Jorge Pérez Jaramillo - Medellín

La democratización de la ciudad durante los años noventa trajo consigo la creación y el desarrollo de un conjunto de instituciones públicas. Se cuenta con un conglomerado público de instituciones además de Empresas Públicas de Medellín, como la empresa Metro, la Agencia de Cooperación e Inversión (aci), la Empresa de Desarrollo Urbano (edu), la Empresa de Seguridad Urbana (esu), Ruta-n, Metrosalud, la Agencia de Educación Superior (Sapiencia), el Centro de Convenciones Plaza Mayor, entre otras que suman más de 50. Muchas de estas instituciones de reciente creación son herramientas que brindan una gran capacidad de acción pública al Estado y funcionan como mecanismos para desarrollar proyectos e inversiones. Otros sectores sociales, académicos y empresariales se han sumado en este compromiso con la ciudad, y frecuentemente han apoyado la creación de procesos y entidades para fomentar el desarrollo regional y municipal. Diversas organizaciones sociales y culturales, así como un tejido amplio de agremiaciones y fundaciones, han creado formas asociativas transformadoras, que apoyan a la alcaldía y despliegan acciones de interés público.

Como dije antes, con la elección popular de alcaldes y la descentralización del Estado colombiano, justo en la etapa de mayor crisis de Medellín, se formó una coincidencia fundamental, momento en el que la desesperanza encontró oportunidades para la resiliencia y la reinvención, una etapa inspiradora y creativa, que congregó a la sociedad alrededor de un amplio diálogo social y de construcción democrática. La legislación colombiana define herramientas de gestión estratégicas, que aseguran cierto grado de planificación y construcción participativa de las iniciativas de gobierno, para lo cual ha elaborado el plan nacional y los planes municipales de desarrollo a partir de la Ley 152 de 1994. Estos constituyen un marco político y técnico muy interesante, en el cual se implementan las competencias municipales. De manera complementaria, Medellín creó un sistema para desplegar herramientas institucionales con democracia y eficiencia de la gestión.

Colombia ha dotado a sus municipios de algunos elementos positivos y la legislación exige gobernar con un nivel esencial de planificación. Los líderes políticos están obligados a estructurar un programa o plan de gobierno y registrarlo como requisito legal antes de su postulación electoral. Una vez elegido, el alcalde debe formular el llamado Plan de Desarrollo como compromiso vinculante para concretar las propuestas del programa de gobierno postulado, estructura definitiva de la manera en que se desarrollará su gestión. Esto deriva en un Plan de Desarrollo (Ley 152 de 1994), que es un esquema participativo consultado con la ciudadanía y aprobado por el Concejo Municipal, a partir del cual se rigen las decisiones e inversiones. El Plan de Desarrollo, a su vez, debe honrar el Plan de Ordenamiento Territorial vigente y, en el caso de Medellín, ceñirse entre otros aspectos al Sistema Municipal de Planeación, que incluye los planes de desarrollo local por comunas y otros procesos participativos. Más adelante explico algunos elementos acerca de la incidencia de estos mecanismos en Medellín, entre 1998 y 2015.

El elemento sustantivo del diálogo social y la experimentación es la ciudadanía. Se puede afirmar que, en buena medida, la esencia del cambio positivo de Medellín coincide con la democratización y el desarrollo institucional y político que significan las reformas constitucionales y legales y la reinvención del Estado a nivel local. De la mano de la participación de los habitantes, se ha generado un camino de formación ciudadana y fortalecimiento de la sociedad política y cívica. Nuevamente, las universidades desempeñan un papel fundamental, pues han inspirado, con otras instituciones, reformas, políticas y acciones públicas que definen buena parte de las expresiones democráticas locales. El Centro de Estudios del Hábitat Popular (Cehap) de la Universidad Nacional, el Instituto de Estudios Regionales (iner) de la Universidad de Antioquia, la Corporación Región, entre otras organizaciones, impulsan propuestas que dan vitalidad a la democracia participativa local.

