Mauricio Bedoya Hernández - Repolitizar la vida en el neoliberalismo

Si retornamos al caso específico de la salud mental, consideramos que su privatización puede ser pensada en dos vías: la vía positiva y la vía negativa. En el primer caso, los servicios que buscan promover la salud mental en la población son, ahora, ofrecidos por las empresas privadas y por el mismo Estado, que ha devenido en sí mismo empresa. En el segundo caso, acudimos a la privatización del envés de la salud mental: la enfermedad mental. Fisher (2016), en su diagnóstico del presente, plantea que el neoliberalismo ha logrado individualizar las explicaciones de la precarización de la vida de los individuos y, de paso, anular los aspectos de la estructura social y estatal como explicación de la precariedad contemporánea de los ciudadanos.

En este contexto, problematiza el incremento de la enfermedad mental en amplios sectores de la población y plantea que la privatización de los problemas de enfermedad mental conlleva que sean interpretados como condiciones neuroquímicas del individuo o como conflictos en el orden histórico y familiar, pero en ningún caso como consecuencia de las condiciones sociales en las que ha vivido el sujeto. La conclusión de Fisher es que este segundo orden de privatización, el de la enfermedad mental, conduce irremediablemente a la imposibilidad de toda politización.

En respuesta a Fisher, en este texto consideramos que el sujeto sí asume una práctica política, una en la que se define no tanto como sujeto de derechos, cuanto como jugador activo en el juego del mercado de los servicios y productos de salud. Esto mismo sucede en los demás ámbitos atinentes a su seguridad existencial. La posición política subjetiva se despliega alrededor de consideraciones puramente económicas y mercantiles. Se aprecia, en este sentido, un vestigio de lo que hay que entender por despolitización de la vida.

El Estado, en este proceso, comienza a ocupar dos lugares, el de proveedor de servicios privados y el de regulador del mercado, en este caso del aseguramiento. En efecto, al transformar la naturaleza de lo público, privatizándolo, el Estado mismo se asume como proveedor privado de las necesidades asociadas al cobijo y la subsistencia presente y futura. En otras palabras, funciona como empresa y como proveedor de productos de aseguramiento, préstamos educativos, compañías de seguros y empresas de salud estatales, etc. Por otro lado, el Estado se convierte en regulador de ese mercado del aseguramiento. El sistema legal se ha visto sometido a la economización y a los imperativos del mercado. De este modo, la denominada constitución económica, tan anhelada por los ordoliberales, por fin se ha cristalizado, como lo muestran Laval y Dardot (2017). Sobre esto volveremos más adelante.

Dos paradojas asoman su rostro en este posicionamiento propio del Estado. La primera despliega una extraña posición en la que el Estado se comporta como empresa, comerciante e inversionista y, al mismo tiempo, es quien regula el mercado mediante la constitución de un sistema legal, cuyo horizonte es el encumbramiento de la economía, el consumo, la producción, la venta de bienes y servicios y el comercio, en general. La segunda paradoja se refiere a que quien regula el mercado no lo hace para beneficio de la población, sino para el usufructo de los grandes inversionistas, las multinacionales y el sistema financiero.

En estas condiciones, la racionalidad neoliberal catapulta la individualización en la provisión del aseguramiento ontológico de las personas en un doble discurso. Por un lado, el de la existencia “cierta” de los riesgos asociados al vivir y, por el otro, el de la “certeza” de que el afrontar tales riesgos no puede ser más que una práctica personalizada. O sea, el riesgo es inevitable y debe ser gestionado por cada individuo. Esto quiere decir que la privatización de lo público se alimenta del riesgo y la inseguridad en tres sentidos: usufructúa el discurso del riesgo y la inseguridad propios del vivir, promueve un estado de inseguridad y seduce al ciudadano para vivir en riesgo. Si bien el discurso del riesgo y la inseguridad no son propios de la forma gubernamental del presente, sino del liberalismo clásico, el neoliberalismo saca partido de él. Así, se sabe que el liberalismo clásico le teme a la inseguridad y ello se convierte en el fundamento de la aparición de los dispositivos de seguridad (Foucault, 2006) y de la preocupación social del Estado decimonónico.

Como lo muestra Nikolas Rose (2007), una de las estrategias gubernamentales por excelencia en los últimos dos siglos ha sido enarbolar el discurso sobre el riesgo. En efecto, este discurso es propio de una forma de racionalidad que en el siglo xix “implicó nuevos métodos de entender y actuar sobre la desgracia en términos del riesgo” (p. 131). La incertidumbre asociada no solo al vivir y al porvenir, sino también a las formas de producción y pauperización capitalista de la vida, fue manejada mediante técnicas que pretendían hacer calculable el futuro. Así que se popularizó la narrativa social sobre el riesgo y la incertidumbre y con ello emergieron las prácticas del aseguramiento, las cuales permanecieron a lo largo del siglo xx, apoyadas en la democratización del discurso sobre la seguridad y contra el riesgo.

¿Qué cambió con el advenimiento del neoliberalismo? Puede verse que la relación ciudadano-Estado y trabajador-patrón estuvo rodeada de una continua tensión. En este orden de la negatividad, acudiendo a la denominación que hace Byung-Chul Han (2014), en el liberalismo se concebía el riesgo, la inseguridad y la incertidumbre como realidades generadoras de tensión, cuyo manejo debía comprometer también al Estado. De esta forma, el discurso del riesgo se acompañó de iniciativas estatales tendientes a su disminución y control. De hecho, la misma estabilidad de los Estados se veía amenazada por esta narrativa.

Coincidimos con Lorey (2016) en su idea de que, en el presente, no se le teme al riesgo tanto en su manifestación individual como en la social. Más aún, el Estado mismo es productor de riesgo y, además, cohonesta con el que es producido por las formas de vulneración de la existencia humana en el presente. Esta situación resulta ser más ampliamente descrita por Wendy Brown (2017), quien no duda en sostener lo siguiente:

Las crisis fiscales, los recortes de personal, las subcontrataciones y los despidos, todos estos y más pueden ponernos en peligro, incluso si hemos sido inversionistas y empresarios diestros y responsables. Este riesgo llega hasta las necesidades básicas de alimentación y cobijo, en la medida en que el neoliberalismo ha desmantelado todo tipo de programas de seguridad social. La desintegración de lo social en fragmentos empresariales y de autoinversión elimina los techos de protección que proporciona la pertenencia, ya sea a un plan de pensión o a una ciudadanía (p. 46).

El desmonte gradual de los sistemas pensionales, la administración de los servicios de salud por organizaciones privadas —y, en muchos casos, por oligopolios—, la flexibilización laboral, la privatización de la educación, etc., hacen que las personas se enfrenten cotidianamente con el riesgo y la incertidumbre y que, maniobra calculada del neoliberalismo, lo vivan como algo normal y, más aún, como su responsabilidad.

Pero, además, el gobierno neoliberal ha seducido al individuo con la idea de vivir en riesgo. El orden de la positividad ha ganado la partida. El ciudadano vive el riesgo y la incertidumbre como algo natural; además, asume la responsabilidad por vivir en riesgo y, como si fuera poco, asume los costos de la gestión de sus propios riesgos. Así, el riesgo se ha mercantilizado (Laval y Dardot, 2013; Rose, 2007). En la medida en que cada quien paga por los riesgos propios, no hay posibilidades de entrada para la ayuda mutua, la solidaridad y la preocupación por el destino de los otros. Individualismo mercantilizado, por lo tanto.