Graciela Bensusán - Sindicatos y política en México - cambios, continuidades y contradicciones

La incapacidad de realizar una reforma más progresista a la LFT o de lograr una transformación más general de las relaciones entre el Estado y el sindicalismo han tenido consecuencias tremendas tanto para el movimiento obrero como para la sociedad mexicana en su conjunto. Como ya hemos señalado, los controles administrativos del Estado sobre los trabajadores y la debilidad comparativa de los sindicatos organizados democráticamente han limitado severamente la capacidad de los trabajadores para defender sus intereses durante un período de cambios políticos y económicos de largo alcance. Potencialmente, el movimiento obrero tendría un papel importante en toda una variedad de cuestiones que van desde los términos de la reestructuración industrial en los centros de trabajo hasta el establecimiento de políticas nacionales de salarios y seguridad social, o incluso los debates sobre cómo configurar una estrategia económica nacional que promueva un desarrollo socialmente equitativo. En diversos contextos históricos, las acciones de los sindicatos han ayudado a elevar los estándares de calidad y de empleo, así como a reducir las desigualdades socioeconómicas (Freeman y Medoff, 1984; Aidt y Tzannatos, 2002; Hayter y Weinberg, 2011). En México, en cambio, la auténtica voz de los trabajadores sindicalizados se ha apagado bajo las restricciones legales y la inercia de líderes sindicales intocables o espurios cuyas posiciones se sostienen en un régimen de relaciones laborales heredado del pasado autoritario del país, con la complicidad del sector empresarial.

Así, este libro analiza los cambios, continuidades y contradicciones que han caracterizado la política laboral en México desde la década de 1980. Dada la importancia del régimen establecido de relaciones laborales para los procesos que afectaron al sindicalismo durante este periodo, el capítulo uno revisa el régimen de relaciones entre el Estado y los trabajadores institucionalizado durante los años posteriores a la Revolución mexicana de 1910-1920. Sostiene en particular que los líderes políticos que buscaban mediar la participación de los trabajadores en los asuntos nacionales forjaron arreglos jurídicos y administrativos para regular las relaciones sociales de producción capitalista, como una alianza política con los elementos dirigentes del naciente movimiento obrero. Estas estrategias de refuerzo —las primeras centradas en el aparato estatal y las segundas centradas finalmente en un partido “oficial” gobernante— permitieron a la élite política gobernante controlar las movilizaciones de la clase trabajadora, restringir el pluralismo político y organizacional en los sindicatos y limitar las demandas de los trabajadores, elementos que en conjunto sostuvieron el régimen autoritario posrevolucionario en México. [11]

De estas dos estrategias, la que más ha llamado la atención de los analistas de la política laboral mexicana es la alianza duradera del sindicalismo con un partido “oficial” posrevolucionario. A partir de 1938, la Confederación de Trabajadores de México (CTM), que fue la organización obrera más grande y políticamente más influyente del país, fungió como el sector obrero oficial del PRI. Este arreglo fue un símbolo poderoso de la inclusión de los obreros en la coalición gobernante posrevolucionaria. Los vínculos de los líderes sindicales con el partido “oficial” también les aseguraron una porción —si bien modesta— de poder político y la posibilidad de influir en algunas decisiones del gobierno sobre cuestiones que afectaban a los trabajadores, así como oportunidades muy codiciadas de movilidad política individual —y, muchas veces, de enriquecimiento personal ilícito vía candidaturas en el partido “oficial” para cargos de elección popular en los niveles federal, estatal y municipal. [12]Dados los vínculos estrechos entre el partido “oficial” y el Estado, así como la hegemonía política de dicho partido bajo sus diferentes siglas desde la década de 1930 hasta entrada la de 1990, algunos analistas concluyeron que los vínculos entre el partido y las organizaciones obreras constituyeron los principales medios por los que la élite política gobernante subordinó a los trabajadores. [13]

Ciertamente, el partido “oficial” jugó un papel clave en mantener el apoyo popular al régimen posrevolucionario de México. Desde la década de 1930 hasta la de 1980, el PRI y sus predecesores [14]encarnaron tanto el sentimiento nacionalista como el apoyo ideológico para la intervención activa del Estado en cuestiones socioeconómicas para alcanzar los objetivos redistributivos de la revolución, que coincidían estrechamente con las aspiraciones de muchas organizaciones de la clase trabajadora. Es posible que la posibilidad de conseguir recompensas políticas personales en forma de candidaturas a puestos de elección popular —que durante el largo periodo de hegemonía del partido “oficial” garantizaban efectivamente la elección para el cargo de que se tratara— haya alentado a los líderes de algunos sindicatos aliados del gobierno a moderar sus demandas.

Sin embargo, el PRI y sus predecesores se diseñaron ante todo como cuerpos ampliamente incluyentes, responsables de amalgamar una variedad de intereses tan amplia como fuera posible, tarea facilitada por el carácter difuso de las ideas políticas posrevolucionarias. El propio partido tenía escasa autonomía organizativa ante el Estado y carecía de la capacidad institucional para bloquear las movilizaciones políticas o ejercer algún otro tipo de control directo sobre los grupos afiliados. Los sindicatos, que contaban con importantes palancas de negociación económica y cierta capacidad independiente para la acción colectiva, tradicionalmente gozaron de bastante autonomía dentro de la estructura partidista. Así, en el fondo, en el México posrevolucionario, el control de las élites sobre los actores de la clase trabajadora se basó en última instancia en el poder del Estado. Al evaluar la importancia comparativa de los elementos de control político del partido y del Estado, el hecho de que los amplios controles jurídicos y administrativos sobre la participación de los trabajadores permanecieran vigentes después de la derrota del PRI en la elección presidencial en 2000 demuestra claramente la importancia perdurable de los elementos propios del Estado.

Este vistazo al régimen de relaciones entre el Estado y el sindicalismo sienta las bases para analizar en el capítulo dos los efectos de la reestructuración económica y la democratización electoral sobre el movimiento sindical. Desde mediados de la década de 1980, México sufrió transformaciones importantes tanto económicas como políticas. Sin embargo, la reforma económica procedió mucho más rápido que la apertura política del país. De hecho, la velocidad y relativa facilidad con que los tomadores de decisiones dentro del gobierno adoptaron medidas económicas liberalizadoras del mercado se debieron en gran medida al poder dominante del ejecutivo federal, a los fuertes controles estatales sobre las huelgas y otras formas de movilización de los sindicatos y otros actores colectivos y, de manera más general, a la limitada capacidad de los grupos populares para protestar en contra de acciones que afectaron sus intereses materiales. Entre las consecuencias que tuvieron para el sector obrero la reestructuración económica radical y el giro de las políticas públicas a favor de las empresas están la caída aguda y sostenida de los valores reales (ajustados a la inflación) del salario mínimo y del ingreso promedio, la disminución de las oportunidades de empleo en el sector formal de la economía, los recortes en las prestaciones aportadas por la empresa contratante, la decreciente influencia de los sindicatos en los procesos de producción y los números crecientes de “sindicatos fantasma” y “contratos de protección patronal”, que protegen las prerrogativas del patrón en el centro de trabajo. La tasa de sindicalización también bajó de manera sustancial y, en un contexto económico adverso, el movimiento sindical sufrió una fragmentación organizativa cada vez mayor y, por lo tanto, una erosión más intensa de su influencia política.