Marío Garcés - Pan, trabajo, justicia y libertad. Las luchas de los pobladores en dictadura (1973-1990)

4Textos emblemáticos en esta línea se pueden consultar en la Revista Proposiciones Nº 14 de SUR Profesionales, Santiago, 1987. En particular, Eugenio Tironi, «Marginalidad, movimientos sociales y democracia», pp. 9-20. Una mirada sociológica con más matices y con una base empírica importante fue el trabajo de Guillermo Campero, Entre la sobrevivencia y la acción política. Las organizaciones de pobladores en Santiago . Santiago, Ediciones Estudios ILET, 1987. Campero puso su atención en las dinámicas de sobrevivencia y acción política, valoró el impacto de las movilizaciones de las poblaciones en medio de las Protestas Nacionales y reconoció la existencia de un tejido social complejo y extenso en las poblaciones. Sin embargo, el mundo de los pobladores se le revelaba como una situación y un actor marcado por la heteronomia debido a la ausencia de un conflicto central y la coexistencia de una multiplicidad de luchas, e incluso la ambigüedad de su cultura. Sostuvo, además, que solo una propuesta política que «desde su origen se formule como un ejercicio de integración y participación podrá tener posibilidades de que la demanda de los pobladores se encuentre con ella». Campero, op.cit., p. 265.

5Gabriel Salazar. Peones, labradores y proletarios. Santiago, Ediciones SUR Profesionales, 1985. Armando de Ramón. Santiago de Chile (1541-1991). Historia de una sociedad urbana. Santiago, Editorial Sudamericana, 2000.

6Luis Alberto Romero. «Condiciones de vida de los sectores populares en Santiago de Chile, 1840-1895 (Vivienda y salud)». Revista Nueva Historia , Vol. 3, N° 9, Londres, 1984. Para una visión panorámica de Santiago y la posición de los pobres en ella, ver: Armando de Ramón. Santiago de Chile (1541-1991). Historia de una sociedad urbana. Santiago, Editorial Sudamericana, 2000.

7Este proceso fue, por cierto, de carácter latinoamericano. Un estudio pionero es el de José Luis Romero. Latinoamérica: las ciudades y las ideas . (1° edición, Siglo XXI, 1976). Para este artículo usamos la edición de la Universidad de Antioquia, Colombia, 1999.

8Garcés. Tomando su sitio, op. cit., passim.

9Sin descartar los efectos de la «Guerra Fría» y las reformas promovidas desde el Estado por los gobiernos de Frei y Allende, la tónica de los años sesenta, desde la perspectiva de la historia social, está marcada por la mayor presencia de lo «popular» en la sociedad chilena y en particular por el protagonismo alcanzado por los campesinos y los pobladores. Mayores antecedentes en Mario Garcés. El despertar de la sociedad. Los Movimientos Sociales en Chile y América Latina. Santiago, LOM ediciones. 2012 (en especial capítulo IV).

10Servicio Nacional de Estadísticas y Censos. Primer Censo Nacional de Viviendas, Santiago, 1952.

11Mario Garcés. «El Movimiento de pobladores durante la Unidad Popular, 1970-1973» En Atenea 512, II semestre 2015, pp. 33-47.

12Según consigna el diario El Mercurio , el 1 de julio de 1971, Carabineros informó al Senado «que las ocupaciones ilegales registradas en 1971 llegaban a 2.567», sumando tomas de sitios, de industrias, fundos y establecimientos educacionales. En relación a los pobladores, el dato es más genérico, ya que indica un total de 173 poblaciones y «edificios ocupados».

13Para mayores detalles ver: Mario Garcés. «Los pobladores durante la Unidad Popular: movilizaciones, oportunidades políticas y la organización de nuevas poblaciones». Universidad Academia del Humanismo Cristiano. Tiempo Histórico , N° 3 /37-53/Santiago-Chile, 2011.

14Garcés. Tomando su sitio, op. cit., p. 416.

15Un cierto sentido común, en relación a los pobladores, tiende a hacer sinónimo «movimiento poblacional» con «tomas de sitios» o luchas por la vivienda. Esta visión restringe lo poblacional a la demanda habitacional y no alcanza a visualizar la más ancha historicidad de los pobres de la ciudad, que incluye sus tradiciones comunitarias, sus diversas formas de organización, sus actividades culturales y, particularmente, sus prácticas solidarias, de movilización y oposición a la dictadura en los años ochenta.

