Carlos Blancas Bustamente - Derecho electoral peruano

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Este libro aborda las materias esenciales del derecho electoral peruano, tales como la representación política, el derecho de sufragio, las elecciones y los sistemas electorales, las instituciones de la democracia directa, los partidos políticos, la administración y justicia electoral y el proceso electoral.

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Este libro se mueve, por ello, en el ámbito jurídico, por lo que su punto de partida es la normativa electoral pero no con el ánimo de hacer una exposición exegética de esta sino de explicar sus conceptos e instituciones básicas, tal como han sido desarrolladas en los sistemas democráticos y en nuestra realidad nacional. La ausencia de estudios integrales sobre el derecho electoral, salvo compilaciones legales o monografías y ensayos sobre cuestiones específicas, me ha impulsado a realizar este esfuerzo para facilitar y estimular el estudio de esta materia a los alumnos de pregrado, de posgrado, a los abogados, a los dirigentes políticos y en general a todos los ciudadanos interesados en conocer cómo funciona el sistema electoral y cuál es el rol que deben jugar en éste.

Agradezco a la Editorial Palestra por haber acogido esta obra y publicarla bajo su prestigiado sello.

Asimismo, agradezco, una vez más, a mi compañera de vida, mi esposa Meche, por su eficiente y dedicada colaboración en la preparación de este libro.

En memoria de Valentín Paniagua Corazao, impulsor de los estudios de Derecho Electoral, constitucionalista insigne, hombre probo y político cabal.

A todos los que luchan por la instauración de una democracia genuina basada en la libertad, el derecho de sufragio y el respeto a la verdad electoral.

La fuerza de sustentación del gobierno representativo se encuentra en el sufragio popular. A falta de cosa mejor, un asentimiento general, admite de antemano como buenos, aunque sea a título provisional, con cargo de posterior y periódica revisión, los dictados de la voluntad del mayor número. La carencia de elecciones dignas de ese nombre y la ausencia de mayorías reguladoras han sido el origen inmediato de nuestras agitaciones, revoluciones, dictaduras y crímenes políticos. Si hemos de extirpar estas desgracias, tratemos de hacer, al fin, una realidad del voto popular.

Manuel Vicente Villarán, 1931.

Abreviaturas utilizadas

CC : Código Civil

CIDH : Convención Interamericana de Derechos Humanos

Const. : Constitución

CP : Código Penal

CPCO : Código Procesal Constitucional

DL : Decreto Ley

E : Elección

EEUU : Estados Unidos de Norteamérica

FONAVI : Fondo Nacional de Vivienda

JEE : Jurado Electoral Especial

JNE : Jurado Nacional de Elecciones

LDPCC : Ley de los Derechos de Participación y Control

Ciudadanos

LEM : Ley de Elecciones Municipales

LER : Ley de Elecciones Regionales

LERPA : Ley de Elecciones de Representantes al Parlamento

Andino

LOE : Ley Orgánica de Elecciones

LOGR : Ley Orgánica de Gobiernos Regionales

LOM : Ley Orgánica de Municipalidades

LO/JNE : Ley Orgánica del Jurado Nacional de Elecciones

LO/ONPE : Ley Orgánica de la Oficina Nacional de Procesos

Electorales

LOP : Ley de Organizaciones Políticas

ODPE : Oficina Descentralizada de Procesos Electorales

ONPE : Oficina Nacional de Procesos Electorales

PIDCP : Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

RENIEC : Registro Nacional de Identificación y Estado Civil

RFA : República Federal de Alemania

RI : Reelección inmediata

RM : Reelección mediata

ROP : Registro de Organizaciones Políticas

RROP : Reglamento del Registro de Organizaciones Políticas

STC : Sentencia del Tribunal Constitucional

TC : Tribunal Constitucional

Capítulo I

El derecho electoral

1. CONCEPTO DEL DERECHO ELECTORAL

Al preguntarnos por el concepto del derecho electoral nos encontramos con dos posibles acepciones o dimensiones de éste que, a su vez, derivan de la doble dimensión que el derecho constitucional atribuye a los derechos fundamentales como, por una parte, derechos subjetivos y, por otra parte, normas objetivas que informan el ordenamiento jurídico1. De esta distinción surgen una concepción restringida y otra concepción amplia del derecho electoral.

