Autores Varios - Europa global, Europa social

Patrick Weil apunta a la necesidad europea de aceptar en mayor medida la inmigración a gran escala si no queremos que la población de Europa sufra un descenso acusado en el próximo medio siglo. Según las actuales tendencias demográficas, Francia necesitaría 5,5 millones de inmigrantes adicionales para mantener su población actual en 2050, Alemania necesitaría 25 millones, e Italia 19,5 millones. Por tanto, la cuestión no debería formularse en términos de cómo controlar mejor la inmigración, sino cómo regularla. Se necesitarán políticas comunes incluso si, como demuestran las cifras mencionadas, las circunstancias nacionales y la capacidad para absorber con éxito migrantes varían de unos socios comunitarios a otros. Las políticas recomendadas por Weil se centran en el principio de la recirculación. Un régimen más liberal de visados y permisos de trabajo debería permitir a los inmigrantes moverse entre su país de origen y Europa. Esto sería favorable al desarrollo y reduciría la inmigración ilegal. Por ejemplo, las políticas migratorias actuales dificultan que los graduados extranjeros formados en Europa tengan derechos permanentes para trabajar en el viejo continente. Pero como parte de un programa de desarrollo, los servicios de salud podrían ofrecer contratos flexibles que permitieran al personal formado volver a casa durante periodos fijos de tiempo, y ayudar así al desarrollo de su propio país sin perder la oportunidad de trabajar de nuevo en la UE.

En su contribución, Loukas Tsoukalis plantea la cuestión de si Europa puede cumplir sus promesas en el contexto de la ampliación a 25 socios. Mientras que anteriores ampliaciones llevaron a la consolidación del modelo social europeo, esta ampliación puede resultar más complicada. Los procesos anteriores tuvieron la ayuda de fondos estructurales generosos. Los actuales nuevos socios comunitarios son más pobres, y existen muchas pruebas de la existencia de una fatiga respecto a las reformas después de los esfuerzos de la transición poscomunista. Esta situación puede conducir al populismo, a un alejamiento de la integración europea y al rechazo de nuevas reformas. Para estabilizar la periferia de Europa, la UE necesita un centro que funcione. En estos momentos, ese centro es una especie de campo de batalla entre los integracionistas a la vieja usanza y los proteccionistas de nuevo cuño, por un lado, y los misioneros de la globalización y los fundamentalistas del mercado, por el otro. Tiene que alcanzarse un equilibrio, pero el cómo y el cuándo no están claros. La UE debería servir como catalizador y facilitador; sin embargo, con demasiada frecuencia, los políticos nacionales minan su potencial usándola como chivo expiatorio.

Maurizio Ferrera contrasta la lógica de la «apertura» en la integración europea, dirigida a la expansión de las opciones y las elecciones individuales, con la lógica del «cierre» que subyace a los sistemas nacionales de solidaridad y redistribución. Durante mucho tiempo, esas dos lógicas no interfirieron la una con la otra. Pero en la última década hemos sido testigos del surgimiento de tensiones crecientes: las reglas de la competencia han extendido su alcance a los servicios públicos y las cuatro libertades han provocado una reestructuración legal de los derechos sociales (por ejemplo, en las áreas de igualdad en las retribuciones y discriminación en el trabajo, o el derecho a tratamientos médicos reembolsables en cualquier Estado miembro). La solución de «dos vías separadas» no puede sostenerse por más tiempo y debe encontrarse un nuevo equilibrio entre la agenda de «la apertura» (reformas económicas, más integración y liberalización de los mercados) y los objetivos tradicionales del Estado del bienestar. Desde el punto de vista de Ferrera, estas evoluciones implican la creación de un nuevo espacio regulatorio a nivel comunitario que aborde sistemáticamente cuestiones sociales.

