AAVV - La transición de la prensa

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La prensa tuvo un protagonismo destacado durante el proceso de la transición democrática en España, que en esta obra es analizado de forma individual en la conducta informativa y política observada por los principales diarios. Por una parte, aquellos que ya se publicaban desde antes de la Guerra Civil, como La Vanguardia Española de Barcelona, ABC, Informaciones y Ya de Madrid, así como los dos principales órganos del Movimiento Nacional en la capital, el matutino Arriba y el vespertino sindical Pueblo, y el franquista El Alcázar. Por otra parte, nuevos periódicos aparecidos en los meses posteriores a la muerte del dictador Francisco Franco, como Avui en Barcelona, El País y Diario 16 en Madrid, Deia en Bilbao y Egin en Hernani (Guipúzcoa). El libro aporta un análisis introductorio de las condiciones políticas, legales, judiciales y profesionales en que se produjo la transición de la prensa, así como reflexiones de periodistas y políticos sobre el comportamiento y la relación entre unos y otros. Se completa con un epílogo sobre los límites y excesos del llamado «parlamento de papel».

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La intensidad del número de noticias sobre protestas y reivindicaciones corporativas fue muy alta bajo el gobierno Arias, de las que ofrecemos algunos ejemplos. En las primeras semanas tras la muerte de Franco, la Asociación de la Prensa de Santa Cruz de Tenerife se quejó del mal trato de palabra y obra por un inspector de policía a un periodista en una manifestación (5-12-1975), los diarios de Bilbao protestaron por la detención de un redactor y dos colaboradores de El Correo Español-El Pueblo Vasco en una manifestación de mujeres y niños (6-12-1975), y un grupo de 170 periodistas de Barcelona pidieron al rey una amnistía general que incluyera a periodistas, publicaciones y sanciones administrativas, tras la limitación del indulto (9-12-1975).

La Junta General de la Asociación de la Prensa de Madrid condenó las agresiones a periodistas, el incremento de dificultades a la labor informativa y las sanciones administrativas a periódicos y periodistas (12-12-1975); una asamblea de periodistas y colaboradores de Barcelona pidió la supresión del artículo 2 de la Ley de Prensa, así como el reconocimiento de la cláusula de conciencia, el secreto profesional y la autorización de las lenguas regionales, además la supresión de las jurisdicciones especiales y la concesión de la amnistía (13-12-1975); la Federación Nacional de Asociaciones de la Prensa pidió el más amplio indulto para las penas y sanciones de prensa y periodistas y la protección de los periodistas ante los incidentes frecuentes (20-12-1975); un grupo de 31 redactores de ABC pidió amnistía general y reconocimiento de los derechos democráticos (24-12-1975); un grupo de periodistas de Las Palmas de Gran Canaria pidió la amnistía política y sindical y para la prensa (26-12-1975); y redactores de Pyresa, la agencia del Movimiento, pidieron amnistía y protección de la libertad de expresión (14-1-1976).

Las noticias de este cariz siguieron siendo numerosas hasta el cese del gobierno Arias. Hubo nuevas protestas, peticiones y reivindicaciones a propósito de hechos y cuestiones ya reseñados y otros de las asociaciones de Oviedo (20-1-1976), Madrid (25-1-1976), Valencia (14-2-1976), San Sebastián (18-2-1976), Vitoria (19-2-1976) o Barcelona (20-2-1976 y 7-8-1976), redactores de Pueblo (7-3-1976) y las asociaciones de la Prensa de Madrid (10-3-1976), Santiago de Compostela (1-4-1976) y La Coruña (4-5-1976). Un caso especial fue el rechazo por la Asociación de la Prensa de Vitoria de la versión oficial de los sucesos del 3 de marzo en la catedral de San Francisco de esta ciudad, que costaron la vida a cinco trabajadores en huelga y heridas graves a más de un centenar (11-3-1976). En la Asociación de la Prensa de Badajoz, se produjo la dimisión del director y subdirector de Hoja del Lunes a propósito de la polémica por las dificultades del semanario Sorprendentemente tras publicar un artículo sobre la Guerra Civil en la provincia (28-12-1976).

