Nuestro mayor problema no es normativo, sino de marco institucional y cultura y voluntad políticas. Existen importantes dificultades en el terreno de la coordinación y la cooperación, tal y como las ha definido el Tribunal Constitucional, pero también puede ser una oportunidad. La falta de voluntad política para dotarse de dispositivos institucionales de coordinación claros y darles contenido impide alcanzar mejores resultados. Una afirmación que puede hacerse extensiva, como hemos visto, desde el desarrollo de planes estatales con fuerte impacto territorial, hasta la gestión de parques nacionales, el gobierno de las regiones urbanas, la gestión integrada de espacios litorales, el desarrollo de planes de ordenación territorial subregionales, la cooperación interregional o el urbanismo. En todos los casos, distintas esferas de gobierno comparten competencias sobre el propio territorio, pero no siempre existe la coordinación entre ellas. En este ámbito, fundamental, se debe progresar en el futuro.
Por su parte, el mecanismo de cooperación (formal e informal), entendido como un principio conectado con la idea de voluntariedad entre actores, tampoco presenta avances significativos, aunque sí hay mayores progresos. Aquí los progresos, si se incentiva desde los poderes públicos en la escala supramunicipal/comarcal, pueden ser tan extensos como eficaces y eficientes, en campos tan diversos como la promoción económica, la ordenación del territorio, los servicios sociales o la gestión sostenible de recursos y residuos.
Una gestión democrática de la complejidad, de la existencia de gobiernos multinivel en regiones con poderes legislativos, aconseja recurrir a formas sofisticadas de gobernanza territorial, preferentemente flexibles y mediante mecanismos soft . El reciente informe del Banco Mundial, «La Gobernanza y las leyes», insiste de nuevo en la importancia de dar contenido a los principios de compromiso, coordinación y cooperación, como forma de superar o evitar riesgos de exclusión, captura y clientelismo (Banco Mundial, 2017: 2-3). Por otra parte, el gran trabajo colectivo sobre la gobernanza territorial en la Unión Europea, además de sugerir cinco dimensiones de la gobernanza territorial, presenta un completo cuestionario que permite obtener una visión general, pero homologable, del nivel de desarrollo de cada una de esas dimensiones (ESPON, 2013). En el caso de la Comunitat Valenciana, resulta aventurado asegurar que hemos entrado en una nueva etapa en la que la formulación de políticas con impacto territorial participa de una nueva cultura del territorio, y aún más difícil asegurar que se está produciendo un cambio hacia un modelo más «horizontal» en las formas de gobernanza territorial. Sería muy positivo que así fuera.
Tal vez pueda hablarse del inicio de una nueva etapa en materia de gobierno del territorio en la Comunitat Valenciana. La coincidencia en el tiempo de un conjunto de grandes tendencias de fondo, propias de las sociedades desarrolladas, junto al debate social sobre las negativas consecuencias, económicas, sociales, culturales y políticas del desgobierno territorial, podrían contribuir a mejorar nuestra calidad institucional y afianzar el proceso de maduración de contextos culturales, condición necesaria para que las normas demuestren toda su eficacia y coherencia. La emergencia de nuevos actores políticos en las escalas regional y local, la demanda creciente de más democracia y mayor participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones, los efectos visibles del cambio climático, la emergencia de nuevos valores ambientales y el «retorno» al paisaje y a los territorios rurales, van creando condiciones más propicias para evitar actuaciones insostenibles y para que directivas, recomendaciones europeas y legislación y normativa de les Corts Valencianes se vayan afianzando.
