Ignacio Ellacuría Beascoechea S J - Sobre la Universidad

Se propone incluso la directa colaboración con el Estado en el estudio de los problemas nacionales, sin mengua de su carácter esencial de centro autónomo de investigación y cultura (art. 4).

El servicio social que la universidad debe prestar es una seria preocupación de la ley. En ella aparece con suficiente claridad la idea y el ideal de que la universidad está al servicio del país, aunque este servicio se limita un tanto cuando se lo pretende cumplir desde sus «posibilidades técnicas y científicas». Todavía se aclara más este servicio, cuando se lo califica como social y se lo dirige a la elevación del hombre salvadoreño, aunque de nuevo se limita esta «elevación» cuando se le da ese nombre y cuando además se lo específica como «elevación espiritual». Incluso se le propone a la universidad una finalidad estrictamente política cuando se pretende que contribuya a la afirmación de una sociedad democrática y libre, de una sociedad que persigue afanosamente la justicia social.

Formalmente, al menos, la ley ofrece suficiente campo para que la universidad sea lo que debe ser. No haber olvidado esta dimensión esencial de la misión universitaria, es uno de los mayores méritos de sus redactores. Desde esta mayor apertura, deben, por lo tanto, entenderse las críticas que anteriormente hemos hecho de otros aspectos de la ley. Tal vez, la formulación de esta finalidad social podía apurarse más intelectualmente, pero así como está, todavía ofrece un marco lo bastante amplio para que puedan subsanarse los límites de otros apartados. Al aceptarse además que la universidad puede y debe investigar sobre la realidad centroamericana y salvadoreña en particular, la ley está abriendo cauces prácticos para realizar lo que dice querer realizar. Entrados en esta dinámica, los universitarios no podrán menos que radicalizar desde dentro todas las demás funciones y dinámicas de la universidad.

Con todo, no se resalta debidamente que la ciencia universitaria tiene que convertirse en conciencia nacional crítica y operativa del cambio social. En general, se ignora el diagnóstico que merece la actual estructuración de la sociedad. No que la ley debiera formularlo, pero sí tenerlo presente. La ley implica un concepto de universidad y un diagnóstico de la sociedad. Este último no se ha explicitado y el que puede descubrirse como implícito no es satisfactorio: la sociedad está vista como carente del debido desarrollo técnico y a suplir esa carencia parece ir configurada la aportación de la universidad. Tal diagnóstico es bien parcial y puede llevar a graves limitaciones, como las expuestas en apartados anteriores.

Se dirá que hay también un diagnóstico político cuando se insiste en la necesidad, que debe perseguirse afanosamente, de la justicia social, y en la necesidad, asimismo, de constituir una sociedad democrática y libre. Ambas son necesidades urgentes, porque son palmarias y lacerantes ausencias. La observación es, digámoslo de nuevo, justa, pues apunta a uno de los valores más notables de la ley. Silenciarlo sería incorrecto. Por eso, lo resaltamos. Y lamentamos las consecuencias debidas, al no configurar la ley desde este servicio social como determinante del quehacer universitario. Un servicio social que es sustantivamente un servicio político, desde el cual y para el cual debe configurarse toda aportación técnica y profesional. Si ese servicio –por qué no, según los casos– exige investigación inmediata, contacto permanente con la cultura universal, etc., la universidad se abrirá con entusiasmo a todo ello, pero sin perder nunca la clara conciencia y la decidida tendencia a que todo eso contribuya a su fundamental razón de ser. Lo demás sería contribuir a una crasa apolitización politizada de la universidad.

6. A modo de conclusión

En la mesa redonda con que la Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas» contribuyó al análisis del Anteproyecto de Ley, y a la que asistió en defensa del mismo el Dr. Juan José Fernández, presidente de la Comisión Normalizadora, tuve ocasión de formular las observaciones y de hacer un enjuiciamiento global del anteproyecto desde la situación histórica en que nació y que es bien conocida.

La ley está fuertemente condicionada por la condición de la que surge. El Dr. Fernández no aceptó que el anteproyecto mostrase una tensión interna entre la voluntad universitaria de sus redactores y la presión política a la que habían sido sometidos. Tal vez malentendió lo que significa presión política, que como tal no implica el que se hayan sometido a indicaciones ni menos a exigencias del poder público. Significa que la situación anterior de la universidad, con su determinada configuración política, presionaba antitípicamente hacia un nuevo tipo de universidad política. Significa que las actividades de la comisión arrancaron de una intervención armada, que exigía una ruptura radical con aspectos muy característicos de la universidad anterior. Significa que muchas de las fuerzas opuestas a la gestión anterior de la universidad desplegaron diligente actividad para hacer de ella un instrumento activo o pasivo, que favoreciera su valoración de la realidad nacional...

Dada toda esta suerte de presiones, nos parece un deber reconocer que el anteproyecto es digno de respeto. Dada la intervención recientísima del poder público, podría esperarse una ley que dejara a la universidad despojada de toda autonomía. No ha sido así, y en ello tanto la comisión como el poder ejecutivo se han mostrado prudentes y hasta generosos. La ley podía haber resultado mucho peor; su signo político podía haber sido mucho más entreguista. Haber logrado lo que se logró, en circunstancias tan difíciles, es mérito indiscutible y es prueba suficiente de la vocación universitaria de sus redactores.

Con todo, no sería honesto desconocer los límites de la ley, límites surgidos de la ocasionalidad que le es propia. Todos ellos parecen nacer del miedo a que la inteligencia universitaria contribuya decididamente al cambio social. No es difícil ver que en la situación actual del país, la universidad tiene la ineludible obligación de criticar intelectual y universitariamente la realidad nacional, tanto en sus vertientes técnicas como en sus vertientes políticas. No solo para proponer soluciones y modelos de solución, sino para contribuir a formar una conciencia operativa que potencie o frene, según los casos, las fuerzas operantes en torno al cambio social. Los poderes sociales y políticos debieran ver en la crítica pública de la universidad un elemento indispensable del avance social y el equilibrio social.

La universidad latinoamericana, tal como se la puede apreciar desde esta parcela tan diferenciada de Latinoamérica, como es Centroamérica, tiene un deber ineludible. Ojalá la Universidad de El Salvador acierte a cumplirlo, sacando el máximo partido de la ley que se le ha impuesto.

3ECA 285 (1972), 435-439. [Nota del editor].

4Anteproyecto de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de El Salvador. Texto original publicado en El Mundo, 20 de septiembre de 1972. [Nota del editor].

5Publicada en el Diario Oficial, tomo n.° 237, pp. 9670-9679. [Nota del editor].

6Carta de remisión del documento, El Mundo. [Nota del editor].

7ibidem.

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