AAVV - Los carniceros y sus oficios

Esta práctica exigía, como contrapartida, que todas las reses de cada ganadero estuviesen marcadas con una señal específica, que garantizara su identificación. El consistorio de Ciudadela era el organismo que concedía los distintivos para todo el ganado insular y guardaba una copia en un registro general. 175La señal consistía en una serie de pequeños cortes efectuados con unas tijeras en una de las orejas de los animales. La ampliación del derecho de pasto requirió también la creación de unos inspectores municipales de los rebaños, los batlles de les ovelles . Sus atribuciones consistían en acorralar periódicamente los rebaños del término, recoger las solicitudes de marca de los ganaderos locales, diseñarlas, comprobar que no coincidía con ninguna de las existentes y proponerlas al concejo de Ciudadela para que las aprobara. Estaba facultado también para dirimir verbalmente y en primera instancia los conflictos que se planteasen por la propiedad de las reses, identificar los animales que hubiesen penetrado en los sembrados y establecer la sanción que sus propietarios tendrían que pagar a los damnificados, recoger los hatos foráneos y reconducirlos a sus respectivas circunscripciones y finalmente estar a disposición del concejo local para todas la cuestiones relativas al ganado. 176Esta práctica ganadera, que los observadores externos consideraban poco racional, por no permitir un control sistemático de los rebaños y facilitar la pérdida de parte de las mieses, estaría en vigor hasta mediados del siglo XIX, puesto que los campesinos menorquines continuarían considerando que, a pesar de sus inconvenientes, minimizaba esfuerzos y costes. 177

De los enfrentamientos de banderías a la guerra civil

Esta dinámica de las estructuras agropecuarias se produjo en un contexto social y político complejo. A partir de la segunda década de la centuria, la economía y la población menorquina entraron en una fase recesiva, debido a la interacción de una serie de causas generales y específicas. Entre los factores genéricos, que afectaron coetáneamente al conjunto de la Corona de Aragón, destaca la reaparición intermitente de enfermedades infecciosas y de las crisis de subsistencia. Alfonso el Magnánimo, para frenar el proceso de despoblación y garantizar la defensa de la isla, concedió, en enero de 1427, un salvoconducto general a todas las personas que se instalasen en ella; estas no podrían ser perseguidas por ningún tipo de delito, excepto los de lesa majestad y falsificación de moneda, y solo estarían obligadas a devolver las deudas derivadas de censos, violarios, comandas y cambios. 178Si la primera oleada de pobladores feudales la había integrado, según el cronista Ramón Muntaner, «buena gente catalana», 179en la segunda preponderaron los delincuentes y los marginados sociales. Las medidas reales solo consiguieron atenuar la tendencia demográfica, no revertirla: en 1459, la isla contaba con 703 fuegos fiscales, 180que equivalían aproximadamente a 3.165 habitantes, un 27% menos que en 1336.

Otro de los principales factores exógenos que contribuyeron a desestabilizar la economía menorquina fue el aumento de la presión fiscal. Para poder atender los subsidios económicos que exigía reiteradamente el soberano, los concejos menorquines, desde mediados del siglo XIV, habían tenido que endeudarse, vender censales y violarios, 181el pago de cuyas pensiones desestabilizaban sus presupuestos y les impedían efectuar una asignación equilibrada de los recursos disponibles. 182Las emisiones de deuda pública, por otra parte, fueron adquiridas casi íntegramente por ciudadanos de Mallorca y de Barcelona, los cuales, para preservar la rentabilidad de sus inversiones, no dudaban en mediatizar la gestión de los consistorios menorquines. Durante el segundo tercio del siglo XV, coincidiendo con la costosa campaña de la conquista de Nápoles y la agresiva política exterior de Alfonso el Magnánimo en los Balcanes, los municipios menorquines, incapaces de afrontar sus obligaciones financieras, tuvieron que negociar algunos acuerdos con los censalistas foráneos. La serie se inicia, en 1439, con la sentencia arbitral del gobernador Galceran de Requesens, 183y continúa con las concordias de 1458, 1460 y 1462, 184cada una de las cuales incluía una reducción de la pensión de los censos. Su reiteración evidencia, sin embargo, la dificultad de deudores y acreedores para encontrar una solución efectiva a un problema que, en vez de reducirse, se incrementaba con el paso de los años.

