Camila de Gamboa Tapias - Nuevas letras

Es primordial crear una memoria de las víctimas que pretenda sentar las bases de un futuro más democrático y participativo, dirigido a la búsqueda de soluciones a los problemas a los cuales se enfrentaban desde sus orígenes. Para lograr crear la memoria de las víctimas, se deben emprender métodos diferentes con cada una de ellas, que respondan a los presupuestos de la fenomenología, puesto que el universo de estas es heterogéneo y sus modos de enfrentar la violencia o procesar las pérdidas y los daños son muy variados dependiendo de su género, raza, edad, clase y demás; un ejemplo claro de lo anotado es la violencia sexual de la cual generalmente las mujeres son las principales afectadas, y que requiere de un proceso especial y diferenciado (Grupo de Memoria Histórica, 2009b, 2013).

2.3. Análisis desde las tres masacres: Trujillo, El Salado y Bojayá

Es necesario recordar que el departamento del Valle del Cauca ha sido uno de los más golpeados por la violencia desde la época del conflicto entre liberales y conservadores —no olvidemos que León María Lozano controló este departamento y el Eje Cafetero—, desafortunadamente todas estas acciones han caído en el olvido no solo de los vallunos, sino también a nivel nacional. Para 1988 los grupos paramilitares consolidan su presencia en la región y hasta 1994 los habitantes de Trujillo fueron víctimas de crímenes de lesa humanidad, entre ellos la tortura y la desaparición forzada; dichas acciones se dieron con la complacencia de agentes estatales, Ejército y Policía, quienes permitieron la realización de un gran número de masacres por parte de los paramilitares; algunos de los sobrevivientes narran cómo eran llevados a las afueras del pueblo cerca al batallón del Ejército y en un improvisado coliseo eran enjuiciados, sentenciados y luego torturados1 de formas que harían pensar si sus ejecutores tenían un poco de humanidad (Álvarez, 1985). La impunidad permitió que los sobrevivientes y los familiares de las víctimas sufrieran una doble victimización al no conseguir justicia por sus familiares y por el silencio que debían conservar, aumentando el enorme dolor de la pérdida de sus seres queridos. Una de las muertes que más marcó el municipio fue el asesinato del párroco Tiberio Fernández, quien fue torturado y posteriormente asesinado, a tal punto de que su cuerpo quedó irreconocible; y el subsecuente asesinato del campesino que mostrando un poco de humanidad decidió sacar del río el cuerpo del párroco. Las masacres se hicieron cada vez de mayor envergadura y en los años noventa, junto con los señores de la droga, sirvieron de plataforma para acrecentar las existentes dinámicas de tortura y terror que eran implementadas en la región (Grupo de Memoria Histórica, 2008).

Trujillo es, por lo tanto, un municipio emblemático por la interminable lucha de los guardianes de la memoria, una lucha por la organización y movilización de documentos, pruebas y actas que permitan un esclarecimiento de la verdad. Es preciso aclarar que se ha vivido en Trujillo un proceso de memoria amenazada, una reconstrucción de los hechos que se ve atentada por actos contra los símbolos y procesos de memoria histórica, como la construcción del Parque Monumento, y que localizan a la población en un profundo silencio, en una desvinculación con la memoria, impidiéndoles avanzar y salir de los laberintos de los horrores vividos, esto sumado a la grave indiferencia estatal y de la sociedad civil. El programa de reparación de víctimas, por su parte, solo se realizó parcialmente, no contó ni con los recursos ni con las instituciones necesarias y dejó en muchos de los casos, según lo establece el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, muchos puntos inatendidos o hizo uso inadecuado de los fondos. Vemos cómo el proceso de memoria y reparación en Trujillo ha sido complejo y cómo este turbulento proceso ha impedido que el municipio prospere y se reconstruya adecuadamente (Grupo de Memoria Histórica, 2008).

El municipio de El Salado, por su parte, ha sido también víctima de la crueldad y la masacre, entre 1999 y 2001, situado en la región de los Montes de María y gracias a sus presuntos nexos con guerrilleros, lo que llevó a que se estigmatizara a la población campesina bajo el rótulo de “guerrilleros de civil” por su ubicación estratégica, fue partícipe de la conocida política de limpieza social que ostentaban los paramilitares. Seis días de horror y de violencia marcaron la historia de dicho pueblo por siempre, 42 masacres fueron propiciadas y 342 vidas fueron arrebatadas, muchas de ellas ejecutadas en la plaza pública con la intención de que todo el pueblo presenciara el espectáculo (Grupo de Memoria Histórica, 2009a).

