Brian Loveman - Poder Judicial y conflictos políticos. Tomo III. (Chile - 1973-1990)

Entre el 17 de junio de 1974 y el 6 de enero de 1975 en distintas comunas de la Región Metropolitana, 119 militantes de partidos opositores al Gobierno (la gran mayoría pertenecía al MIR) fueron secuestrados y no se había tenido información sobre su paradero. Según los antecedentes judiciales recogidos posteriormente, las víctimas fueron llevadas a distintos centros de detención como Londres 38, José Domingo Cañas, Tres y Cuatro Álamos, y Villa Grimaldi. La Operación Colombo , según el abogado Hiram Villagra, «correspondió al intento de cerrar el tema detenidos desaparecidos como una gran mentira. Como ya la presión internacional era muy fuerte, se decide mandar un mensaje a la sociedad en el sentido de que estas personas se mataron entre ellos, pugnas internas fuera del país, y para eso fue fundamental el rol del aparato comunicacional del Estado, donde la cadena de Agustín Edwards fue muy importante» 212 .

El 1 de agosto de 1975 el Comité de Cooperación para la Paz insistió ante la Corte Suprema sobre la petición de un ministro en visita para investigar los casos de los 119 que aparecieron en las listas de esas publicaciones en el extranjero. El 5 de septiembre el Comité hizo entrega a la Corte Suprema de una nueva lista de 188 personas detenidas desaparecidas solicitando que se investigaran los casos. La presentación fue firmada por 275 religiosos y los familiares directos de los detenidos. Poco después, el Comité de Cooperación para la Paz fue disuelto debido a las presiones del Gobierno. En enero de 1976 se inauguró la Vicaría de la Solidaridad del Arzobispado de Santiago reemplazando al Comité en la defensa legal de los perseguidos 213.

El caso de los 119 dio origen a numerosos procesos judiciales 214. La justicia militar aplicó el decreto ley de amnistía en algunos casos 215. Sin embargo, como muchos de los casos que se relatan en este libro, los desenlaces judiciales por la Operación Colombo no se terminaron sino en el siglo XXI, con condenas diversas y, en algunos casos, se establecieron indemnizaciones como medidas de reparación de los daños causados por la violación de derechos humanos 216. Algunos procesos por el caso siguen vigentes en 2019.

A 29 años del episodio, el ministro de fuero Juan Guzmán procesó a ex agentes de la DINA, por varios de los 119 detenidos desaparecidos de la Operación Colombo. Según La Nación : «En una resolución que quedará en la historia de la justicia por violaciones de los derechos humanos durante la dictadura, el ministro de fuero Juan Guzmán asestó ayer el golpe más grande hasta ahora a la ex DINA: procesó a 16 ex agentes, varios de la plana mayor, por 34 víctimas de los 119 detenidos desaparecidos de la Operación Colombo, que se implementó en 1975 y que formó parte de la Operación Cóndor 217, donde está desaforado el general (r) Augusto Pinochet. (…) Guzmán al dictar el primer procesamiento selló la certeza jurídica que terminó por echar abajo uno de los montajes más grandes del régimen del ex dictador Augusto Pinochet» 218. La Corte Suprema dictó en 2004 la primera sentencia por estos crímenes, confirmando el fallo original del ministro Alejandro Solís por el secuestro de Miguel Ángel Sandoval, mirista, ex miembro del GAP en su primera fase (escolta del presidente Allende). El 28 de enero de 2005 el exjefe de la DINA, Manuel Contreras, fue llevado a la fuerza al Penal Cordillera, donde comenzó a cumplir la primera de una larga serie de condenas 219.

Entre 2005 y 2013 varios casos relacionados con las víctimas de la Operación Colombo seguían en proceso. En 2006, la Corte Suprema confirmó el desafuero del general Augusto Pinochet en el marco del proceso judicial por esos casos, considerando que existían presunciones sobre su responsabilidad en los secuestros de 15 opositores a la dictadura. Aprobado el desafuero, Pinochet quedó a disposición del juez especial Víctor Montiglio, que estaba a cargo de los juicios que involucraban al exdictador, tras la jubilación del juez Juan Guzmán Tapia. Sin embargo, Pinochet murió en diciembre de 2006 y no alcanzó a ser condenado.

