Graciela Bensusán - Sindicatos y política en México - cambios, continuidades y contradicciones

[8]Middlebrook (1995: 62-70). Sobre los orígenes de los mecanismos de control sobre los sindicatos, las negociaciones colectivas y las huelgas, así como de los conflictos entre los trabajadores, las empresas y el gobierno que conformaron las oportunidades para (y las restricciones sobre) el ejercicio de los derechos laborales, véase Bensusán (1992 y 2000). Para un análisis de las implicaciones prácticas de estos distintos controles, véase Bensusán (2007a).

[9]Es el caso de la facultad de las juntas de conciliación y arbitraje para declarar inexistentes las huelgas y obligar a los trabajadores a reanudar sus labores, sin que se resuelva el fondo del conflicto. Además, desde 1938, los empleados del sector público están sujetos a un régimen jurídico distinto. Por ejemplo, el responsable de registrar los sindicatos de este sector es el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, perteneciente a la Secretaría de Gobernación. Esta legislación fue la base del Apartado B del artículo 123 en 1960 y de la subsiguiente Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (LFTSE) de 1963. En 1996, la SCJN determinó que los trabajadores de dependencias del gobierno federal podrían formar más de un sindicato en los términos un poco menos restrictivos del Apartado A del artículo 123. Véase Rendón Corona (2005: 139, 158-159).

[10]Esta discusión se basa en Bensusán (2000: 107, 115-123, 139, 149-150, 195), y Bensusán (2004: 239). Morones ha sido el único dirigente obrero nacionalmente destacado que ha ocupado un cargo clave en el gabinete, aunque otros líderes obreros han sido electos como gobernadores y legisladores federales.

Sólo tres de los 21 funcionarios que encabezaron la STPS entre 1940 y 2012 tenían antecedentes importantes en cuestiones sindicales. Tanto Adolfo López Mateos (que la encabezó entre 1952 y 1958 y que luego fue presidente de México entre 1958 y 1964), como Carlos Gálvez Betancourt (secretario de la STPS en 1975-1976) y Francisco Javier Salazar Sáenz (secretario de la STPS en 2005-2006) habían dirigido sindicatos magisteriales o de educación superior en momentos previos de sus carreras. Sin embargo, a ninguno de ellos se le identificaba políticamente como dirigente sindical en la época de su cargo en el gabinete. Véase Camp (2011: 1246), así como las entradas biográficas individuales.

[11]A la luz de las prácticas de la CROM durante la década de 1920, resulta irónico que sus delegados ante el Primer Congreso de Derecho Industrial, realizado en 1934, exigieran enérgicamente —aunque sin éxito— disposiciones jurídicas para asegurar que todos los contratos colectivos fueran aprobados por los afiliados sindicales en una asamblea abierta (Bensusán, 2000: 226).

[12]Los estatutos sindicales que exigen realizar las elecciones a través del voto público en una asamblea general abierta (lo cual expone a los disidentes de los que detentan el poder), o los que erigen obstáculos ante los cuestionamientos de los trabajadores, adquieren fuerza de ley cuando son aprobados por las autoridades de la STPS (en el ámbito federal), o por las juntas de conciliación y arbitraje locales (estatales). De manera similar, aunque la LFT permite que un tercio de los miembros de un sindicato convoque una asamblea general, si diez días después de su solicitud la dirigencia no lo ha hecho, el quórum legal requerido sería ya de dos tercios de todos los miembros del sindicato. Este mayor requisito de quórum (normalmente es de 51% de los miembros del sindicato) es un obstáculo importante para movilizar la oposición interna en contra de una dirigencia arraigada (Middlebrook, 1995: 67).

[13]Una restricción a la influencia de la CTM dentro del PRI fue que los trabajadores del sector público estaban organizados por la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), formada en 1938 y afiliada al sector “popular” del partido.

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