Roger Liddle pide una política común en materia de justicia social para Europa. La globalización no obliga a Europa a diluir la justicia social, pero impulsará las desigualdades y, por tanto, forzará a Europa a abordar reformas radicales si ésta es consecuente con sus compromisos con la justicia social. Hay ejemplos exitosos de modelos sociales europeos altamente desarrollados que, por medio de una combinación de inversión social, apertura de mercados y prestaciones sociales activas, han demostrado ser capaces de reformarse. Los partidarios de la justicia social no pueden convertirse en defensores retrógados de un status quo insostenible: deben ser reformistas decididos a crear unos Estados del bienestar fortalecedores y orientados hacia el desarrollo en la nueva era. Aunque la responsabilidad de las reformas es sobre todo nacional, la UE debería desempeñar un importante papel facilitador. Debería definirse a nivel comunitario una hoja de ruta de la justicia social para que la sigan los Estados miembro y, como parte de un proceso reforzado de coordinación (construido sobre los programas nacionales de reforma que son parte de la estrategia de Lisboa reformada), la Comisión debería llevar a cabo evaluaciones fidedignas del progreso de los países miembro. La hoja de ruta también debería incluir puntos de referencia para la mejora de la «calidad» del gasto público nacional. Al mismo tiempo, la revisión del presupuesto comunitario por parte de la Comisión, prevista para el 2008, debería considerar la viabilidad de los incentivos para la reforma y el potencial para nuevos programas comunitarios emblemáticos en campos clave como el cuidado infantil, las becas, un acceso mayor a la educación superior y ayudas para el ajuste y el reciclaje formativo de los trabajadores de mediana edad afectados por la reestructuración.

Muchas cosas han cambiado en la Unión Europea desde 1989, incluyendo la propia definición de Europa. La división entre el Este y el Oeste se ha disuelto. La UE ha respondido activamente a esos cambios no sólo llevando a cabo un ambicioso programa de ampliación, sino también impulsando el Mercado Único y la moneda única. Muchos supusieron que esos proyectos nos dirigirían hacia una nueva era de dinamismo económico: permitirían a la «vieja» Europa recuperar el espectacular éxito económico del que disfrutó en el tercer cuarto del siglo XX, y que dio lugar a la creación de sociedades de consumo de masas y Estados del bienestar altamente desarrollados. En su lugar, y especialmente en el «núcleo» de Europa, el crecimiento ha languidecido y el desempleo ha seguido siendo persistentemente alto. Quizá como consecuencia de este desencanto, en algunos países miembro la ampliación, el euro y el Mercado Único se han convertido en símbolos de una Europa cada vez más remota y menos responsable, en lugar de percibirse como potenciales generadores de prosperidad.

Los que votaron «no» en los referendos constitucionales de Francia y los Países Bajos en mayo y junio del 2005 estaban registrando una profunda preocupación por el futuro social y económico de Europa, sus propios puestos de trabajo, su nivel de vida y la seguridad en su jubilación. Algunos temían la pérdida de soberanía nacional y habían quedado desilusionados con la capacidad de las políticas electorales para cambiar las cosas. Otros temían una agenda basada en el mercado y dirigida por Bruselas, esta última convertida a sus ojos en la principal enemiga de las aspiraciones de la gente.

Durante la década anterior, el debate sobre «el futuro de Europa» se había centrado, con cierta estrechez de miras, en la eficiencia, la legitimidad y la responsabilidad en la toma de decisiones de la UE. ¿Cómo deberían reformarse las instituciones de la UE en respuesta a la realidad inminente de la ampliación, a la profundización del Mercado Único, a la llegada del euro, a la ambición de una política exterior comunitaria más fuerte y a la existencia de un área de «libertad, justicia y seguridad» interior? En tres ocasiones se han celebrado conferencias intergubernamentales –en Ámsterdam, Niza y, posteriormente, en el Tratado Constitucional– que intentaban liquidar este debate institucional, y las tres veces acabaron en fracaso. Para los líderes de la UE, el impacto ha sido profundo y ha forzado a reconsiderar el contexto: la dirección económica y social de Europa. Rompiendo con las pautas de la década anterior, se agradece que estos asuntos sean ahora centrales dentro del debate sobre «el futuro de Europa».