Autores Varios - Europa global, Europa social

Una vez más, el capítulo de Cuperus es un recordatorio poderoso de que los desafíos a los que hacen frente los Estados del bienestar europeos no sólo provienen de fuera, de la competencia internacional que limita el alcance redistributivo y el poder de desmercantilización de los Estados del bienestar nacionales. Como subraya Anton Hemerijck, los sistemas actuales de protección social se han visto saturados, con unos mercados laborales y unas estructuras familiares debilitados como proveedores tradicionales de prestaciones. La capacidad de los políticos y de los gobernantes para refundir los Estados del bienestar también está limitada por compromisos sobre política social negociados a nivel nacional en áreas tales como el desempleo y las pensiones. La reforma de las prestaciones sociales es un proceso político que implica la formulación de problemas y soluciones políticas por parte de los actores políticos nacionales. Las reformas no son producto de fuerzas globales irresistibles, sino el resultado de largos procesos de negociación entre los políticos, los gobiernos y los agentes sociales. El modelo social europeo se transformará principalmente por medio de procesos que son internos al Estado-nación, aunque la UE puede proporcionar incentivos para la reforma.

Los capítulos 7 al 12 abordan esta cuestión: «¿Qué dirección debería tomar ahora la reforma del modelo social europeo?». Está claro que ningún país puede tomarse como modelo para los demás. En los últimos quince años, en diferentes periodos, Alemania, Japón y Estados Unidos se han considerado modelos que imitar por parte de los Estados miembro de la UE, hasta que surgieron grandes defectos.

Los participantes en este libro defienden modelos sociales híbridos. Karl Aiginger y Alois Guger comparan los éxitos y fracasos de los sistemas de prestaciones sociales europeos y estadounidense. Su trabajo indica claramente que, a lo largo de los años, los países nórdicos han demostrado ser los más exitosos a la hora de adaptarse a las condiciones cambiantes, y que se pueden aprender de ellos lecciones importantes. Han preservado los principales elementos del Estado del bienestar al tiempo que aplicaban reformas destinadas a aumentar la eficiencia y la flexibilidad, así como a mejorar los incentivos y mantener los costes privados en línea con la productividad y el gasto público. Aiginger y Guger examinan los factores que han creado el dinamismo económico de la última década y demuestran que los nórdicos han igualado a Estados Unidos en áreas clave como las de inversión en investigación y difusión de las TIC, y han superado a otros países europeos y a Estados Unidos en indicadores de inclusión social tales como las tasas de empleo, la pobreza infantil y la desigualdad. No defienden que todos los países de la UE deberían tener como objetivo la convergencia con Escandinavia. Las circunstancias nacionales, la historia y las opciones políticas todavía importan en gran medida cuando se trata de determinar la nueva arquitectura del Estado del bienestar, pero hay principios comunes que podrían ser ampliamente aplicables, como la adopción de un modelo de «inversiones sociales» a lo largo de la vida.

Como argumenta Jane Jenson, un enfoque basado en el ciclo vital es esencial para lograr una mayor igualdad de género en el Estado del bienestar europeo. Este proceso requiere nuevos instrumentos de política social. Según Jenson, garantizar la seguridad en los ingresos implica hacer frente a un mercado laboral que cambia rápidamente: se debe prestar más atención al diseño de los servicios de cuidados infantiles y a las prestaciones para bajas paternales/maternales, de forma que el trabajo y la familia puedan reconciliarse mejor. Tanto la UE como sus Estados miembro deben también comprometerse a luchar contra la discriminación y la segregación de la fuerza laboral. Dentro de los debates sobre las tasas de fertilidad en Europa tiene que reconocerse la preocupación de los padres sobre la seguridad económica, porque unas retribuciones adecuadas son tan importantes como la prestación de cuidados infantiles o la vivienda. Por último, a medida que el cuidado social va siendo más importante en unas sociedades en proceso de envejecimiento, se deben adoptar medidas para garantizar que los servicios para el hogar proporcionen empleos de calidad para las mujeres que principalmente los ocuparán.