Al retomar la crisis de Medellín, es pertinente plantear cómo se dieron escenarios que facilitaron los conflictos. Una sociedad muy conservadora, tradicionalista y fragmentada, conformada de tal manera que unos pocos concentran la riqueza, la propiedad de la tierra y el poder, con marcadas diferencias de clases sociales (a lo largo de varias décadas, cerca de la mitad de la población había vivido en condiciones de pobreza y niveles limitados de empleo o en la precariedad), que ha padecido exclusión social y territorial, enfrentó su situación. Diversas comunidades barriales fracturadas se organizaron y en algunos sectores estratégicos formaron grupos ilegales para operar de contrabando, traficar narcóticos, realizar extorsiones, ejerciendo control territorial sectorial mediante pandillas que acumularon gran poder económico y capacidad de agresión. Dichas estructuras combinaron bases locales con organizaciones internacionales que en muchos escenarios desplazaron y suplantaron las instituciones formales y poder político nacional e internacionalmente.

El narcotráfico se insertó en las fracturas de la sociedad urbana, no las creó. Se aprovechó de los intersticios que dejaba el modelo que estaba en crisis y sobre ellos creció (Patiño Villa, 2015).

El impacto de estas dinámicas ha sido extremo y generó una ciudad del dolor, una crisis autodestructiva de un orden político, económico y social muy precario, seriamente amedrentado y con mínima capacidad de reacción. Esta problemática ha ido mutando y ahora presenta diferencias sustanciales, pero prevalece.

Sin duda, uno de los más graves hechos derivados del narcotráfico fue el ejercicio de poder de Pablo Escobar y otros delincuentes. Con su capacidad económica, su cobertura territorial y una organización criminal muy desarrollada permearon las altas esferas del poder político, social y empresarial, con incidencia en el escenario local y nacional. La vinculación inicial de estos delincuentes –especialmente de Escobar– con organizaciones políticas, empresariales, religiosas y sociales se integró con las estructuras de la sociedad y transgredió el orden durante un largo periodo; a medida que creció se evidenciaron los riesgos y las implicaciones éticas y morales de las mutaciones que propiciaba. Cuando el Estado reaccionó de forma tardía e inconsecuente planteando la persecución y extradición de los grandes narcotraficantes, se desencadenó una campaña de terrorismo y muerte. La dimensión terrorista y destructora de Escobar y su gente, tras sus conflictos con otros grupos ilegales, como el llamado Cartel de Cali, con sectores de la clase política y empresarial (con quienes tuvo relaciones estrechas durante varios años), así como con el resto de las instituciones transformó a Medellín en una ciudad inviable, de muerte y desesperanza (Salazar y Jaramillo, 1992).

En un esquema global de cierta complacencia frente a las drogas, desde hace varias décadas países como los nuestros reciben desde otros territorios elementos básicos para la producción de narcóticos, como precursores químicos esenciales y armas. Estos recursos son indispensables para la conformación de organizaciones criminales, que se apoyan sobre estructuras poderosas de lavado de activos y recursos financieros, en medio de un creciente mercado de consumo global de narcóticos cada vez más sofisticado y de mayor escala. Latinoamérica tiene pocas expectativas de éxito en su lucha contra el narcotráfico.

Medellín y Antioquia tienen condiciones muy favorables para ser puntos clave en esta cadena de negocios, por su localización geoestratégica, su entorno rural extenso conformado por selvas y la vecindad con dos océanos. “[E]l narcotráfico no surgió espontáneamente sino que se estructuró sobre las redes existentes previamente del tráfico ilegal de mercancías, y estas, a su vez, se estructuraron sobre el tráfico ilegal aurífero, practicado a lo largo del siglo xix, que tenía a Medellín como epicentro de actividad financiera y económica” (Patiño Villa, 2015).