Brian Loveman - Poder Judicial y conflictos políticos. Tomo III. (Chile - 1973-1990)

Después del plebiscito de 1988, y hasta marzo de 1990, los tribunales militares, con la aquiescencia y aprobación de la Corte Suprema, aceleraron la tramitación y sobreseyeron numerosos casos de violaciones de derechos humanos, aplicando el decreto ley 2.191. A la vez, continuaban los procesos contra periodistas, sindicalistas y dirigentes políticos por «ofensas contra las fuerzas armadas» e injurias contra el general Pinochet 1.

El Poder Judicial despertaba un interés permanente en los gobernantes. En las sesiones de la Junta los fallos y el comportamiento del Poder Judicial fueron analizados detenidamente; también los nombramientos de jueces, de ministros de Cortes, de abogados integrantes de las Cortes de Apelaciones y la Corte Suprema.

Este tomo III describe el rol político y las transformaciones experimentadas por el Poder Judicial bajo la Junta de Gobierno desde 1973 hasta 1990. Como hemos procedido en los tomos I y II, investigamos, a través de casos judiciales, el funcionamiento del Poder Judicial en relación con los conflictos políticos durante los distintos períodos del gobierno militar 2.

Las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado durante el gobierno militar dieron lugar a miles de procesos judiciales, muchos de ellos se encuentran todavía abiertos en el siglo XXI. Cada caso merece su historia. Hay numerosas publicaciones que los recogen y documentan sus graves consecuencias sobre decenas de miles de personas y familias. Los tribunales fueron requeridos por los miles de recursos de amparo y de protección, por querellas por desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, torturas y amenazas, produciendo una documentación que ha sido crucial para sancionar a los responsables, pero también para historiar el período desde una verdad judicial escueta y brutal. Algunos de los casos que hemos tratado han sido actualizados hasta el presente, permitiendo reconocer los cambios que se han producido en las actuaciones del Poder Judicial y especialmente registrando el ejercicio de la justicia sobre crímenes contra la humanidad. Habíamos entregado este libro para su publicación cuando el ministro Carroza dictó el fallo de primera instancia en el caso Caravana de la muerte, episodio La Serena, que tratamos en el capítulo VII. Este fallo condenó al ex comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, como encubridor de los crímenes cometidos en el regimiento de La Serena por la Caravana de la Muerte 45 años después. Incluimos este fallo en el capítulo respectivo.

Como se puede apreciar en el conjunto de la investigación, los tres tomos, 1925-1958, 1958-1973 y el presente libro, 1973-1990, algunos procesos judiciales han demorado décadas. En este tomo III se actualizan los desenlaces de algunos procesos judiciales sin tratar las reformas del Poder Judicial en el período pos-1990. En algunos de los casos investigados, el desenlace judicial es reciente, ya fuese en juicios sobre la reforma agraria iniciados entre 1967 y 1973, por «tomas» de fábricas entre 1970 y 1973, por confiscación de bienes de partidos políticos y sindicatos, por clausura de medios de comunicación masiva como diarios, revistas y estaciones de radio, o por violaciones a los derechos humanos cometidas después de 1973. Es decir, al considerar «hechos» que dan lugar a procesos judiciales entre 1973 y 1990, hemos llevado los desenlaces judiciales hasta 2018 en la mayoría de los casos; entre ellos, los casos de la Caravana de la Muerte, Operación Colombo, Operación Albania y el asesinato de Carmelo Soria Espinoza. Como se puede apreciar, el legado judicial de los años 1973-1990 no ha terminado. Sin embargo, las actualizaciones de los casos en el texto y en notas no tienen la pretensión de extender el estudio en profundidad al período posterior a 1990–tema para otro libro.

1Los informes mensuales de la Vicaría de la Solidaridad de 1989 resumen los procesos instruidos por los fiscales militares ad hoc y la situación de derechos humanos en el país durante el último año del gobierno militar. Son accesibles mediante la sala digital de la Fundación Documentación y Archivo de la Vicaria de la Solidaridad .