16Entre 1977 y 1984, la dictadura llevó adelante un programa de «erradicaciones de campamentos» que venían del tiempo de la Unidad Popular. Este programa erradicó sobre 26 mil familias, que sumaban a unas 150 mil personas, a diferentes puntos de la ciudad. Las principales comunas de destino de los erradicados fueron La Granja, que recibió el 31 % del total; Renca, el 13%; Puente Alto, el 12%; y Pudahuel, el 6%. Mayores detalles en Hechos Urbanos Nº 35, Agosto de 1984, SUR Documentación, pp. 10-12. La erradicación de campamentos tendió a reforzar la segregación social de Santiago, y tal vez su mayor expresión simbólica fue la expulsión de los pobladores que habitaban en la comuna de Las Condes, en especial la Población San Luis, que alteraba el incremento de la renta del suelo.

17Este punto de vista, por cierto, puede ser matizado si se observa el período completo de la dictadura, particularmente a propósito del proceso de descentralización que puso en marcha la dictadura en los años ochenta, que dotó de mayores atribuciones y responsabilidades a los municipios en el campo de la salud y la educación, así como en su proyecto de «estado subsidiario» que permitía ejecutar o monitorear desde los municipios las políticas sociales orientadas hacia los más pobres. Ver: Verónica Valdivia, Rolando Álvarez y Karen Donoso, La alcaldización de la política. Los municipios en la dictadura pinochetista. Santiago, LOM ediciones, 2012.

Desde el punto de vista histórico, la dictadura chilena constituyó la respuesta de los grupos dominantes y de un amplio sector de las clases medias al mayor proyecto de cambio social en la historia de Chile, que se puso en práctica a partir del triunfo electoral de Salvador Allende en 1970. Una coalición de partidos de izquierda, denominada Unidad Popular, propuso entonces un programa de cambios que incluía medidas antiimperialistas (nacionalización del cobre y de las riquezas básicas); antilatifundistas (profundizar la Reforma Agraria iniciada el año ’67 por el gobierno anterior); y, antimonopólicas (expropiación de grandes empresas y creación de un área de propiedad social). Estas reformas provocaron en el corto plazo dos tipos de efectos: por una parte, la oposición de los sectores afectados (empresas norteamericanas, los grandes propietarios de la tierra y el gran empresariado industrial, comercial y financiero), y por otra parte, la movilización de los obreros y campesinos beneficiados por los cambios 18. Sin embargo, el proceso de cambio también animó a una diversidad de grupos populares que sintieron que podían tomar la revolución proclamada por la Unidad Popular como un asunto que les incumbía directamente. En este sentido, tanto entre los pobres del campo como entre los de la ciudad se pusieron en curso iniciativas que buscaban materializar sus propias demandas de cambio social. Por ejemplo los mapuche en el sur no sólo buscaron beneficiarse con la Reforma Agraria, sino que promovieron las denominadas «corridas de cerco» como una estrategia encaminada a recuperar sus tierras usurpadas. En las ciudades, los pobladores incrementaron sus movilizaciones y «tomaron sitios» para construir sus propias viviendas, e hicieron demandas específicas al Estado para resolver los viejos y nuevos problemas de la urbanización de los barrios populares.

Desde un punto de vista social y político, las reformas, así como la movilización popular, provocaron un inédito proceso de democratización de la sociedad. Los sectores populares, de obreros, campesinos y pobladores, y también los estudiantes, ocuparon roles muy activos en las disputas políticas, pero particularmente en la redefinición de las relaciones de poder que organizaban cotidianamente a la sociedad. Esta nueva situación –desde un punto de vista político y simbólico– fue leída por los opositores a la Unidad Popular como el desarrollo de un agudo proceso de «polarización de la sociedad». En términos generales, los medios de comunicación y los líderes de la oposición reiteraban que la Unidad Popular estaba llevando al país a un abismo, y, relativamente pronto, en el segundo año de gobierno de Salvador Allende, pusieron en marcha estrategias de tipo insurreccional con el objeto de derrocar al gobierno. El paro de octubre de 1972 fue el primer ensayo, a través de una huelga de camioneros que buscó inmovilizar al país. Un segundo momento fueron las elecciones de marzo del ’73, en que aún se apostaba a un derrocamiento «legal» de Allende. Cuando una y otra de estas estrategias fracasaron, se impuso, sin muchos tapujos, en la oposición política a Allende y a la Unidad Popular la estrategia golpista. Es decir, para los opositores a la Unidad Popular, la crisis política provocada por las reformas del gobierno y la movilización popular sólo podían ser conjuradas mediante la intervención militar y el golpe de Estado.