Graciela Bensusán - Sindicatos y política en México - cambios, continuidades y contradicciones

[1]En el transcurso de este libro, se utilizan los términos “movimiento obrero” y “sindicalismo” de manera indistinta y con un sentido amplio.

[2]Además, un rasgo menos advertido pero central para comprender la evolución del sindicalismo en el país, es la oportunidad que los empleadores tienen para escoger a su contraparte sindical sin necesidad de que esté respaldado por los trabajadores.

[3]Véase, entre otras obras, Burgess (2004), Kurtz (2004: 271-273, 297-298), Roberts (1998: 65-67) y Visser (2006).

[4]Para una discusión más detallada de la política de reestructuración económica en México, véase Middlebrook y Zepeda (2003: 10-16). Sin embargo, la revuelta de enero de 1994, iniciada por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en el estado sureño de Chiapas, hizo a un lado la visión de que los artífices de las reformas liberalizadoras en México habían fraguado un programa amplio de reestructuración económica sin provocar grandes levantamientos políticos o sociales.

[5]En su análisis comparativo de las respuestas de distintos partidos laboristas ante los desafíos planteados por la liberalización económica, Burgess (2004: 6-7) sostiene que el movimiento obrero mexicano colaboró con las reformas liberalizadoras del mercado principalmente para conservar su alianza con el PRI.

[6]De hecho, pese a casi dos décadas de reveses económicos bajo gobiernos priistas, una pluralidad de trabajadores sindicalizados votó por el candidato presidencial del PRI en 2000. Véase el capítulo dos.

[7]En una argumentación célebre, Rueschemeyer, Stephens y Stephens (1992: 57) sostuvieron que la clase trabajadora ha sido una fuerza clave —e históricamente bastante consistente— a favor de la democracia política porque “quienes sólo pueden ganar con la democracia serán sus promotores y defensores más confiables”. Al igual que otros analistas del papel de los movimientos obreros en las transiciones democráticas (véase especialmente Valenzuela, 1989), dichos autores reconocieron algunas excepciones a su argumento. Señalaron que “las excepciones a la postura prodemocrática de la clase trabajadora ocurrieron donde esta clase fue movilizada inicialmente por […] un partido hegemónico vinculado al aparato estatal” y reconocieron que ameritan atención especial “las condiciones en que la construcción social de los intereses de la clase obrera asume una forma no democrática —como ocurrió en el leninismo […]” (Rueschemeyer, Stephens y Stephens, 1992: 8, 59). México fue el principal referente empírico que ellos ofrecieron para apoyar estos puntos; sin embargo, no sugirieron que los regímenes autoritarios posrevolucionarios, como el de México antes de 2000, podrían constituir una excepción general a su argumento sobre el apoyo históricamente consistente de la clase trabajadora a la democratización. Una crítica temprana de su postura y un análisis comparativo de los casos mexicano, nicaragüense y ruso aparecen en Middlebrook (1997).

[8]En la presentación de Levitsky y Mainwaring hay cierta ambigüedad sobre si la defensa de un movimiento obrero a un régimen autoritario incluyente aplica sólo a las fases iniciales de liberalización del régimen o también a etapas posteriores de la democratización. Es completamente lógico que tanto los dirigentes sindicales como los trabajadores de base seguirán apoyando a un régimen que les aportó considerables recompensas materiales, organizativas o simbólicas, especialmente si la posible transición hacia un arreglo político más democrático se centra en un partido político con una conocida antipatía hacia el sindicalismo. Sin embargo, a medida que se acelera una transición democrática, al movimiento obrero le puede resultar cada vez menos práctico movilizarse enérgicamente a favor del ancien régime, sobre todo si la transición está marcada por la derrota de su principal aliado partidista en elecciones libres y justas.

[9]En este sentido, resulta revelador que pese a los profundos cambios en las políticas económicas en América Latina desde la década de 1980, pocos gobiernos electos hayan reformado de manera significativa sus legislaciones laborales. Véase Inter-American Development Bank (1997: 46, figura 27), Ciudad (2002: 9-11), y Stallings y Peres (2000: 43).