1.1. Concepción restringida

Alude, y se limita, esta concepción al “derecho de sufragio”, entendido como el derecho subjetivo de todo ciudadano a elegir a sus gobernantes y, asimismo, a ser elegido para los cargos públicos. Bajo esta concepción, el derecho electoral se circunscribe a regular las condiciones jurídicas subjetivas que determinan la participación política de los ciudadanos2, y, por ello, se limita a designar “(...) la aptitud de las personas para votar y para ser elegidas”3. No cabe discusión alguna que el “derecho de sufragio” es, por así decirlo, el núcleo o fundamento del derecho electoral, pero, como veremos, este no se agota en la mera regulación del ejercicio de este derecho, sino que comprende otros aspectos no menos relevantes.

1.2. Concepción amplia

Según esta concepción, el derecho electoral “(...) alude al derecho que regula la elección de órganos representativos”4, esto es, el “(…) régimen jurídico que regula la actividad electoral, en cuanto a sujetos, objeto, sistemas, etc.”5. En este sentido, comprende, además del aspecto individual relativo al ejercicio del derecho de sufragio, los aspectos organizativos y administrativos indispensables para que las elecciones cumplan su cometido: la existencia de un régimen democrático mediante la elección de los representantes y gobernantes por el pueblo.

Y es que, el derecho de sufragio, en su dimensión objetiva o institucional, abarca el conjunto de normas, procedimientos e instituciones mediante los cuales el sufragio posibilita la participación política de la ciudadanía y el funcionamiento real y efectivo de la democracia. No debe olvidarse, a este respecto, que, si bien el sufragio es un derecho individual, en el sentido de que se atribuye a cada ciudadano como tal, su ejercicio es colectivo en la medida que sus efectos —la elección de representantes y autoridades— solo resulta posible si su manifestación es concurrente y simultánea con la de los demás ciudadanos lo que requiere la existencia de una organización y procedimientos que garanticen la existencia de esos efectos. Por otro lado, es necesario destacar la función que cumple el sufragio en relación a la democracia de la cual viene a constituir un “principio básico”6 residiendo en esta función su sentido objetivo y que garantiza la expresión libre, igual e informada de aquel, lo que es una condición esencial para la existencia de esta. Por esta razón, corresponde al Estado dictar un conjunto vasto y complejo de normas de organización y procedimiento para la realización del derecho de sufragio, pues sin estas prestaciones estatales, éste no podría materializarse y la democracia devendría un ideal irrealizable7.

En razón de ello, es que el derecho electoral, en un sentido amplio, se refiere a cuestiones tales como los sistemas electorales, la organización y la justicia electoral, los procedimientos electorales, los partidos políticos y otras materias conexas. Estas materias, como más adelante lo veremos, son estudiadas por otras disciplinas, pero, en la medida que son objeto de regulación mediante normas jurídicas, caen en el ámbito del Derecho y, en particular, del derecho electoral.

Este último, por consiguiente, se identifica con la denominada concepción amplia pues sólo así se puede considerar como un sector o área específica del Derecho. En este sentido, se le define como “(…) conjunto de principios, sistemas, formas y reglas que dan por resultado la expresión de la voluntad del pueblo en el nombramiento de sus autoridades”8; y, asimismo, se afirma que “(…) es el conjunto de normas de derecho que tienen como finalidad la regulación de las formas y procedimientos a través de los cuales se transmite el poder (…)”9. Para Aragón Reyes, el derecho electoral establece “(…) las reglas estructurales básicas de la democracia”10.

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