Para la sociología evolutiva, de raigambre liberal, la sociedad es resultado de un proceso de complejización creciente de las interacciones entre los individuos que a su vez se orientan recíprocamente en función de sus expectativas. La visión opuesta considera a la sociedad como el resultado de un proceso de sociabilidad determinado por la realidad del poder; en este caso, es la materialización del poder determinado socialmente. No olvidamos que toda sociedad se reconoce en el modo histórico de ejercicio del poder y en las determinaciones que este ordena.
En los últimos tiempos, la distinción entre lo privado y lo público se hace cada vez más difícil, en la medida que los procesos de urbanización y globalización, en el contexto de la creciente dominancia comunicacional, sitúa al individuo en un complejo de interacciones que van restringiendo la dimensión de lo privado en función de una creciente participación en lo público. Aquella dinámica de tensiones y contradicciones entre la instancia del poder político y la acción colectiva, se expresa por una expansión de lo social, como terreno de libertades y derechos al tiempo que este proceso va incorporando de modo creciente a la esfera de lo público necesidades e intereses que antes eran considerados propios de la órbita privada.
De esta manera, la sociedad civil disputa, cada vez más, la legitimidad que exhibe el poder político con el ánimo de recuperar cuotas de ese poder para ampliar la capacidad de intervención de la sociedad civil sobre sí misma, en términos de nuevos consensos que expanden la práctica democrática. En este sentido, el Estado como espacio institucionalizado del poder político es objeto de impugnaciones en tanto sistema de dominación, a la vez que se le reclama más eficacia y efectividad en la coordinación y fortalecimiento de las políticas públicas que además son reclamadas como objetos de evaluación por parte de la sociedad civil.
Como bien asegura el politólogo español Juan Linz (16), las condiciones estructurales, de naturaleza socioeconómica, no explican, por sí mismas, las crisis de los regímenes políticos. Estas tienen determinantes y causas propias que responden, al menos, a tres factores: la Legitimidad, percibida por la sociedad y que los gobiernos pueden erosionar con sus propios comportamientos al confundir aceptación social con legitimidad. En segundo lugar, la Eficacia, medida en términos de la capacidad del gobierno para formular decisiones oportunas sustentadas en consensos mínimos. Por último, la Efectividad, que está en relación con la capacidad del gobierno para alinear los organismos administrativos en función de la aplicación de las políticas.
La evolución del Estado Moderno
“Todos los estados, todas las dominaciones que ejercieron y ejercen imperio sobre los hombres, fueron y son repúblicas o principados.” (17)
En torno al concepto de “Estado”
En una perspectiva histórica cabe una mirada extendida en cuanto a la trayectoria del Estado como forma política específica que abarca desde la Antigüedad hasta nuestros días. En la antigüedad, los imperios egipcio y persa, junto a la demos griega, son casos representativos de un concepto amplio de Estado, en la medida que se trata de procesos y realidades cuya característica central ha sido la gestión del poder respecto de una población específica y en un territorio determinado.
En tal sentido, es aplicable el concepto a las diversas realidades sociopolíticas que se sucedieron a lo largo de la evolución histórica, aunque una definición más específica nace para caracterizar la aparición del Estado Nación que surge en la modernidad como resultado de la finalización de las guerras de religión que tuvieron lugar en Europa durante el siglo XVI y XVII. Aquel proceso determinará un cambio profundo, de dimensión civilizatoria, que con sucesivas transformaciones se extiende hasta nuestros días.
Tal como lo señalamos en las páginas precedentes, de un modo genérico podemos decir que el Estado surge para garantizar las normas mínimas de convivencia y de cooperación básica que permitan cierta previsibilidad para la vida en sociedad. En este marco, el Estado moderno ha evolucionado como una institución de carácter político que integra un cuadro administrativo encargado de conservar la pretensión del monopolio legítimo de la coerción física para el mantenimiento del orden vigente.
“El Estado sólo se puede definir sociológicamente por referencia a un medio específico que él, como toda asociación política, posee: la violencia física. Todo Estado está fundado en la violencia, dijo Trotsky en Brest-Litowsk. Objetivamente esto es cierto. Si solamente existieran configuraciones sociales que ignorasen el medio de la violencia, habría desaparecido el concepto de Estado. y se habría instaurado lo que, en este sentido específico, llamaríamos anarquía. La violencia no es, naturalmente, ni el medio normal ni el único medio de que el Estado se vale, pero sí es su medio específico” (18).
En consecuencia, el Estado moderno (19) –occidental– es el producto de una evolución histórica compleja a través de un desarrollo institucional específico. Se trata de un producto que se erige en el centro de la escena política europea después de un siglo de guerras en oposición al poder de la iglesia, a la resistencia de las autonomías comunales y de las aristocracias; son los actores y las fuerzas sociales que tratan infructuosamente de oponerse a los proyectos de monopolización del poder y de su capacidad coercitiva.
De acuerdo con Max Weber, el Estado es una “empresa” en la medida que se trata de una asociación provista de un aparato administrativo y que en su actuación está orientada a un determinado fin que le otorga sentido a su funcionamiento. Se presenta como una forma autónoma en una estructura institucional que produce normas y ordenamientos específicos. Tales ordenamientos están destinados a imponerse sobre todos aquellos individuos que comparten una condición de pertenencia a un territorio determinado. Tal imposición se realiza mediante el recurso efectivo o la amenaza de uso de la coerción física. Situación, ésta, que requiere del monopolio de la fuerza física para constituirse definitivamente como Estado (20).
En tal sentido y como lo expone Guillermo O’Donnell, al Estado le compete el ejercicio de la función política de la dominación. “Entiendo por Estado el componente específicamente político de la dominación en una sociedad territorialmente delimitada. Por dominación (o poder) entiendo la capacidad, actual y potencial, de imponer regularmente la voluntad sobre otros, incluso pero no necesariamente contra su resistencia. Lo político en sentido propio o específico lo entiendo, entonces, como una parte analítica del fenómeno más general de la dominación, aquella que se halla respaldada por la marcada supremacía en el control de los medios de coerción física en un territorio excluyentemente delimitado” (21).
En la misma dirección, el politólogo argentino Oscar Oszlak, afirma que el Estado puede ser definido como “[…] la instancia política que articula un sistema de dominación social. Su manifestación material es un conjunto interdependiente de instituciones que conforman el aparato en el que se condensa el poder y los recursos de la dominación política” (22).
En este marco, las dimensiones principales que caracterizan y definen al Estado son:
a) la externalización del poder, a través del reconocimiento de la soberanía estatal por parte de los otros estados;
b) la capacidad efectiva de ejercer el monopolio de los medios legítimos de coerción;
c) el desarrollo de un sistema de administración burocrática profesional y autónoma;
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