permanente con autoridades responsables del desarrollo rural o de la problemática ambiental , como el Ministerio de Agricultura o el Ministerio del Ambiente. Generalmente, han sido sustituidas por instancias y entidades con una vida efímera, desconocidas por cada nuevo gobierno, que a su vez repite el ciclo, al desechar literalmente la memoria institucional. En detrimento de un perfil técnico, estas instancias han sido usadas frecuentemente como botín burocrático clientelista, amén del favorecimiento de otras agendas de carácter político.

• El desarrollo alternativo ha tendido a usar modelos homogéneos ante una realidad compleja, diversa y con actores diferenciados

El centralismo que ha caracterizado las decisiones en DA ha tenido fuertes implicaciones. En primer lugar, no ha reconocido las especificidades étnicas y culturales en la producción de coca, situación que ha llevado a un conflicto de intereses, ya que el discurso de la erradicación riñe con los cultivos de uso tradicional. Así mismo, ha ignorado los modelos productivos diferenciados desde enfoques étnicos como soporte de alternativas ante los cultivos para uso ilegal. Esto implica actuar por encima de las dinámicas territoriales propias, jurisdicción y autoridades tradicionales, todo lo cual acarrea deslegitimación del Estado y desconocimiento de perspectivas diferenciadas, que obedecen al carácter multiétnico y pluricultural de los pueblos existentes en Colombia.

Así mismo, se observa la debilidad para generar programas de promoción y acceso de mujeres a los proyectos de sustitución y como líderes de sus organizaciones. También es limitado su reconocimiento como sujeto de derechos en los diferentes programas y existe una ausencia de garantías para su participación en el proceso de toma de decisiones. En general, se ha observado el desconocimiento a un enfoque diferenciado, como mujeres en la implementación de los programas y, en consecuencia, a su validación como protagonistas con capacidad de decisión en los procesos locales y regionales.

En segundo lugar, el papel de alcaldías y gobernaciones ha sido muy limitado, y se ha generado un paralelismo en la ejecución de proyectos muchas veces desarticulados de los planes de desarrollo local y regional. En tercer lugar, se ha reiterado un modelo desde el centro a las regiones en el que no se reconoce el papel proactivo de las comunidades, sino que se imponen unas condiciones sustentadas en el manejo de presupuestos centralizados que condicionan las dinámicas de la vida local.

Experiencias internacionales exitosas y su contraste frente al caso colombiano. Una breve presentación del caso Tailandia y su política de desarrollo sostenible

Tailandia es considerado como uno de los pocos países en el mundo con una experiencia exitosa en materia de alternativas frente a un serio problema de economía ilegal del opio. La complejidad del problema se sitúa hacia finales de los años sesenta en las partes altas de su territorio, principalmente en la zona norte, hacia las fronteras con Laos y Birmania, en las provincias de Chiang Mai y Chiang Rai, con cercanía a China. En estas zonas el país sufría la presión de las comunidades nativas alejadas de los centros de comercio y marginadas social y económicamente; por otro lado, se encontraban procesos de colonización interna de etnias ( karen , hmong , yao , akha , lahu y lisu ) sin acceso a la tierra, con altos niveles de pobreza y sin opciones de ingreso 28.