Red de alimentos - Nada Sobra, Carlos Ingham

En esa ocasión, al teléfono, Calú se sinceró con el ministro.

–Te juro, Andrés, que no doy más. He hablado con medio mundo. He gastado las suelas de los zapatos recorriendo las oficinas de los distintos gobiernos. Les he llevado carpetas llenas de documentos sobre cómo operan los bancos de alimentos en otros países, he presentado diversas propuestas para evitar los posibles loopholes tributarios, le planteé el proyecto al presidente Lagos en 2005, pero nada parece posible. No hay ninguna receptividad con el tema. Y, simplemente, no lo puedo creer. De verdad, que no lo puedo creer –se confesó Calú–. Necesito ayuda, Andrés, por favor. Si vos no me ayudás, no sé a quién más puedo recurrir –remató.

Después de esta llamada telefónica, a fines de 2006, Andrés Velasco llamó a su subsecretaria, María Olivia Recart.

–¿Malala?

–Sí, Andrés.

–Necesito que hables con un señor. Se llama Carlos Ingham y está tratando de armar un banco de alimentos en Chile, pero tiene el problema de que la normativa de los gastos rechazados del SII le impide recolectar alimentos de las empresas. ¿Lo podrías atender, por favor? –pidió el ministro–. Quizás esto se ajuste con el tema de las donaciones sociales que estás manejando.

–Claro. No te preocupes, yo me encargo –respondió la subsecretaria.

Como subsecretaria del Ministerio de Hacienda en el primer gobierno de Michelle Bachelet, María Olivia Recart trabajó mucho con las organizaciones sin fines de lucro para crear un fondo social para que el Ministerio de Desarrollo Social pudiera apoyar a las fundaciones de beneficencia sin fines de lucro más pequeñas, aquellas que no suelen ser favorecidas por las grandes empresas donantes. En específico, ella y su equipo se dedicaron a reformular la ley de donaciones con fines sociales de las que eran objeto las organizaciones sociales y deportivas, comparándolas con la Ley Valdés13, que era mejor en términos de distribución de los aportes. Esto, ya que la Ley de Donaciones Culturales permite:

(a) que el 50% del monto de la donación pueda ser rebajado directamente del impuesto a pagar por las empresas o por trabajadores independientes o por cuenta propia, con límite del 2% de la renta líquida imponible o de la renta imponible del impuesto global complementario, sin exceder el monto de 14.000 UTM al año;

(b) y que el 50% restante de la donación o aquella parte que no pueda ser imputada como crédito, pueda rebajarse como gasto tributario en su totalidad, sin tope o límite alguno.

En este sentido, la reforma a la Ley de Donaciones Sociales nivelaba más la cancha, ya que, con esta nueva ley, cuando una empresa dona dinero a una organización no gubernamental (ONG), el Estado reconoce ese aporte y reduce su pago de impuestos. Luego, parte de esa rebaja tributaria se deposita en un fondo para que las ONG postulen a este a través del Ministerio de Desarrollo Social. Así se genera una mayor redistribución e igualdad entre las instituciones grandes y pequeñas.

Finalmente, las averiguaciones respecto a qué había que hacer para que esto fuese posible los condujo –y no podía ser de otra forma– nuevamente al SII. Para ello se organizó una comisión para iniciar conversaciones con la entidad controladora, pero no hubo mayores avances.

Fue un trabajo muy difícil, porque para impuestos internos el principio no es de sospecha, sino de mal uso. Donde abres una posibilidad de mal uso, ellos tienen que fiscalizar más, tienen que verificar cómo se está aplicando la normativa. –María Olivia Recart.

***

Entretanto, Aníbal Larraín, entonces director de Watt’s, le envió a Calú una información que fue de gran importancia para establecer un concepto que resultó fundamental más adelante para llegar a puerto con el Servicio de Impuestos Internos. Se trata de lo que luego se denominó “productos aptos para el consumo o uso, pero que ya no son comercializables”.

–Calú, Aníbal Larraín te llama –dijo su secretaria.

–Pasame la llamada, Jeanette, gracias.

–Calú, hola, ¿cómo estás? Te llamo porque me quedé pensando en este asunto del gasto rechazado y creo que tengo una información que te puede ser útil. Y antes de mandártela, te la quería explicar un poco.

–Buenísimo, che. Contame.