Un pueblo donde el terror se caracterizó por la impunidad conjugada con la destrucción del patrimonio cultural y los sangrientos asesinatos y violaciones. Los relatos de los sobrevivientes evocan los lugares y las personas, describiendo a la perfección la topografía del terror, y, además, buscan reclamar todo lo que les fue arrebatado. Al recordar estos lugares se reclama que tales espacios tenían un valor y un significado antes de los eventos violentos que los marcaron (Grupo de Memoria Histórica, 2009a).

La reiterada mención a la ausencia de fuerzas estatales resalta las razones por las que los sobrevivientes no intervinieron en las detenciones y muerte de sus familiares, vecinos, conocidos y demás allegados, y pone bajo la lupa el abandono en que quedaron, las drásticas consecuencias que sufrieron y la ineficacia estatal para ayudarlos, así como la impunidad en que con frecuencia han quedado dichas acciones. La población, a causa de los vínculos que por entonces existían entre paramilitares y Ejército, sufrió una doble victimización. Es prudente mencionar que tiempo después de que ocurriera la masacre de El Salado los medios de comunicación escucharon las voces de los victimarios y de las instituciones estatales, los cuales manipularon las versiones de los hechos a su beneficio. Por lo anterior, es esencial el proceso de reconstrucción de memoria histórica en aras de que las víctimas puedan narrar lo sucedido a través de talleres didácticos propiciados por el Grupo de Memoria Histórica, con esto se podrá reconocer lo sucedido y se generará una solidarización y movilización hacia la justicia, la verdad, la dignificación y la reparación de las víctimas (Grupo de Memoria Histórica, 2009a).

A su vez, en el departamento del Chocó se vivió una masacre el segundo día del mes de mayo del año 2002, la cual dejó marcado por siempre a la población chocoana y en general a todos los colombianos. Esta masacre ocurrió en el municipio de Bojayá, en la zona conocida como el Medio Atrato, cuya locación es de gran importancia para la dominación del conflicto interno. Lo que allí sucedió fue un enfrentamiento por el control de la zona entre guerrilleros y paramilitares, cabe resaltar que antes de este enfrentamiento la presencia del Estado fue nula, aun sabiendo que la Procuraduría Nacional y la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos le habían advertido al gobierno nacional de un posible enfrentamiento. La falta de presencia estatal fue una de las razones que incentivó a los dos grupos al margen de la ley a enfrentarse en este departamento (Grupo de Memoria Histórica, 2010).

En el año 2000, el panorama cambió para la población de Bojayá debido al ingreso de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) al municipio de Vigía del Fuerte, situado en las cercanías del pueblo bojayaseño. En 2002 las FARC se ubicaron antes de un puente colgante que unía a un barrio llamado Pueblo Nuevo y la cabecera municipal donde se encontraba la iglesia, lugar que acogió la gente para refugiarse de los tiroteos de ambos grupos. El grupo paramilitar ubicado en la cabecera municipal del pueblo usó de escudo a los bojayaseños, pues estos se encontraban detrás de la iglesia que los refugiaba. A medida que el día transcurría los combates se hicieron más intensos y es entonces cuando la guerrilla decidió lanzar un artefacto de uso no convencional, el cual consiste en cilindros llenos de metralla; y aunque su explosión tiene gran alcance, solo funciona si el blanco está inmóvil. Este hecho afectó a los bojayaseños, pues las AUC estaban en constante movimiento, mientras que los habitantes de Bojayá permanecieron resguardados en la iglesia del pueblo. Al lanzar el cilindro bomba, este cayó en la iglesia, ya que para ese momento los paramilitares se ubicaron detrás de esta, y la explosión fue inminente para los resguardados. El horror comenzó y con ello un gran número de muertos y heridos, en los cuales se presencia desmembramiento de los cuerpos y desfiguración en los rostros. Los heridos no reciben pronta ayuda y no hay escapatoria, puesto que el enfrentamiento aún continúa. Al caer la tarde, los grupos al margen de la ley se comunican por radio y deciden parar el enfrentamiento por el día, y ese es el momento que los habitantes de Bojayá usan para escapar por el río dejando a su familia y sus pertenencias atrás (Grupo de Memoria Histórica, 2010).