Graciela Bensusán - Sindicatos y política en México - cambios, continuidades y contradicciones

El capítulo dos también analiza en detalle los efectos de la democratización electoral sobre el sindicalismo. Como se señaló antes, desde mediados de la década de 1970, la CTM se opuso sistemáticamente tanto a la liberalización del régimen posrevolucionario como a las reformas internas del PRI que amenazaran con debilitar la influencia de las organizaciones sectoriales tradicionales sobre la toma de decisiones partidistas. Sin embargo, con el tiempo la competencia abierta y multipartidista por los puestos de elección popular fue desplazando las estrechas maniobras sectoriales sobre las candidaturas del PRI como foco central de la política electoral en México. Este cambio produjo importantes pérdidas políticas para la CTM y muchas otras organizaciones obreras aliadas con el gobierno. Aunque los sindicatos “oficiales” lograron conservar su control sobre puestos de representación sectorial en muchos cuerpos públicos tripartitos (aquellos cuyos consejos directivos o consultivos incluyen representantes obreros, empresariales y gubernamentales), su representación ante la Cámara de Diputados federal disminuyó drásticamente. De las organizaciones sindicales importantes a nivel nacional, sólo el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) logró ampliar sustancialmente su presencia política y su influencia en el diseño de políticas públicas tras la derrota histórica del PRI en la elección presidencial de 2000.

Una consecuencia importante de la democratización política fue que los trabajadores sindicalizados obtuvieron un margen mayor de elección individual. Especialmente desde mediados de la década de 1990, a partir de las reformas institucionales que aseguraban procesos electorales libres y justos, resultó cada vez más difícil que los dirigentes sindicales controlaran las acciones de sus afiliados en las urnas. No obstante, seguía siendo más probable que los miembros de hogares de trabajadores sindicalizados se identificaran con el PRI que con otros partidos, y las encuestas de opinión señalan que en 2000 votaron por el PRI muchos más hogares de sindicalizados que los de no sindicalizados. Sin embargo, durante el periodo 2000-2006, cayó la proporción de hogares de sindicalizados simpatizantes del PRI, al tiempo que aumentaba la del PAN, al punto que en la elección presidencial de 2006, una proporción mayor de hogares de sindicalizados declaró haber votado por el candidato victorioso del PAN que por el del PRI.

El capítulo tres examina las políticas laborales adoptadas por las administraciones de los presidentes Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), incluidos sus intentos por reformar la LFT y su manejo de conflictos de gran repercusión con sindicatos de mineros y trabajadores de la industria eléctrica. La incapacidad (o el desinterés) de la administración foxista para hacer una reforma progresista en la legislación laboral federal fue un obstáculo importante para emprender procesos democratizadores más generales. Además, el fracaso de su propuesta de reforma laboral en 2001-2002 marcó un giro más conservador en sus políticas laborales, pues los funcionarios del PAN, como sus predecesores del PRI, reconocieron que dependían de la disposición de los dirigentes obreros de la vieja guardia a controlar las demandas de las bases a cambio de conservar el apoyo del gobierno. A su vez, los prolongados conflictos de los gobiernos panistas con los mineros y los electricistas demostraron cómo la conservación del régimen establecido de relaciones entre el Estado y el sindicalismo permitió a los funcionarios del gobierno —incluso en un contexto formalmente democrático— pasar por encima de los líderes sindicales electos y defender políticas que visiblemente beneficiaban a sus aliados empresariales. Este capítulo también analiza en detalle el proceso legislativo de reforma laboral llevado a cabo entre septiembre y noviembre de 2012, a partir de la iniciativa preferente presentada en la Cámara de Diputados por el presidente Calderón, a punto de concluir su mandato. Se revisan sus antecedentes, alcances y posibles consecuencias, así como las coaliciones políticas que se formaron para apoyar las distintas dimensiones, económica y política, de la iniciativa presidencial.

El capítulo cuatro analiza las maneras en que las transformaciones económicas y políticas de las décadas de 1980 y 1990 han alterado los recursos de poder que tenían los sindicatos mexicanos. Observa en particular las alianzas transnacionales que han forjado algunos sindicatos políticamente independientes con sus contrapartes canadienses y estadounidenses desde principios de la década de 1990 y cómo han usado los foros internacionales para defender los derechos laborales en México. Los dos foros más importantes de este tipo han sido la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y las instituciones creadas en 1994 en el marco del Acuerdo de Cooperación Laboral de América del Norte (ACLAN), negociado entre Canadá, México y Estados Unidos como complemento del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Las denuncias de agravios ante esas instituciones por cuestiones como libertad de asociación han aumentado de manera significativa la visibilidad de los problemas con los derechos laborales en México. Aunque estas iniciativas no sustituyen las reformas más profundas en el régimen de relaciones Estado-trabajadores en México, en algunos casos, las campañas internacionales por los derechos laborales vinculadas con la OIT y el ACLAN han contribuido a generar cambios progresistas en las políticas laborales del gobierno mexicano.

En el apartado de conclusiones, consideramos los principales obstáculos para democratizar las relaciones entre el Estado y el sindicalismo en México, así como las importantes consecuencias de no lograr esta transformación. Aunque el PAN y el PRI se acercaron a la reforma de la LFT desde ángulos partidistas bastante distintos, a ambos les ha convenido impulsarla pero, a la vez, conservar en lo fundamental el statu quo institucional. Los gobiernos del PAN que estuvieron en el poder entre 2000 y 2012, al igual que sus predecesores del PRI, encontraron una ventaja política en su alianza con los líderes sindicales de la vieja guardia. No obstante, lo más significativo es que el modelo económico vigente en México desde la década de 1980 depende principalmente de los fuertes controles del gobierno sobre salarios y huelgas, de la complacencia de los sindicatos y de una flexibilidad laboral impuesta por el empleador en el lugar de trabajo. Por lo tanto, hay un alto grado de compatibilidad entre las políticas económicas centradas en el mercado y las prácticas Estado-sindicatos arraigadas en el pasado autoritario de México. La dificultad para poner en marcha reformas progresistas a la legislación laboral o para democratizar de manera más general las relaciones entre el Estado y los sindicatos, como lo puso nuevamente de manifiesto el proceso legislativo por el que atravesó la iniciativa preferente del presidente Calderón en 2012, representa altos costos económicos y sociales tanto para los trabajadores organizados como para la mayor parte de la sociedad mexicana, aun cuando los empresarios sigan siendo los principales beneficiarios.

En cualquier caso, puesto que, a partir de la primera alternancia política en el gobierno federal en el año 2000, el PAN respaldó el viejo régimen Estado-sindicalismo y la reforma laboral de 2012 no creó las condiciones para la renovación desde abajo de los liderazgos y las estructuras de organización y negociación sindicales, al ocupar el PRI nuevamente el Ejecutivo federal en 2012, éste encontró a su disposición los viejos instrumentos de control. Hasta qué punto estos instrumentos le permitirán a la administración del presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018) limitar la autonomía ganada por los líderes sindicales durante los gobiernos del PAN y restablecer la cadena de mando tradicional, se tendrá que aprovechar para ello otro tipo de mecanismo como sucedió en el caso de la dirigente magisterial Elba Esther Gordillo o, finalmente, se optará por devolver a los trabajadores el ejercicio libre de sus derechos colectivos, es parte de la incertidumbre generada por el proceso de cambio político —la segunda alternancia— que vive el país.