–Como te decía el otro día, el funcionamiento de los supermercados en Chile es de los más modernos del retail, no solo en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Estos han establecido protocolos muy estrictos con las empresas proveedoras, como nosotros, respecto a las fechas de vencimiento de los productos. Cada supermercado tiene las propias, de ahí que pedí que te organizaran unas “tablas” con las fechas.

–Ya…, entonces...

–Bueno, que si un producto tiene, digamos, una vida útil de 90 días antes de vencer, los supermercados nos lo devuelven a los proveedores a los treinta. Como te imaginarás, la diferencia entre lo que les entregamos y lo que nos devuelven 60 días después, en teoría, lo podríamos salir a vender a los locales de barrio. El problema es que la logística de aquello es muy grande y requiere de un tiempo que ya no tiene el producto. Es decir, en la práctica, esos productos ya no los podemos vender. No sé. Te lo dejo planteado, y mi secretaria te envía mañana toda la información. Velo con los expertos que te asesoran. Capaz que te sirva.

–Estupenda información, Aníbal. Muchas gracias –se despidió Calú con una sonrisa en la cara.

Efectivamente, las famosas “tablas de los supermercados” fueron el origen del concepto de que había una cantidad “x” de días, según el tipo de producto y la cadena de supermercados, en que esos alimentos no se podían comercializar, pero sí se podían consumir. Es decir, justo lo que el banco de alimentos requería para justificar ante el SII que esos alimentos debían ser donados, ya que no se podía hacer nada con ellos, salvo dejarlos descomponerse y destruirlos, como indicaba la ley, generando además un gran daño adicional al medioambiente.

Con esta información en mano, Calú inició una serie de encuentros con el SII con el objetivo de demostrarles que era posible aprovechar estos alimentos sin generar problemas de control fiscal.

A la primera reunión –en plan de lobistas– con Juan Alberto Rojas, abogado jefe del SII, Calú fue acompañado por Roberto Peralta. Pero los resultados no fueron auspiciosos.

–No, no, no y no. Por ningún motivo. Por favor, entiendan. Lo que ustedes piden va a generar un loophole14 en nuestro sistema impositivo, por donde se van a escapar muchos tributos –dijo con firmeza Rojas.

Y no fue una, sino varias las reuniones que tuvieron con Rojas y, en cada una de ellas, le presentaron nuevas propuestas para combatir la posible creación de loopholes que pudieran ser usados maliciosamente para evadir impuestos. El tema podía subsanarse, pero para ello había que cambiar mentalidades.

Odisea 2007

Durante 2007 el equipo de trabajo de la subsecretaria Recart continuó buscando junto con el SII una fórmula para sacar adelante una nueva normativa, pero los esfuerzos se distanciaban y comenzaron a aparecer otros temas. Fue así como las esperanzas se fueron diluyendo y pasó otro año más.

Por esas fechas, como nuevo aliado, se incorporó al proyecto el abogado Pablo Guerrero, del estudio Barros & Errázuriz, quien, además, era presidente de la Fundación Pro Bono.

Odisea 2008

Un día cualquiera a mediados de 2008, Calú y María José, su señora, recibieron en su casa a Pierina Bocic y su marido, Patrick Orchard, a quienes habían invitado a cenar. Los matrimonios se conocían porque sus hijos mayores fueron compañeros de colegio y, desde entonces, tanto los padres como los hijos, forjaron una gran amistad.

Entre aperitivos y bajativos, surgió el tema del banco de alimentos. Con su modo apasionado, Calú les resumió en qué estaba el proyecto y comentó la frustración que sentía ante los obstáculos para llevarlo a cabo. La respuesta de todos fue unánime: era una gran idea y tan evidente que ninguno entendía que no fuera posible materializarla. Pero en Pierina el concepto despertó algo más fuerte aún; a medida que escuchaba el relato de Calú, el entusiasmo por participar de la idea se hacía cada vez más grande en ella. Le pareció que era de tanto sentido común aprovechar los alimentos que no se pueden vender para entregárselos a quienes no los pueden comprar, que llegó incluso a sentir un poco de vergüenza de que fuera un argentino quien liderara la idea, aunque su amigo era bien chileno también, con sus catorce años viviendo en el país. Entonces, cuando Calú le pidió que lo acompañara en esta aventura, no lo dudó ni por un instante.