La periodista Lucía Sepúlveda Ruiz escribió en 2008: «Sólo 10 criminales cumplen sentencia efectiva en los 29 casos de Operación Colombo fallados por la Corte Suprema: Manuel Contreras (ex director de la DINA) y Marcelo Moren Brito (ex jefe de Villa Grimaldi, con 17 condenas cada uno); Miguel Krassnoff (cabeza de la brigada Halcón, por 12 casos); Manuel Carevic (agrupación Purén, 3); Pedro Espinoza (ex jefe DINA, 4 casos); Francisco Ferrer (ex jefe DINE, 3 casos); Gerardo Godoy (ex jefe Brigada Tucán, 3); Raúl Iturriaga (ex jefe sección exterior DINA, 3); Orlando Manzo, ex jefe de Cuatro Álamos (2); y Basclay Zapata, integrante de Halcón, por 11 casos. Los diez continúan recibiendo millonarias pensiones y mantienen su grado militar, cuestión que los sitúa en niveles de vida superiores a la gran mayoría de los chilenos» 220.

En 2013, familiares de detenidos desaparecidos de la Operación Colombo y la familia Gallardo Rodríguez, víctimas en el caso Rinconada de Maipú, presentaron en los tribunales de justicia una querella por asociación ilícita genocida contra civiles que resulten responsables en los montajes comunicacionales de la Operación Colombo y Rinconada de Maipú de 1975 221. El montaje en el caso Rinconada de Maipú se refiere a un presunto enfrentamiento que el día 19 de noviembre de 1975 habría acabado con la vida de Alberto Gallardo (63), Catalina Gallardo (30), Luis Ganga y Mónica Pacheco (26), embarazada de tres meses, quienes fueron calificados como miembros de «grupúsculos» que se habían enfrentado a tiros con miembros militares. En enero de 2012 el juez Alejandro Solís dictó procesamiento en la investigación por los homicidios ocurridos el 19 de noviembre de 1975 en Rinconada de Maipú.

El fallo de primera instancia, emitido por el juez especial Leopoldo Llanos Sagristá, después de un juicio de 20 años iniciado por el magistrado Alejandro Solís, condenó a 20 años de prisión a los miembros del ejército general en retiro Manuel Contreras, exdirector de la DINA, que acumulaba más de 5 siglos de prisión; Marcelo Luis Manuel Moren Brito, Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo, Miguel Krassnoff Martchenko y Basclay Zapata Reyes «como autores de los delitos de homicidio calificado de Alberto Recaredo Gallardo Pacheco, Catalina Ester Gallardo Moreno, Mónica del Carmen Pacheco Sánchez, Luis Andrés Gangas Torres, Manuel Lautaro Reyes Garrido y Pedro Blas Cortés Jelvez».

El fallo también incluyó como reparación del Estado a los familiares de las víctimas, una indemnización variable de un monto equivalente a 120.000 y 300.000 dólares. En 2016 la Corte Suprema confirmó la sentencia que condenó a 20 años de presidio a tres agentes de la DINA, por su responsabilidad en los homicidios calificados de seis integrantes de la familia Gallardo, delitos perpetrados al amparo de un montaje realizado por los agentes de Estado conocido como el caso «Rinconada de Maipú». La DINA tuvo la complicidad de periodistas como Julio López Blanco, Claudio Sánchez, y Carlos Roberto Araya Silva, quienes difundieron un presunto enfrentamiento que habría ocurrido el día 19 de noviembre de 1975. Araya Silva fue sometido a proceso, en 2012, como encubridor de los homicidios calificados de Alberto Gallardo Pacheco, Catalina Gallardo Moreno, Mónica Pacheco Sánchez y Luis Andrés Ganga Torres, ejecutados por la DINA el 19 de noviembre de 1975.

La Segunda, 24 de julio de 1975, portada.

Caso Rinconada de Maipú. Portada de La Tercera de la Hora , del 20 de noviembre de 1975.