Tabla 2.4 Comunitat Valenciana 2030. Agenda territorial
1. Recuperar la cultura política del acuerdo . La buena gobernanza territorial descansa, básicamente, sobre los principios de coordinación y cooperación. En consecuencia, sus progresos quedan dificultados en la medida en la que no exista voluntad de acuerdo entre los actores políticos y entre éstos y los actores económicos y sociales |
2. Mejorar la coordinación y cooperación entre el gobierno regional y la Administración General del Estado es esencial para favorecer escenarios de cooperación mediante el impulso de figuras mixtas con participación de distintas esferas de gobierno. Por ejemplo, la figura de los consorcios, aún poco desarrollada en la Comunitat Valenciana, ha demostrado su eficacia en otras comunidades autónomas y ya se dispone de un buen catálogo de buenas prácticas en diversos campos de actuación posibles: competitividad y promoción económica, mejora de la cohesión social, gestión coherente del territorio en escalas supramunicipales. Del mismo modo, esa figura, u otras análogas, han resultado eficaces para favorecer la cooperación con gobiernos locales. |
3. Crear mecanismos técnicos de apoyo a los gobiernos locales para reforzar y coadyuvar la labor desarrollada desde otras instituciones como las diputaciones provinciales o la FVMP. Los gobiernos locales, en especial los de menor tamaño pero también una extensa red de ciudades intermedias, carecen de la capacidad necesaria para poder acometer iniciativas, planes, programas y proyectos a escala local y supramunicipal. Ello hace improductivos muchos esfuerzos, hace perder oportunidades y dificulta la cooperación. |
4. Propiciar un consenso básico sobre modelo territorial a escala regional (2030) entre los actores políticos, económicos y sociales concernidos. El enfoque estratégico no puede quedar eliminado de la práctica política. Un modelo territorial que no dependa del ciclo político y que sea capaz de orientar y vincular la planificación territorial de escala subregional y sectorial. Con este enfoque podrían superarse algunas de las debilidades que contiene la propia ley 4/2004, de Ordenación del Territorio, al hacer prevalecer la ordenación subregional (planes de acción territorial) sobre la propia estrategia territorial regional. |
5. Para poder compartir estrategias territoriales es imprescindible partir de un entendimiento compartido de la realidad territorial existente , que permita establecer acuerdos sobre la imagen futura pero también sobre el papel que cada actor debe desempeñar en el proceso. En este sentido sería aconsejable la creación de un Observatorio Territorial y un completo sistema de indicadores con información a escala municipal. |
6. Mejorar los sistemas de información a los ciudadanos e incentivar diversas formas de participación, en especial en la escala local . En este sentido parece aconsejable reforzar el proceso de participación derivado de las obligaciones y compromisos asumidos por España tanto en los procesos asociados a evaluación ambiental estratégica, como a los compromisos relativos al libre acceso a la información territorial y ambiental. En estos casos, es de especial relevancia desarrollar uno de los principios fundamentales de la buena gobernanza, como es el de apertura y transparencia. Ello posibilitaría una participación más activa. |
7 . Establecer mecanismos e instrumentos que con carácter vinculante permitan ejercer y dar contenido al principio de coordinación (que implica reconocimiento y ejercicio del principio de jerarquía) desde la escala regional, tal y como ha sido entendido por el Tribunal Constitucional. Al tiempo, incentivar fórmulas flexibles y participadas de cooperación en la escala local y subregional en los tres ámbitos relevantes: a )promoción económica; b ) cohesión social; c ) sostenibilidad ambiental. Mediante figuras flexibles y variadas: mancomunidades, consorcios y cooperación intermunicipal en torno a proyectos concretos. |
8. Impulsar formas de buen gobierno en la escala metropolitana . Las regiones urbanas y metropolitanas resultan elementos clave del desarrollo territorial a escala regional. Abordar la gestión desde la escala metropolitana resulta imprescindible y deviene en elemento estratégico tal y como demuestra la evolución reciente en el contexto nacional e internacional. Para ello, resulta aconsejable establecer mecanismos flexibles de ordenación en la escala metropolitana a partir de la experiencia de buenas prácticas en este campo existente en Europa. |
9. Articular instrumentos que permitan dar coherencia a las políticas con impacto territorial . Este objetivo puede ser conseguido mediante diferentes fórmulas con distinto grado de exigencia: foros o protocolos que sirvan para coordinar acciones de diferentes departamentos; establecimiento de una unidad de coordinación dependiente del más alto nivel de responsabilidad de gobierno; coordinación de la acción de gobierno a partir de la identificación de una serie de temas u objetivos estratégicos definidos en la propia Estrategia Territorial Valenciana. |
10 . Prestar especial atención a los impactos derivados del cambio climático y acordar estrategias de adaptación en todos aquellos aspectos relacionados con agua, territorio, bosques, erosión e incendios forestales. |
1A título de curiosidad, en 1981 el centro medio ponderado de la población valenciana se situaba en las coordenadas geográficas 39 o9’ 5’’ W y 0 o25’ 34’’ W (un punto que se encuentra en el casco urbano de Alzira), mientras que en 2016 se ha desplazado ligeramente unos 6,6 kilómetros hacia el SE, hasta las coordenadas 39 o5’ 22’’ W y 0 o25’ 20’’.
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