Brian Loveman - Poder Judicial y conflictos políticos. Tomo III. (Chile - 1973-1990)

El señor EYZAGUIRRE, MINISTRO DE LA CORTE SUPREMA. - El Poder Judicial ha sido maltratado desde hace muchísimo tiempo por una razón muy sencilla: porque siempre fue tremendamente legalista; porque impuso el cumplimiento de la Constitución y de las leyes valientemente contra cualquier tipo de Gobierno. Y al actual Gobierno la Corte Suprema le tiene una especial estimación. Uds. tienen un testigo presencial a quien pueden interrogar acerca de esto: el Auditor General de Guerra, que una vez a la semana está precisamente en la primera sala, en la Sala mía, trabajando con nosotros. Y él ha visto cuántas veces la Corte Suprema ha sorteado riesgos para evitar que se deslice un comentario en el exterior que pudiera perjudicar a nuestra Junta de Gobierno , pues eso la Corte Suprema no lo acepta, y hemos buscado con él la manera armoniosa de salir del tranco para que no salga a la publicidad algún error que ha podido cometer algún fiscal, por ejemplo, alguna petición que no debió haberse hecho, y lo solucionamos siempre así, amistosamente, para que las cosas no trasciendan afuera, porque para nosotros es fundamental eso: la colaboración que nosotros podamos prestarle a la Junta de Gobierno honesta y sinceramente

El señor URRUTIA, PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA. - Eso le está probando a US. que si hemos venido aquí es porque estamos en situación desesperada 23.

El general Pinochet, presidente de la Junta Militar, escuchó las súplicas y respondió: «Solucionemos primero uno de los problemas. Después solucionamos el otro. Podría ser, por ejemplo, que a un funcionario que ha estado más de 40 años en el servicio la asignación de título le valga. Algo así, pero hay que buscar la solución. No hay un no. Todo lo contrario. El mismo cariño que Ud. me expresaba en días pasados es el que tenemos nosotros por Uds.».

Aprovechándose del cariño de Pinochet, el presidente de la Corte se refirió a otro tema pendiente:

Tomándome la libertad, sólo deseo agregar algo completamente al margen de esto. Tenemos problemas: los famosos informes de los Ministerios en los recursos de amparo. Tengo 300 informes pendientes. A petición de la Corte Suprema, envié al respecto un oficio al Ministerio de Defensa y al Ministro del Interior. Llegaron 50 informes, pero quedan 250, y ahora han llegado otros 50 amparos. Comprendo la situación, pero le pido, señor Presidente, si se podría acelerar esto, porque después vienen los reclamos.

Para terminar la conversación con los ministros de la Corte Suprema, el general Pinochet le contestó al ministro Urrutia: «Hay problemas por gente que se traslada afuera. Además, por ejemplo, ayer una señora estaba buscando a una persona, pero había entregado otro nombre. Me voy a preocupar de este asunto» 24. Las autoridades y funcionarios de Gobierno desmentían habitualmente la detención de personas y desestimaban, en público, la veracidad de los hechos que llevaban a la presentación de recursos de amparo 25.

Casi todos los ministros de la Corte Suprema simpatizaban abiertamente con el derrocamiento del presidente Salvador Allende, no tenían ningún aprecio por los marxistas y revolucionarios y algunos los detestaban cordialmente. Pero habría resistencias sutiles y no tan sutiles entre los ministros de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones a la intervención de los militares en el Poder Judicial, a la restricción de jurisdicción y a las interpretaciones «jurídicas» que se daban a los decretos leyes promulgados por el gobierno militar. Por ejemplo, el presidente de la Corte de Apelaciones de Talca, Sergio Dunlop, quien presidía la Asociación de Magistrados, era partidario de la Junta Militar, pero también era celoso de las atribuciones del magistrado y defensor de la carrera judicial desde los primeros momentos después del golpe. Fue nombrado relacionador del Ministerio de Justicia con el Poder Judicial, sujeto a la aceptación previa del ministro de Justicia y de la Corte Suprema 26.