[10]Otras consideraciones, como la tradición de acción militante de un movimiento obrero (o su falta de) y el grado de competencia política entre las distintas facciones obreras, también pueden tener efectos importantes sobre la respuesta de las organizaciones obreras ante los posibles desafíos planteados por el cambio hacia un régimen democrático.

[11]Sobre el concepto de autoritarismo posrevolucionario y el caso mexicano, véase Middlebrook (1995, capítulo 1).

[12]Sobre la importancia de la corrupción para mantener el orden político posrevolucionario en México, véase Blum (1997) y Morris (1999).

[13]Véase, por ejemplo, Smith (1979: 49–62), y Collier y Collier (1991: 202, 416–419).

[14]El partido “oficial” mexicano se fundó en 1929 con el nombre de Partido Nacional Revolucionario (PNR) y con el objetivo de frenar las rivalidades entre facciones y la inestabilidad política mediante la unión en un sólo cuerpo de todas las fuerzas “revolucionarias” surgidas de la revolución de 1910-1920. En 1938 se reestructuró como Partido de la Revolución Mexicana (PRM) a partir de los sectores obrero, campesino, militar y “popular”. El sector militar se eliminó formalmente en 1940 y pasó a formar parte del sector popular cuando éste se reestructuró en 1943. En 1946 se realizaron nuevas reformas internas y el partido fue rebautizado como Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Capítulo uno

Relaciones entre el Estado y el sindicalismo en México: los legados del régimen autoritario

Las características centrales de la relación entre el Estado y el sindicalismo en México se definieron durante las décadas inmediatamente posteriores a la revolución social de 1910-1920. La entrada del movimiento obrero en la política nacional demostró estar entre las consecuencias más importantes de la Revolución mexicana. [1]Aunque Venustiano Carranza forjó en 1915 una alianza táctica con la anarcosindicalista Casa del Obrero Mundial (COM), que llevó a entre seis y diez mil obreros de la zona de la Ciudad de México —organizados como seis “Batallones Rojos”— a pelear con su Ejército Constitucionalista, los campesinos armados fueron mucho más importantes que los trabajadores urbanos e industriales durante los primeros años de la Revolución, tanto militar como políticamente. Sin embargo, pese a las grandes variaciones en la fuerza organizacional y capacidad de negociación económica de los sindicatos entre los distintos sectores y regiones, el movimiento obrero emergió de la prolongada lucha revolucionaria como el actor colectivo más fácil de movilizar de la política mexicana. Dada su importancia, los líderes revolucionarios que buscaban consolidar su control político y poner en marcha las agendas sociales y económicas de la Revolución se vieron obligados a adoptar estrategias innovadoras ante los sindicatos.

Entre estas estrategias estuvieron la adopción de leyes laborales socialmente progresistas, la creación de estructuras especializadas en la administración pública para regular las relaciones entre patrones y trabajadores y controlar aspectos importantes de la participación obrera, y los esfuerzos continuos de los líderes políticos y militares por establecer alianzas con los miembros dirigentes de la clase trabajadora organizada, como una manera de construir el apoyo popular y de ejercer (y centralizar) el poder político. [2]En este sentido, fue particularmente importante la inclusión del artículo 123 en la nueva Constitución federal (1917). Inicialmente, los delegados de Carranza ante el Congreso Constituyente de 1916-1917 respaldaron una propuesta que difería poco de la Constitución reformada de 1857 en su simple reafirmación de las garantías liberales de los derechos contractuales individuales de los trabajadores. Sin embargo, bajo la presión de delegados más radicales de entidades federativas que ya habían adoptado legislaciones laborales comparativamente amplias, el Congreso aprobó finalmente la inclusión de un artículo aparte que garantizó mayores derechos colectivos para los trabajadores, legitimó la participación amplia del Estado en las relaciones trabajador-patrón y abordó los puntos principales de la agenda de las organizaciones obreras, entre ellos el derecho a sindicalización y a huelga; el salario mínimo y pago de horas extra; la regulación de la jornada y condiciones laborales en el centro de trabajo incluidas la salud industrial y medidas de seguridad—; contratos entre trabajador y empleador; y la creación de juntas de conciliación y arbitraje tripartitas para mediar en los conflictos entre trabajadores y empleadores.