Marío Garcés - Pan, trabajo, justicia y libertad. Las luchas de los pobladores en dictadura (1973-1990)

Sin embargo, como hemos adelantado, en el contexto de la acción social de la Iglesia Católica, fue en las poblaciones donde se desarrolló la más densa y variada red de organizaciones populares: comedores infantiles, luego comedores populares, bolsas de cesantes, centro de apoyo escolar, grupos de salud, comités de derechos humanos, grupos juveniles y de mujeres se multiplicaron entre 1976 y 1983, prácticamente en todos los barrios pobres de la Región Metropolitana. En una primera etapa, como ya dijimos, contaron con el apoyo del Comité para la Paz en Chile (COPACHI), y una vez que éste fue disuelto producto de la presión de los militares sobre la Iglesia, por la Vicaría de la Solidaridad, creada por el cardenal Silva Henríquez en 1976. Posteriormente, a partir de 1980, el apoyo de la Iglesia fue complementado y enriquecido por diversos «Centros de Apoyo» (más tarde, llamadas ONG). Si bien el trabajo de la Vicaría se vio tensionado por lo que los sectores más conservadores de la Iglesia consideraban los efectos políticos no deseados de la acción pastoral, las ONG contaron con mayor libertad para desarrollar sus propios planes de acción y colaborar con el desarrollo de las nuevas organizaciones poblacionales. La Educación Popular, inspirada en las aportaciones de Paulo Freire, que propuso formas dialógicas de aprendizaje y de producción del saber, fueron complementadas con las nociones gramscianas de hegemonía, que apuntaron a favorecer el desarrollo de los propios sectores populares como sujetos políticos. Sin lugar a dudas, este fue un cambio significativo en los modos de concebir la acción política, ya que se buscaba fortalecer las propias capacidades de acción de los grupos de base. Desde el punto de vista organizativo, se estimaba que en los años ochenta cerca de 200 mil pobladores participaban en algún tipo de organización popular, lo que representaba aproximadamente al 10% de los pobres de Santiago 40.

La mayor actividad social y política en las poblaciones, así como la reorganización de otros grupos sociales, como los sindicalistas (tanto del campo como de la ciudad), las mujeres, los estudiantes y los mapuche, hay que situarla en un contexto dictatorial que había cancelado todas las formas tradicionales de la política chilena. Es decir, no solo no existía ningún tipo de institución democrática en el Estado ni derechos de asociación, expresión y petición para los ciudadanos, sino que los partidos políticos no podían cumplir las tradicionales formas de representación social y política que se habían desarrollado en la sociedad chilena con anterioridad al golpe de Estado de 1973. Esto creó una situación inédita que tendió a favorecer el desarrollo de la sociedad civil en sus diversas expresiones, tanto en las clases medias como entre los sectores populares. Por ejemplo, paulatinamente se fueron constituyendo diversas y animadas redes de comunidades cristianas, de organizaciones sociales que contaban con el apoyo de las vicarías zonales, de nuevas y diversas asociaciones de mujeres, de educadores populares que promovían las ONG, de comunicadores de base que producían «boletines populares», de grupos culturales y cantores populares, de comités de derechos humanos. En conjunto, esas redes favorecieron encuentros, intercambios de experiencias, iniciativas y programas de formación social y política al tiempo que promovieron la animación comunitaria entre sus bases y especialmente en los barrios populares.

Paralelamente a la reconstrucción del movimiento popular en los barrios y poblaciones, la izquierda política vivió una aguda crisis, que a partir de los años ochenta la llevaría a tomar disímiles caminos respecto del futuro. Por una parte, los socialistas en el exilio se dividieron luego del Congreso de Argel (1978) en una fracción liderada por Clodomiro Almeyda y otra por Carlos Altamirano. Mientras los primeros mantenían sus vínculos con el Partido Comunista, los segundos, partidarios de una «renovación del socialismo», establecieron alianzas con sectores del MAPU y de la Izquierda Cristiana, dando origen, en Europa y en Chile, a la Convergencia Socialista. La división de los socialistas era expresiva de las diversas lecturas que se hicieron de la derrota de la Unidad Popular, especialmente por parte de los «renovados», que enfatizaron en el valor de la democracia liberal y en el error histórico de haber pretendido realizar transformaciones profundas en la sociedad chilena sin contar con las mayorías electorales suficientes. El sector socialista renovado, a mediados del ’85, había formalizado vínculos y acuerdos con la Democracia Cristiana luego de la fundación de la Alianza Democrática de 1984. La Alianza Democrática sería más tarde la base de la Concertación de Partidos por la Democracia que lideró la transición a la democracia a fines de los años ochenta.

