José Luis Benavides - Fallos referentes en contratación estatal

Mediante la Sentencia C-1125 de 2008, la Corte Constitucional decidió respecto de la demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo del artículo 3.º de la Ley 1148 de 2007. Allí el alto tribunal señaló que, como lo ha reconocido la jurisprudencia constitucional colombiana, la igualdad normativa presupone necesariamente una comparación entre dos o más regímenes jurídicos que actúan como términos de comparación; por regla general, un régimen jurídico no es discriminatorio considerado de manera aislada, sino respecto de otro régimen jurídico. Además, la comparación por lo general no tiene lugar respecto de todos los elementos que integran la regulación jurídica de determinada situación, sino solo respecto de aquellos aspectos que son relevantes teniendo en cuenta la finalidad de la diferenciación. Por consiguiente, ello supone que la igualdad también constituye un concepto relativo, pues dos regímenes jurídicos no son iguales o diferentes entre sí en todos sus aspectos, sino respecto del criterio o los criterios empleados para la equiparación.

La Corte Constitucional propone un control de constitucionalidad mediante el test de igualdad, que también es válido en el ámbito del derecho administrativo por la precisión del alcance del principio general de igualdad en su acepción de igualdad de trato, a partir del cual se desprenden dos normas que vinculan a los poderes públicos —uno de ellos, p. ej., la Administración pública—: por una parte, un mandamiento de tratamiento igual que obliga a dar el mismo trato a supuestos de hecho equivalentes, siempre que no existan razones suficientes para otorgarles un trato diferente; y por otra, el principio de igualdad comprende un mandamiento desigual que obliga a las autoridades públicas a diferenciar situaciones distintas. Y así la Corte lo descompone en cuatro mandatos que tienen sustento en el artículo 13 superior, con el propósito de proteger a los titulares de este derecho de comportamientos de las autoridades que sean discriminatorios y carezcan de justificación: 1) un mandato de trato idéntico a destinatarios que se encuentren en circunstancias idénticas; 2) un mandato de trato enteramente diferenciado a destinatarios cuyas situaciones no comparten ningún elemento en común; 3) un mandato de trato paritario a destinatarios cuyas situaciones presenten similitudes y diferencias, pero las similitudes sean más relevantes a pesar de las diferencias; y 4) un mandato de trato diferenciado a destinatarios que estén también en una posición en parte similar y en parte diversa, pero en cuyo caso las diferencias sean más relevantes que las similitudes.

Se considera que en contratación estatal, cuando se trata de las convocatorias públicas en las que las reglas de participación se encuentran en los pliegos de condiciones, el mandato que se aplica para determinar la igualdad de trato es el que señala un mandato de trato diferenciado a destinatarios cuyas situaciones presenten similitudes y diferencias pero las similitudes sean más relevantes a pesar de las diferencias, pues se trata de dos tipos de proponentes, a saber: los que cumplen con las reglas establecidas en los pliegos de condiciones elaborados por la entidad estatal en invocación del interés público y los demás proponentes, que consideran que están en capacidad técnica, financiera y jurídica para cumplir con el objeto del contrato pero que no reúnen los requisitos exigidos por la entidad estatal, a pesar de ser idóneos para cumplir con el objeto del contrato. En este caso se trata de dos espectros de proponentes que son diferentes en términos técnicos y financieros, pero que tienen en común la posibilidad de cumplir con el objeto del contrato y por tanto no ponen en riesgo el interés general. En el cuadro 1se ofrecen algunos ejemplos para entender el debate del juicio de igualdad propuesto por la Corte Constitucional.

CUADRO 1. LICITACIONES PÚBLICAS CON REGLAS DE EXPERIENCIA RESTRICTIVAS DE DERECHO A LA LIBRE COMPETENCIA ECONÓMICA EN CONEXIDAD CON EL DERECHO DE IGUALDAD

a< https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=11-1-64082>

b< https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=12-1-77358>

c< https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=12-1-81179>

d< https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-1-105024>

e< https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-1-106295>

f< https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-1-107122>

g< https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-1-107185>

h< https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-1-107313>

i< https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-1-107534>

j< https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-1-107814>

k< https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-1-108083>

l< https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-1-108148>

m< https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-1-108648>

n< https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-1-108663>

ñ< https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-1-109311>

o< https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=13-1-89294>

p< https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-1-110165>

q< https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-1-111186>

r< https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=14-1-111368>