Esta peculiaridad del proceso de cambio ha generado un desarrollo desequilibrado en la discusión y la garantía de unos derechos y otros. Por un lado, ha surgido toda un área de especialización —teórica y práctica— en materia electoral y de derecho al voto que en los últimos años ha producido importantes avances en los criterios de interpretación y desarrollo de los contenidos; por el otro, el debate de todos los demás derechos continúa encerrado en un poder judicial que —con excepción de algunos jueces— sigue actuando y resolviendo a partir del paradigma decimonónico y restrictivo de las garantías individuales, bajo una lógica formalista que se funda en un positivismo legalista centrado en la ley y con enorme desconocimiento del derecho internacional de los derechos humanos. Ello diluye gran parte del potencial transformador de los derechos.
Si bien es cierto que lo anterior se debe en importante medida a que el Poder Judicial sigue siendo la misma maquinaria que se construyó bajo la sombra del sistema autoritario en el que la ley no podía ser interpretada, sino solo aplicada, en tanto contenía la decisión de la cúspide del poder, también es verdad que existe una importante responsabilidad de las propias escuelas y facultades de derecho.
Estas últimas, en su mayoría, continúan transmitiendo una cultura jurídica basada en el formalismo; es decir, la confianza en el derecho como un sistema completo y coherente de normas positivas que deben ser aplicadas con base en un razonamiento deductivo o en la convicción de neutralidad de las decisiones judiciales. Un gran número de profesores continúa glorificando el derecho, equiparándolo con la verdad (jurídica). Por ello, en muchos salones de clase, subsisten métodos pedagógicos que provienen de la educación clásica disciplinaria y se basan en la memorización de artículos, como si estos fueran dogmas que deben ser interiorizados por los estudiantes. Esto inhibe la capacidad analítica y reflexiva sobre los contenidos normativos y sus relaciones con la vida social, como si las leyes no pudieran ser equívocas, tener una estrecha relación con poderes privados o producir el empobrecimiento y la exclusión de amplios sectores de la población.
No puede olvidarse que el derecho debe ser un instrumento capaz de colaborar a la solución de los problemas que enfrentan los pueblos, y no una maquinaria autoprogramada que resuelva de forma irreflexiva a partir de fórmulas preconstruidas. Se debe pensar, como procedieron los teóricos del realismo en Estados Unidos en su momento —y hoy lo hace el pensamiento jurídico crítico latinoamericano—, que los abogados también pueden actuar como ingenieros sociales capaces de aportar soluciones prácticas y creativas a los problemas de la sociedad en aras de su transformación. Sin embargo, para que esto suceda se requieren enfoques más flexibles, provenientes de diálogos interdisciplinarios que ayuden a conformar nuevas generaciones de abogados con capacidad crítica y analítica que les permita relacionar las respuestas jurídicas con la realidad de las comunidades.
Este libro abre tal discusión en México. La reflexión sobre los derechos a la que convoca desde múltiples disciplinas permite entender la necesidad de plantear lo jurídico desde fuera: desde el internacionalismo, la historia, la antropología, la teoría política y el feminismo. Tiene la virtud de generar en los lectores la claridad de los vínculos que existen entre los derechos y las políticas públicas, los pueblos indígenas, las mujeres, el poder judicial y la propia democracia. Por ello, es un texto indispensable para el debate jurídico contemporáneo; a través de él, los autores y las autoras proponen repensar el derecho y los derechos en su relación con las distintas realidades económicas, políticas y sociológicas. En un contexto tan complejo de inseguridad, violencia y desigualdad, es necesario traspasar las estructuras rígidas del pensamiento formalista y disciplinario que caracteriza al campo jurídico en México, para lograr que el derecho y los derechos se conviertan en herramientas útiles, capaces de aportar soluciones pertinentes y congruentes con la construcción de una democracia constitucional.
Ariadna Estévez, Daniel Vázquez
Desde hace por lo menos treinta años, el estudio académico de los derechos humanos ha dejado de ser terreno exclusivo de la disciplina jurídica y se ha convertido en un objetivo compartido por las diversas disciplinas sociales y humanísticas. La agenda de investigación social en derechos humanos incluye aspectos estructurales y subjetivos de fenómenos, tales como la migración, el libre comercio, la globalización, la educación, la flexibilidad laboral, las elecciones democráticas, la construcción de identidades culturales y otras, los derechos indígenas, el terrorismo, las disputas por el agua, las negociaciones políticas por el cambio normativo internacional, la violencia contra las mujeres, el uso del derecho con fines políticos o de represión, los procesos de reconciliación después de la transición democrática, etcétera.
La discusión teórica, el análisis conceptual y los estudios empíricos sobre derechos humanos se han ubicado ya en las ciencias sociales, y en la academia anglosajona y latinoamericana existen diversos seminarios de investigación y coloquios en los que se discuten los estudios más recientes. Desafortunadamente, en México el estudio de derechos humanos sigue confinado a la disciplina legal, y poco se conoce de las herramientas teóricas y metodológicas que faciliten el análisis social de los derechos humanos, así como de la agenda social, política, internacionalista, antropológica y económica, en el campo.
Sobre las causas de esto, solamente pueden aventurarse especulaciones e hipótesis no verificadas —desde la legalización del discurso de derechos humanos vía la sociedad civil, hasta el convencimiento en la academia de que, efectivamente, los derechos humanos se estudian mejor desde el derecho—, pero es un hecho que en México no hay espacios específicos para debatir el tema desde una perspectiva conceptual, ni una agenda de investigación no legal. La falta de un enfoque sistemático hacia el estudio social de los derechos humanos hace que la investigación que sí se realiza tenga que recurrir a fuentes legales, que no ayudan a responder las preguntas de investigación propiamente sociales, y provocan que esa investigación se pierda entre la copiosa producción académica de las ciencias sociales.
Con esta preocupación en mente, en noviembre de 2008, el Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) y la Flacso México convocaron a un grupo de académicos de las ciencias sociales, con especialidad en derechos humanos, a participar en un seminario en el que se abordaron los derechos humanos a través de las diversas disciplinas de las ciencias sociales, en vez de hacerlo desde el derecho. Aun cuando su enfoque son los estudios regionales, el CISAN y la Flacso están conscientes de la importancia de los derechos humanos en la agenda de investigación social del continente, por lo que auspiciaron la creación del Seminario Multidisciplinario de Análisis de Derechos Humanos. El apoyo del entonces director del CISAN, José Luis Valdés Ugalde, fue fundamental para echar a andar el proyecto.
El seminario se propuso iniciar el largo recorrido de extraer la investigación sobre derechos humanos del derecho y complejizar su estudio ubicándolo en las ciencias sociales. Durante el primer año del seminario, los integrantes tuvimos varias sesiones de discusión interna para definir cuál era el estado de esta cuestión dentro de la agenda temática y de debate conceptual en el estudio de derechos humanos, desde las diversas disciplinas y subdisciplinas sociales. El libro que tiene en sus manos es producto del trabajo colectivo realizado en esa primera etapa del seminario.
Читать дальше