Los comunistas, por su parte, vivieron su propio proceso de «renovación», pero en un sentido muy distinto al de los socialistas. El PC en los años más duros de la represión, entre 1973-1980, sufrió la captura y posterior desaparición de dos de sus direcciones políticas nacionales y prácticamente el colapso de las direcciones de las Juventudes Comunistas. Fueron años duros en que «desde las sombras» el partido, a partir de sus militantes y direcciones intermedias, logró sobrevivir en la clandestinidad 41. Mientras esto ocurría en el interior, en el exilio se generaron diversos debates y grupos de estudio que concluyeron en reconocer las enormes dificultades, sino la imposibilidad, de viabilizar un «frente antifascista» en alianza con la Democracia Cristiana 42. Se complejizaron las miradas sobre Chile y se revisó de modo inédito la línea política del partido que habitualmente definía la Comisión Política de los comunistas 43. Entre otras reflexiones y debates emergió la tesis del «vacío histórico», la que sostenía que el Partido Comunista había carecido de definiciones estratégicas suficientes en el campo militar, lo que de algún modo también explicaría la derrota sufrida por la Unidad Popular. A los comunistas les pesó entonces la idea, difundida en algunos medios en el exterior, de que «las revoluciones hay que saber defenderlas». Poco a poco, con fuertes resistencias en lo que se podía denominar «la derecha del partido», cuyo principal líder era Orlando Millas, pero también en la propia dirección del Partido Comunista, se fue imponiendo un cambio de línea –al menos táctica– que culminó en la denominada Política de la Rebelión Popular. En los días previos al plebiscito de 1980, en que Pinochet hizo aprobar su propia Constitución para Chile, Luis Corvalán, en un impactante discurso difundido por la Radio Moscú, proclamó el derecho de los pueblos a la rebelión y a la necesidad de recurrir a todas «las formas de lucha» para poner fin a la dictadura. En estos años Gladys Marín ingresó clandestinamente a Chile y se puso a la cabeza de la dirección interior del Partido Comunista. En pocos años y cuando emergieron las Protestas Nacionales, se fundó el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que puso en práctica todas las formas de lucha, incluida la lucha armada, bajo la dirección del mítico líder Raúl Pellegrin.

Finalmente, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) vivió sus propias vicisitudes en relación a la represión y a los ajustes en su línea política. Entre los años 1973 y 1975 sufrió los efectos más duros de la represión, que a las alturas de 1978 prácticamente habían desarticulado al partido. Sin embargo, a pesar de los duros golpes recibidos, el MIR enfatizó en una estrategia que denominó «Guerra Popular, irregular y prolongada», siguiendo de algún modo orientaciones que provenían de la experiencia vietnamita y de las tradiciones de la lucha armada en América Latina. Debilitado al máximo en Chile 44, inició la denominada «Operación Retorno» 45, que implicaba el ingreso clandestino de militantes que habían recibido formación técnico-militar en el exterior, especialmente en Cuba. La Operación Retorno incluyó, entre otros sucesos relevantes, la instalación y pronta desarticulación de un foco guerrillero en Neltume y diversas acciones armadas de la denominada «Fuerza Central del MIR», entre las que se cuenta el ajusticiamiento del coronel Roger Vergara, jefe de inteligencia militar, en 1980. No obstante, el énfasis en la lucha armada, la política del MIR en estos años, alcanzó también una importante vertiente social a través de las acciones desarrolladas por el Comité de Defensa del Pueblo (CODEPU), creado en 1980.