2A estas alturas (2019), se debate todavía la denominación de este gobierno, entre los más comunes: gobierno militar; dictadura militar; régimen militar; gobierno autoritario; gobierno cívico-militar. El nombre, para nosotros, no influye en los hechos detallados y analizados. Hubo, siempre, colaboración de civiles; hubo, siempre, una Junta de Gobierno que «legislaba»; hubo, siempre, la dominación y control relativo del general Augusto Pinochet, no sin resistencias, dentro de la Junta, dentro de las fuerzas armadas, dentro de la derecha democrática, y desde la izquierda revolucionaria, la social democracia, y la Democracia Cristiana. También, en distintos momentos hubo límites a las iniciativas del Gobierno impuestos por instancias del Poder Judicial, la Contraloría y el Tribunal Constitucional. Nombrar el gobierno que dominaba el país entre 1973 y 1990, de una u otra manera, no cambia los hechos ni las políticas represivas de Pinochet y la Junta de Gobierno.

La Junta ha asumido el poder total, de modo que es sólo responsable de sus actos ante Dios y la historia.

Jaime Guzmán, 5 septiembre, 1974 3

Tomé mi helicóptero con mi ayudante y me trasladé a la Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes. Le dije a su comandante, el coronel Manuel Contreras, que quería visitar los calabozos. Titubeó, pero tuvo que llevarme. En mi recorrido me encontré con hombres que estaban tendidos boca abajo en el suelo, otros desnudos y amarrados, algunos colgados de los brazos y con su cuerpo en el aire. Se podía percibir que habían sido golpeados o torturados. Cuando comprobé que la realidad era más horrible de lo que me habían dicho, llamé al subcomandante y le comuniqué que él asumía el mando y que el coronel quedaba arrestado para someterlo a proceso.

Confidencia del general Óscar Bonilla a Eugenio Velasco 4

El régimen actual está llamado a durar posiblemente una generación. Esta lucha puede esperar un siglo si es necesario, porque conviene dar nacimiento a un espíritu público nuevo que haga imposible el retorno al juego político anterior. El proceso iniciado el 11 de septiembre de 1973 es un camino sin retorno.

General Augusto Pinochet, revistaErcilla , 1975 5

A las 11.30 de la mañana del 11 de septiembre de 1973 cuatro aviones de la Fuerza Aérea bombardearon La Moneda. La destrucción del palacio presidencial de Chile daría indicios sobre el régimen político que se iniciaba. Se cumplió el deseo de Henry Kissinger y de Richard Nixon de sacar a Allende del escenario. El Congreso fue clausurado. Los diputados y senadores de la Unidad Popular (UP) fueron requeridos públicamente por las nuevas autoridades y muchos fueron detenidos. La mayoría de los ministros del Gobierno derrocado terminarían confinados sin proceso en la isla Dawson, 100 km. al sur de Punta Arenas, realizando trabajos forzados. Miles de personas fueron detenidas en todo el país en recintos militares y policiales, estadios deportivos y cárceles.

La Junta de Gobierno emitió bandos militares con distintos propósitos. En el bando N° 5 afirmaron que, por los abusos e ilegalidades del Gobierno de Salvador Allende estaba «en peligro la seguridad interna y externa del país», justificándose «nuestra intervención para deponer el gobierno ilegítimo, inmoral y no representativo» 6. Los bandos podían ser «informativos» (el bando 10 comunicó que la Residencia Presidencial ubicada en Tomás Moro tuvo que ser bombardeada por ofrecer resistencia con personal del GAP [guardia presidencial] a las Fuerzas Armadas y Carabineros) o «de advertencia» (el bando 2 «advierte que cualquier acto de sabotaje será sancionado en la forma más drástica en el lugar mismo de los hechos»). El bando N° 26 ilustró el clima político del momento, dando cuenta de las actividades de las Fuerzas Armadas en su primer día de gobierno: