Desde finales de la década de los ochenta la ciudad trabajó con programas de reurbanización y mitigación de los problemas en los barrios. Primero mediante iniciativas sectoriales, después desde la Consejería Presidencial y más adelante con el Programa Integral de Mejoramiento de Barrios Informales (Primed). Esto significó una muy importante experimentación que se intensificó y se definió posteriormente como política pública municipal y tuvo muchos avances durante las alcaldías de Sergio Fajardo y Alonso Salazar, con proyectos como el de Juan Bobo y La Herrera y Moravia, entre otros. Finalmente dichos esfuerzos se integraron en el Plan de Ordenamiento Territorial (pot) vigente.
A través de estos proyectos se ha buscado consolidar la urbanización respetando el arraigo y la posición en el territorio de comunidades sin alternativas, con una perspectiva social y política que ha evolucionado para comprender que el camino de la regularización, legalización y estabilización de los barrios es la mejor alternativa para alcanzar una sociedad viable y mitigar la vulnerabilidad y el déficit habitacional. Desde la etapa del Programa de Mejoramiento Integral de Barrios Informales de Medellín hasta los últimos años, con la perspectiva del urbanismo social y las políticas del Plan de Ordenamiento Territorial, se viene trabajando en una agenda cautelosa de superación de la urbanización incompleta.
Como se ha mencionado antes, el relativo esplendor económico alcanzado por Medellín en la primera mitad del siglo xx, gracias a su fase de industrialización, entró en declive profundo durante la década de 1970, que coincidió con un periodo de crecimiento migratorio e intensa urbanización. Esta dinámica económica se agravó extremadamente a finales de los ochenta y, desde entonces, los males estructurales alcanzaron su clímax e hicieron que la ciudad viviera momentos muy críticos.
Un primer problema fue el cierre del Ferrocarril de Antioquia, tras la ordenanza de la Asamblea de Antioquia del 15 de agosto de 1961, mediante la cual se aprobó la venta de la empresa a la nación y la liquidación de Ferrocarriles Nacionales de Colombia. Sin este medio de transporte y en medio de la cordillera de los Andes, nuestro territorio distante de los puertos quedó a merced de una red precaria de carreteras y rutas de camiones, con la consecuente pérdida de competitividad en los mercados. Justamente en estos años se dieron cambios a nivel global (como la expansión industrial y productiva de los países asiáticos) y emergió la apertura mundial de los mercados, profundizada por las políticas neoliberales implementadas en Colombia y el continente. Fue una etapa de ajustes económicos muy complejos, pues a la pérdida de competitividad de la industria manufacturera local se sumaron dificultades para productos tradicionales como el café y la minería.
Otro problema de proporciones enormes fue la fuerte urbanización con las inmensas demandas de los nuevos pobladores de la ciudad, tanto de empleo como de condiciones de vida, una situación desesperante para muchos sectores que habían dejado sus tierras y patrimonios en busca de oportunidades.
El tercer gran problema derivó de la crisis internacional del pacto mundial de precios y la producción de café en la región, lo cual impactó estructuralmente las dinámicas territoriales, fomentó la emigración y propició la destrucción de valor en la economía local. Con estas condiciones, tanto en Medellín como en Antioquia nos encontramos ante un escenario problemático que excedía nuestras capacidades.
Algunos otros aspectos contribuyeron a la persistencia de la crisis de Medellín, que se extendió durante la última década del siglo pasado: crecientes niveles de centralismo, tanto desde Bogotá a nivel nacional, como desde Medellín a escala regional; precariedad democrática y clientelismo político como características generalizadas de la situación electoral colombiana, así como notorios niveles de corrupción pública y privada, resultados del periodo político denominado Frente Nacional, como se le llamó al “acuerdo político del año 1957 con el Pacto de Sitges, tras derrocar al dictador Rojas Pinilla, [el cual] configura una coalición entre los partidos liberal y conservador, que definió al cabo del tiempo una democracia de partido único sin oposición que permanecería hasta 1974” (Melo, 2017). La ausencia de democracia local fomentó las dificultades, pues las tensiones en una ciudad gestionada con mínima participación ciudadana, sin instituciones ni políticas cercanas a la gente, configuraron un entorno frágil.
En otro sentido, la comunidad antioqueña tiene entre sus señas de identidad, fuertes y arraigadas costumbres en el comercio, con alto nivel de desarrollo y proyección a nivel nacional. Sin embargo, es tradicional también la tendencia al comercio informal y el contrabando, fortalecida gracias a nuestra localización geoestratégica, vecina del Canal de Panamá, los dos océanos y los vastos territorios selváticos, que dificultan el control pleno del Estado. También es característica común de nuestra sociedad cierta tendencia al oportunismo en los negocios, que se complementa con la llamada “viveza paisa”, condición muy parecida al concepto del “todo vale” al momento de conseguir objetivos en los negocios.
Más recientemente, desde los años setenta, en Colombia se expandió el narcotráfico que encontró condiciones favorables en la región, con alto grado de desarrollo y condiciones que permearon diversos espacios sociales, empresariales y políticos. Durante las décadas siguientes Medellín y Antioquia colapsaron ante su propia encrucijada ética y social, con expresiones dramáticas de corrupción, violencia, terrorismo y muerte (Salazar y Jaramillo, 1992; Martín, 2012).
1987-2015, la crisis como oportunidad, el laboratorio del cambio y la resiliencia
En el contexto descrito aprendimos a diagnosticar, planear y ejecutar proyectos para solucionar problemas con una lógica que nos permite entender que los planes y procesos de participación son estratégicos pero insuficientes, y es necesario combinar plan y acción con adecuado presupuesto. En Medellín, combinamos métodos democráticos y participativos con instrumentos derivados de la planificación, el urbanismo, la gestión urbana y la arquitectura con la construcción de obras e infraestructuras, junto con visiones innovadoras para crear proyectos, así como nuevas instituciones y fuentes de financiación.
Desde los críticos años ochenta se dieron las condiciones para la promulgación de la nueva Constitución que dio pie a la descentralización administrativa del país, específicamente mediante la elección popular de alcaldes. “El proceso de descentralización que ha adelantado el país durante la última década busca cumplir con uno de los propósitos de la Constitución de 1991, que consiste en consolidar a Colombia como una República unitaria, descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales” (Departamento Nacional de Planeación dnp, 2002).
Medellín encontró en medio de su crisis una opción para reinventar su institucionalidad pública. Desde esos años, la ciudad ha desarrollado diversas e innovadoras arquitecturas institucionales para la planeación y la gestión social, en respuesta a sus limitados recursos y a las exigentes condiciones de su evolución.
Una de las más notables entidades es Empresas Públicas de Medellín (epm), fundada en 1958, con carácter 100% público. Es una propiedad plena del municipio de Medellín, que ha conseguido una potente expansión nacional e internacional, gracias a empresas en varios países de Latinoamérica. Se trata de un extraordinario instrumento en apoyo a la equidad regional, gracias no solamente a su capacidad para prestar servicios de acueducto, alcantarillado, gas, telecomunicaciones y gestión de residuos con alto nivel de cobertura y calidad, sino también debido a que transfiere al municipio de Medellín un porcentaje de su rentabilidad anual, con cifras cercanas al billón de pesos. Este monto constituye una fuente excepcional del presupuesto de la ciudad para inversión social. Es, sin lugar a dudas, el mayor patrimonio empresarial público de nuestra sociedad.
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