La distribución de la carga fiscal era competencia de los consistorios, una facultad que incrementaba el enfrentamiento entre los diversos estamentos sociales por la elección de los cargos 185y estimulaba la ambición política de los poderosos. La aspiración al poder municipal reforzaría las banderías que, desde mediados del siglo XIV, ya sacudían transitoriamente la sociedad menorquina. 186En 1451, coincidiendo con el levantamiento dels forans (campesinos) mallorquines, la tensión desembocó en una auténtica guerra entre dos facciones, encabezadas por las familias Parets y Cintes, 187perteneciente a la nobleza antigua y consolidada, la primera, y al colectivo de los terratenientes ricos pero sin título, la segunda. 188La pugna entre Pere de Bell-lloc y Jofre de Ortafà por el cargo de gobernador de la isla abrió, en 1457, un nuevo frente de lucha 189y polarizó todavía más las facciones ya existentes. La situación alcanzó tal grado de conflictividad que obligó que Juan II a intervenir directamente. El soberano, durante el bienio de 1458-1459, adoptó una serie de medidas de reenderezamiento: reducción de las pensiones de los censales, mejora del aprovisionamiento de cereales, reparación judicial de los crímenes, lesiones y robos de ganado y lana, con los que se habían enriquecido rápidamente algunos de los facciosos, 190perfeccionamiento del sistema de selección de los cargos municipales 191y expulsión de algunos payeses mallorquines que habían participado en los altercados. 192La aceleración de los acontecimientos no permitió, sin embargo, que estas reformas dieran sus frutos, puesto que, en mayo de 1463, pocos meses después del inicio de la guerra civil en Cataluña, la facción menorquina encabezada por el gobernador Pere de Bell-lloc se decantó por la Diputación del General. La revuelta fue sofocada, con la contribución de un contingente armando procedente de Mallorca; los rebeldes, sin embargo, consiguieron refugiarse, con el apoyo de la Generalitat, en Mahón. Desde este momento la isla quedó dividida en dos áreas, encabezadas por los dos principales núcleos urbanos, situación que se mantendría hasta la derrota final de los sublevados. 193La guerra se prolongaría hasta 1472 y tendría un alto coste demográfico, no tanto por la pérdida directa de vidas humanas en los combates, como por el saldo migratorio negativo que provocaría, al generar inseguridad y alterar la actividad económica. El fogatge de 1475 solo registraría 494 fuegos fiscales, 194unos 2.225 habitantes. La isla, en menos de veinte años, habría perdido, pues, un 30% de su ya escasa población. Tanto Cataluña como Menorca pagarían, pues, un alto precio por haber perdido la contienda.

En la recesión económica menorquina del siglo XV intervinieron también algunos factores endógenos, específicos, como la tensión creciente entre sus dos villas principales. Aunque Ciudadela era el principal núcleo urbano y conservaría aún durante varios siglos la capitalidad, Mahón y la zona oriental de la isla, durante la fase expansiva de 1380-1410, se habían convertido en el área más dinámica demográfica y económicamente, debido en buena parte a las compras de lana realizadas por los agentes de las compañías italianas. El cambio de coyuntura, el incremento de la presión fiscal y la eclosión de las banderías acentuaron, durante el segundo tercio de la centuria, la conflictividad entre ambas poblaciones. Las consecuencias de la revuelta contra Juan II, fueron desastrosas para el conjunto de la isla, pero alcanzaron sus cotas máximas en Mahón, donde –como ya se ha expuesto– se replegaron los partidarios de la Generalitat de Cataluña. Juan II, desde el inicio de la guerra, indemnizó a los miembros del bando realista por las pérdidas que les ocasionaba con bienes inmuebles, rebaños y censales confiscados a los partidarios de «los catalanes», y concedió al consistorio de Ciudadela rentas para financiar la reconstrucción de las infraestructuras defensivas y económicas. 195La guerra civil provocó, pues, una transferencia considerable de población y de recursos desde el sector oriental hacia el occidental, reforzó transitoriamente –en un contexto global recesivo– la preponderancia de Ciudadela sobre Mahón, 196pero no desmontó la estructura bipolar de la isla. Este proceso no tiene equivalente en Ibiza, con un único núcleo urbano dominante sobre una población campesina dispersa; ni en Mallorca, donde los treinta y un núcleos rurales no consiguieron atenuar la superioridad de la Ciudad. Los enfrentamientos internos del siglo XV solo retardaron el basculamiento del centro de gravedad demográfico, económico y político de la isla hacia Mahón, no lo evitaron. En la balear mayor, tanto la revuelta campesina de 1450 como la Germanía de 1521 reforzaron, en cambio, la preeminencia de la capital. 197