Patrick Diamond afirma que los Estados del bienestar tradicionales se centraban en medidas para rectificar el daño que sufrían los individuos y grupos vulnerables. Este enfoque en la atención a posteriori necesita ahora una revisión. Un Estado del bienestar activo debería adoptar medidas preventivas centradas en las mujeres, las familias más jóvenes y los niños, para promover sus oportunidades futuras, en lugar de ofrecer sólo compensación por las desventajas del pasado. Tales medidas podrían incluir una garantía comunitaria sobre los cuidados infantiles que aligere la carga de los cuidados no retribuidos y ataque las raíces de la pobreza infantil; cuentas de aprendizaje, seguros de empleo de transición y formación preventiva en habilidades básicas para proteger frente al desempleo de larga duración, y deducciones fiscales que aligeren la carga de sacar adelante a la familia. Estas prioridades provienen de un concepto revisado de justicia social, como lo define Diamond, fortaleciendo la capacidad individual de autonomía y autoestima a lo largo de toda la vida.

Luc Soete sugiere que los gobernantes europeos no han prestado suficiente atención a la naturaleza de la acumulación del conocimiento y de los mercados laborales en la economía del conocimiento. Éstos ofrecen la posibilidad de aumentar los rendimientos, en contraste con las aportaciones de capital y mano de obra, que en los modelos económicos clásicos están sujetos a rendimientos menguantes. Los gobernantes no han conseguido analizar cómo los procesos de acumulación del conocimiento han cambiado en la última generación, pasando del modelo de I+D industrial de la era de posguerra a un proceso más endógeno. Con la disponibilidad global del conocimiento, las TIC como medio disponible para su codificación y la posibilidad de las empresas para ser innovadoras sin tener que llevar a cabo su propia investigación original, la naturaleza de la producción del conocimiento ha cambiado. Esto lleva a Soete a cuestionar la lógica de los programas tecnológicos tradicionales a nivel comunitario y su énfasis en la protección de la propiedad intelectual. El enfoque de la política europea debería ser menos eurocéntrico y apoyar más el acceso abierto al conocimiento en campos como la energía, la sostenibilidad, la salud y la seguridad. El objetivo europeo del 3% en I+D no es sensato porque alcanzarlo depende en gran medida del sector privado. En su lugar, Europa debería fijar un objetivo más amplio para el gasto público nacional en «conocimiento». Soete también defiende que la expansión del trabajo en conocimiento exige repensar la protección social tradicional, de modo que las políticas públicas reconozcan explícitamente la diferencia entre aquellos a los que el trabajo les resulta opresivo y aquellos para los que es un placer. Para este último sector del mercado laboral, el énfasis de la protección social europea en la «seguridad» coloca a la UE en una situación innecesaria de desventaja competitiva.

Mans Lönnroth revisa las pruebas que existen sobre la relación entre una política medioambiental fuerte y el crecimiento económico. Desde su punto de vista, Europa ha desarrollado un modelo medioambiental característico que es resultado del Mercado Único, basado en la universalización a través de la regulación de las mejores tecnologías disponibles. Este modelo está menos sujeto al análisis económico de costes y beneficios que en el disputado entorno regulatorio de Estados Unidos. Sin embargo, tenemos pocas evidencias de que la política medioambiental europea haya dañado la competitividad, y algunas investigaciones sugieren que incluso podría haber contribuido a ella. Sin embargo, el reto del cambio climático es una cuestión diferente. Si Europa sigue ofreciendo su liderazgo global, un endurecimiento en el futuro del régimen de comercialización de las emisiones llevaría a alguna forma de contracción industrial. En estas circunstancias, un modelo social retrógrado incapaz de asumir una reestructuración medioambiental sería un problema importante. En la actualidad, hay una falta de pensamiento audaz, original e integrador, que conecte las dimensiones económica, social y medioambiental del desarrollo.