Mario José Krieger - Sociología de las organizaciones Públicas

Entiendo, pues, por poder político el derecho de hacer leyes que estén sancionadas con pena capital, y, en su consecuencia, de las sancionadas con penas menos graves, para la reglamentación y protección de la propiedad (...) (9).

Posteriormente, Hegel distinguirá entre sociedad civil y Estado pero en un sentido diferente, planteará que la sociedad civil representa un estadio intermedio entre las formas simples de la sociabilidad como la familia y de otra parte el Estado. La sociedad civil, entonces, va a devenir sociedad política a través del proceso de racionalización del poder que se expresa en la forma de Estado reuniendo todos los atributos de la soberanía. Para Hegel, la sociedad civil es asimilable al estado de naturaleza de los contractualistas, donde la necesidad y la ambición de cada incentivan la proliferación de los conflictos entre los individuos configurando una situación de precariedad e incertidumbre que explica el desarrollo de la sociedad política y el Estado.

K. Marx, a su vez, considera que la sociedad civil representa una sociedad de “propietarios”, la sociedad burguesa, donde ocurren las relaciones económicas entre los individuos. Para Marx, el hombre de la sociedad burguesa es aquel individuo “racional y egoísta” (10) que se halla en permanente conflicto con sus semejantes, siendo esta dimensión de violencia lo que está en la base y en el fundamento necesario de la dominación política a través del Estado. En los escritos de Marx y Engels, particularmente en “La Sagrada Familia”, se afirma que el Estado moderno tiene como base natural la sociedad civil, asentada sobre el hombre independiente, unido a otro hombre sólo por el vínculo del interés privado y de la necesidad natural (11).

En una época más cercana, el filósofo italiano Antonio Gramsci, definirá a la sociedad civil como el conjunto de los organismos privados y a la sociedad política como el ámbito que desarrolla la función de “hegemonía” que el bloque social dominante ejerce sobre toda la sociedad; aspecto que complementa la acción de dominio directo a través de los órganos del Estado. De esta manera, la dimensión de la hegemonía se extiende a la sociedad civil que no incluye sólo a las relaciones económicas que los individuos desarrollan entre sí, sino también a las relaciones de naturaleza ideológica y cultural que permiten la formación del consenso social en torno al régimen de dominación. Para Gramsci, la hegemonía es igual a sociedad civil más sociedad política, lo cual no invalida la distinción entre la esfera de las relaciones económicas (infraestructura) y la que integran los aspectos ideológicos y culturales de la dinámica de dominación (superestructura).

Entre las diversas corrientes ideológicas, se puede distinguir aquellas que visualizan a la sociedad civil como el ámbito de las libertades individuales, refractarias al control del Estado; nos referimos al Liberalismo en sus diversas formulaciones, que ensalza el valor de la libertad individual como reserva ante las imposiciones del Estado, una concepción de la libertad individual que se afianza en aquello que el poder del Estado no puede prohibir o impedir; son las “libertades negativas” que se interponen como frenos al poder despótico del Estado. Hobbes sostenía que un hombre libre es aquel que no se ve impedido para realizar su voluntad. El filósofo Isahia Berlín, en defensa de la Democracia Representativa avasallada por los fascismos durante el siglo XX, afirmaba el carácter esencial de las libertades negativas en la constitución del individuo como tal (12).

Sin embargo, a finales del siglo pasado, esta concepción asumió un cariz más radicalizado hasta el extremo de reivindicar grados máximos de libertad individual que impugnaban la función reguladora del Estado. De la mano de esta orientación se afianzó la corriente neoliberal y la doctrina del “estado mínimo”. Otras corrientes surgidas en la Europa continental y más vinculadas al desarrollo de los movimientos sociales contemporáneos postulan una concepción de las libertades positivas basadas en las expectativas de auto-realización y autonomía colectiva o social, la libertad de actuar para realizar los objetivos propios de los actores colectivos.

La problemática planteada por la relación “Estado y Sociedad”, se manifiesta en una dinámica permanente de tensiones que están destinadas a resolverse en el terreno de la política en su doble dimensión: institucional y como práctica de relaciones sociales en torno al fenómeno del poder. La dicotomía responde a la vieja contraposición entre el país real, para algunos el “estado de naturaleza”, y el país donde rigen las normas y las reglas. En este marco, podemos afirmar que sin el presupuesto que representa la potencia de una legalidad que obliga a todos por igual, la sociedad civil es inconcebible. Como sostiene Habermas: “…después de asegurarse una legitimidad como sujeto moral, la sociedad civil adquiere progresivamente un rol de sujeto público: con su articulación en partidos y grupos de interés activos para condicionar la voluntad general, se coloca como constitución material de la esfera pública” (13). Es importante prestar atención a la dinámica de las relaciones entre el Estado y la sociedad, atendiendo al proceso de constante reconfiguración de ambas realidades. Lejos estamos de una visión estática, determinada por las funciones que puedan ser atribuidas a una y otra, como lugares específicos donde se construye la institucionalidad y de otra parte, el proceso de socialización, en términos de integración de individuos, comportamientos y expectativas. En efecto, la aparición del Estado moderno en el siglo XVII determina la configuración de una sociedad civil que se define al mismo tiempo como contraposición y complemento; contraposición porque la sociedad civil planteará una limitación a la potencia del Estado absoluto y complemento porque ambas realidades adquieren sentido a partir de su reciprocidad. “Después de la ruptura revolucionaria –que supuso la “gloriosa revolución” inglesa en el siglo XVII y la revolución francesa en el siglo XVIII– será la sociedad civil quien funcionará como motor de la innovación y el Estado como elemento de estabilización” (14).

En nuestros días, la sociedad civil se define como la esfera de las relaciones individuales, grupos, clases, fuera de las relaciones de poder que caracterizan al Estado. También, como el espacio donde se activan las demandas sociales y la movilización de las fuerzas sociales que disputan e influyen en la toma de decisiones del poder político. Norberto Bobbio sostenía: “En una primera aproximación se puede decir que la sociedad civil es el lugar donde surgen y se desarrollan los conflictos económicos, sociales, ideológicos, religiosos, que las instituciones estatales tienen la misión de resolver mediándolos, previniéndolos o reprimiéndolos” (15).

Se trata de realidades definidas teóricamente que oscilan entre modos de cooperación y de conflicto. Un modelo de cooperación se define por una perspectiva funcionalista que atribuye a cada esfera, características específicas que sin embargo se complementan en el funcionamiento de un todo, de una unidad comprensiva, donde la cooperación surgirá de la división de funciones y el cumplimiento específico de las mismas. Es una visión de complementación aunque esconde una dinámica dialéctica de mutua imbricación y crecimiento.

Hay básicamente dos miradas, una que atribuye cierta preponderancia al Estado, a lo normativo, a lo institucional como ordenador de lo que fluye en la sociedad, impulsado por las pasiones, intereses y expectativas de la gente. Es la necesidad de imponer el orden al desorden que caracteriza a la sociedad civil como deriva de la naturaleza. En esta línea, aparece como necesaria una potencia absoluta que opere como fundamento de la ley.