Estas discrepancias serían tema de debate en las reuniones de la Junta, también de conversaciones privadas con algunos ministros de la Corte Suprema, en la «Comisión Constituyente» nombrada poco después del golpe y, después de 1976, en el Consejo de Estado, tratándose de la violación de una gama de garantías constitucionales y hasta decretos leyes sobre la privación de nacionalidad como sanción 27. En esta última materia, según el ministro de Justicia, «se trata de producir el mayor número de elementos para que, en caso de apelación ante la Corte Suprema, ésta tenga suficiente material para apreciar el mérito y los antecedentes que determinan la pérdida» 28.

Inquietos por su imagen internacional y por el riesgo de sanciones, principalmente por parte de Naciones Unidas, los miembros de la Junta Militar buscaron limitar y contener los conflictos públicos con disidentes dentro del Poder Judicial, a pesar de que eran una minoría. Se preocuparon también por las críticas que se hacían por la falta de recursos de apelaciones judiciales frente a los fallos de los tribunales militares «de tiempo de guerra» (los consejos de guerra) instalados después del golpe. En octubre de 1975, el ministro de Relaciones Exteriores recomendó a la Junta la posibilidad de «rebajar en grados el Estado de Sitio vigente en el país, permitiendo la cesación de la competencia de la Justicia Militar en tiempos de guerra, y su reemplazo por el juicio militar en tiempos de paz, situación que permitiría a la justicia ordinaria conocer, en última instancia, por vía de la queja o de la casación, de los fallos dictados por este tribunal». De no ser posible lo anterior, recomendó «iniciar y dictar un decreto ley que estableciera, durante la vigencia del Estado de Sitio en grado de Defensa Interna, que los fallos de los tribunales militares en tiempos de guerra pudieran ser conocidos, en última instancia, por la vía legal, por medio de un recurso especial por la Corte Suprema» 29. Pero esta recomendación no fue acogida. En la práctica, no se toleró que, en nombre de la defensa de las garantías constitucionales establecidas en la Constitución de 1925, se impidiera la cruzada de limpieza social y política iniciada 30.

Los miembros de la Junta de Gobierno, elementos de las fuerzas armadas y algunos de sus asesores civiles querían evitar amarres jurídicos y controles judiciales que limitaran su proyecto político refundacional y tenían dudas sobre la lealtad de los jueces y el personal del Poder Judicial. Estas dudas se expresaron reiteradamente en las sesiones de la Junta. Pero los miembros de la Junta pensaban que necesitaban la cooperación del Poder Judicial para mantener la apariencia de legalidad y para legitimar el régimen frente a las instituciones internacionales, tales como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y las Naciones Unidas.

Muy tempranamente la Junta de Gobierno tuvo que enfrentar las críticas internacionales por la violación de derechos humanos debido a la ineficacia del Poder Judicial en la defensa de los derechos de los procesados en los consejos de guerra, y por los procedimientos irregulares y abusivos en dichos consejos. En 1974 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó que «luego de un cuidadoso análisis de antecedentes y, en particular, después de haber practicado una observación “in loco” durante breves días pero trabajando con gran intensidad, la Comisión ha podido recoger elementos de juicio que, sometidos a un análisis racional, estima son suficientes para afirmar que, vigente el régimen instituido en Chile a partir del 11 de septiembre de 1973, se ha incurrido en gravísimas violaciones de derechos humanos» 31.

La CIDH expresó su preocupación relativa «al funcionamiento de la Justicia Militar y, más especialmente, la expansión de los poderes conferidos a los Tribunales Militares como consecuencia de la declaración, por decreto-ley, del “estado de guerra”». Algunos miembros de la Comisión estuvieron presentes en algunos consejos de guerra (ver más adelante) y criticaron su funcionamiento. Señalaron además que «de más de 800 recursos de habeas corpus presentados a la Corte de Apelaciones de Santiago entre el 11 de septiembre de 1973 y comienzos de julio de 1974, solamente uno había sido acogido, y todos los demás rechazados» 32. También se denunció la «reforma» de la judicatura del Trabajo, suplantando «la jurisdicción de los jueces laborales por llamados tribunales especiales , integrados por un juez del trabajo, un funcionario designado por el Ministerio del Trabajo y un oficial de las fuerzas armadas, para entender en los reclamos de indemnización por despido». A continuación el informe relata: