Francisco Gutiérrez Sanín - Violencias que persisten

El tema trasciende políticamente en la perspectiva de construcción de paz en Colombia, teniendo en cuenta que el narcotráfico ha sido el principal financiador de la guerra interna, tanto para beneficio de grupos paramilitares como para las guerrillas. El reto del control territorial de zonas con trayectoria de economías y órdenes ilegales por parte del Estado sigue siendo deficitario. Como parte del Acuerdo para el fin del Conflicto, se estableció la concentración de las FARC en zonas veredales transitorias de normalización (ZVTN) lo que implicó el abandono de las FARC de zonas productoras, de transformación y acopio de drogas bajo su influencia por razón de la rebelión. Dada la ausencia de una estrategia de seguridad estatal para estos territorios, se produjo el rápido copamiento de aquellas áreas por parte de estructuras de seguridad del narcotráfico y otras organizaciones que sacan partido de la zona gris en los precarios límites entre legalidad e ilegalidad. De cara al panorama presentado, el nuevo contexto armoniza con la vigencia de un mercado internacional de cocaína en auge, y promisorio en sus perspectivas de demanda y movilidad de rutas y redireccionamientos de gran cobertura global.

Por otro lado, si la actual política frente a los cultivos de uso ilícito fracasa o se privilegian acciones de fuerza para reducir áreas en el corto plazo, la estructura de mercado transnacional ofrece condiciones óptimas para volver a vincular economías campesinas en crisis o que resulten frustradas de los intentos del programa de sustitución de cultivos.

En tal sentido, ese panorama favorece la vigencia de las estructuras guerrilleras renuentes al proceso de paz y que se sitúan favorablemente en la geopolítica de la coca/cocaína, como en el caso del Frente Primero de las FARC, ubicado en el núcleo Guaviare-Meta, con incidencia en los departamentos con frontera con Brasil. Esta situación, sumada a la persistencia del conflicto con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos con capacidad de ejercicio de la violencia, prolonga factores de inestabilidad a la construcción de paz a escalas local y regional.

Si la paz se entiende como construcción de Estado en zonas por fuera de su influencia, los caracterizados escenarios de ilegalidad y corrupción del ámbito nacional, más las dinámicas locales territoriales en el mismo sentido, acarrean costos políticos sobre la legitimidad institucional, y estos se observan en la ausencia de una delimitación entre prácticas legales e ilegales que emana de altos responsables de la institucionalidad misma del Estado colombiano.

A continuación se observan en detalle los problemas más relevantes, asociados con el tratamiento del narcotráfico en el marco del fin del conflicto armado y de la construcción de paz en Colombia.

Principales desafíos a la paz liberal en Colombia:el vínculo de seguridad y desarrollo

Características del problema

El concepto de paz liberal se ha tomado de la ciencia política 26y metodológicamente podría ser usado como un tipo ideal weberiano. Este concepto se alimenta de las experiencias internacionales sobre conflictos y paz. A mediados de los noventa, el núcleo de su contenido se focalizó en el concepto de democratización y buen gobierno, el respeto por la vigencia de la ley, la promoción y protección a los derechos humanos, el crecimiento de la sociedad civil y el desarrollo de economías de mercado. Más tarde, todos estos elementos han sido contrastados por los más recientes escenarios de guerra y sus impactos, sobre todo de orden regional 27.

Las dinámicas del conflicto y la búsqueda de soluciones en escenarios complejos, especialmente en los involucrados con economías de guerra, han introducido elementos desafiantes a las posibilidades de construcción de paz. El caso colombiano se torna icónico para un contexto que sigue lo acordado para el fin del conflicto. Observemos tres aspectos centrales en la creación de un proceso de paz liberal relacionado con zonas dependientes de economías de guerra o desafíos asociados con la acumulación de capital en actividades criminales:

• La dimensión de los cambios en los ámbitos regionales: el principal desafío es transformar realidades dependientes de la economía del narcotráfico y otras fuentes como recursos naturales (minería ilegal, petróleo/gasolina, maderas), las cuales han servido como economías de guerra y como objeto de codicia; así, ha producido transformaciones en los objetivos de muchos grupos en armas. En cualquier caso, son economías criminales que han generado el involucramiento de comunidades excluidas y que históricamente han producido en estas una oportunidad de ingreso.

• El Acuerdo de Paz generó una oportunidad para reordenar territorios e incorporarlos a los procesos de desarrollo nacional; no obstante, en el encausamiento de ese propósito la concreción del vínculo seguridad/desarrollo es un soporte fundamental.

• Tanto el desafío socioeconómico como la seguridad responden al grado de concreción política de la paz liberal pretendida y su implementación, lo que demanda procesos relacionados con institucionalidad, legislación, calidad técnica en los procesos de acompañamiento, dinámicas de participación, como quiera que se trata de producir una transformación de realidades complejas.

El paradigma de la paz liberal tiene la virtud metodológica de desvelar los distintos intereses subyacentes en los procesos de posconflicto, produciendo dilemas desafiantes de cara a las transformaciones socioeconómicas y de seguridad para los territorios implicados en la confrontación y que buscan ser parte de la superación del conflicto. A continuación se pueden observar los elementos clave para valorar esos desafíos.

Los desafíos frente a dinámicas regionales con fuerteincidencia de economías criminales

Las transformaciones económicas y sociales

El desafío más importante es cambiar un sistema económico y el afianzamiento de prácticas culturales que han contribuido a producir un tipo de mentalidad, a la generación de procesos específicos de relaciones sociales y finalmente, a maneras de entender y asumir la institucionalidad. Fenómenos que han prevalecido por décadas y han sido el soporte de los procesos de poblamiento de muchas regiones. En consecuencia, no se trata simplemente de sustituir cultivos de coca, marihuana o amapola. De hecho, los productos internos brutos (PIB) locales y regionales dependientes de la ilegalidad y el lavado de activos son significativos, y generan gran parte del ingreso local en escenarios de informalidad y bajo desarrollo. Se trata, también, de una economía transnacional ilegal que incluso involucra a territorios de países fronterizos que han servido de soporte de servicios o de rutas para esas economías. Frente a estos retos, no se observan estrategias para una transformación económica de grandes dimensiones ni se reconocen formas de interdependencia en que se sustenta el carácter regional de esa economía y sus implicaciones.

Adicionalmente, Colombia ha tenido una larga trayectoria en materia de políticas públicas para la búsqueda de alternativas a la dependencia local y regional de la economía ilegal de la coca. No obstante, resulta preocupante el bajo nivel de racionalización y contraste de esas experiencias, e incluso el menosprecio que se exhibe a la hora de rescatar la memoria de los procesos tanto de elaboración como de implementación de política y que dejan de lado lo que en el lenguaje institucional se denomina “lecciones aprendidas”. Bajo estas consideraciones, observemos qué tipo de resultados dejan los intentos por cambiar realidades locales, considerando como finalidad la sustitución de los cultivos declarados ilícitos.