Las tensiones profesionales más fuertes se produjeron en Madrid, donde una asamblea general extraordinaria de la Asociación de la Prensa llegó a aprobar la realización de una huelga de periodistas en defensa del derecho al secreto profesional en solidaridad con el vocal de la Asociación de la Prensa de Madrid, Rodrigo Váz quez-Prada, por el procesamiento militar ya citado por negarse a revelar sus fuentes (26-2-1976), una «huelga rota» (Fernández Lera, 1976; Bustamante, Roma y otros, 1977) que no evitó la salida de ningún diario ni revista, incluida la Hoja del Lunes de la propia asociación.

El cambio profesional favorecido por la incorporación a las redacciones de jóvenes periodistas nacidos tras el final de la Guerra Civil, había coincidido con la apertura informativa de la Ley de Prensa pero había tardado en visualizarse en las asociaciones de la prensa, que en muchas provincias estaban controladas por directivos de la Prensa del Movimiento. El horizonte reformista abierto por el gobierno Suárez y la inmediata concesión de la amnistía política en verano de 1976 planteó la necesidad de reformar a su vez la Cadena de Prensa del Movimiento, titular del único periódico diario de la mayoría de provincias, aunque superada por algunos diarios tradicionales de empresa en las ciudades más importantes.

La gestión de Adolfo Suárez como ministro secretario general del Movimiento bajo la presidencia de Arias no había estado exenta de tensiones internas. En Arriba , el diario de cabecera que había fundado José Antonio Primo de Rivera en 1934 como portavoz de Falange Española, el relevo de Cristóbal Páez por Alejandro Armesto en marzo de 1976, favoreció una evolución paulatina en línea con la reforma política. Más compleja fue la adaptación de Pueblo , el vespertino de la Organización Sindical que había dirigido Emilio Romero desde 1952 y fue desplazado a la dirección general de la Cadena Prensa del Movimiento. Su sucesor Luis Ángel de la Viuda fue cesado en dos meses por el ministro de Relaciones Sindicales, Rodolfo Martín Villa, que nombró a Juan Fernández Figueroa, substituido en julio de por José Ramón Alonso, ya bajo el gobierno Suárez.

Hay dos ejemplos opuestos de la evolución en ambas redacciones. En Arriba , la querella de 27 redactores contra Antonio Gibello por un artículo de 26 de enero en que denunciaba como «intolerable atentado» la retirada de una fotografía de José Antonio Primo de Rivera en la redacción del diario (2/12-6-1976). En Pueblo , las dimisiones de José Luis Alcocer, Ángel Gómez Escorial y Carlos Luis Álvarez, Cándido, en disconformidad con la publicación de un editorial crítico con unas palabras del director general de Coordinación Informativa, Carlos Sentís, desligando el futuro de la Monarquía del legado de Franco (28-4-1976 y 30-4-1976). Una señal distinta de las tensiones de esos meses es la no publicación de El Diario Vasco, La Voz de España y Unidad en señal de duelo por la muerte de dos miembros de ETA por acuerdo de los trabajadores de los tres diarios, el segundo y tercero pertenecientes a la cadena del Movimiento (12-3-1977).

Con la disolución de la estructura del Movimiento Nacional, decretada el mismo día 1 de abril de 1977 en que el Gobierno reformó la Ley de Prensa, se cumplían 38 años, día por día, del parte final de la Guerra Civil, fecha celebrada hasta dos años antes como el Día de la Victoria. Al cabo de cuatro semanas, todos los periódicos de la cadena suprimieron los símbolos del yugo y las flechas de sus cabeceras (23-4-1977), al día siguiente de la constitución del nuevo organismo de Medios de Comunicación Social del Estado (22-4-1977). En los primeros meses del gobierno Suárez, los trabajadores ya habían pedido al Gobierno seguridades sobre el futuro de estos periódicos (28-9-1976, 8-10-1976) con la consiguiente respuesta tranquilizadora del ministro y sus colaboradores (7-4-1977, 12-4-1977, 16-4-1977). La Unión General de Trabajadores renunció a reclamar la propiedad de Pueblo , nacido sobre la incautación de su antiguo órgano Claridad , a cambio que se asegurase la continuación del vespertino público (26-4-1977), aunque un grupo de treinta redactores denunciaron la «sovietización» del diario (28-4-1977). La CNT, en cambio, ocupó por unas horas en Barcelona la sede conjunta de Solidaridad Nacional y La Prensa , en reclamación de su antiguo órgano Solidaridad Obrera (7-6-1977), mientras que sus trabajadores pidieron la continuidad de ambos como diarios públicos (9-6-1977).

De cara a las elecciones, la candidatura de Suárez al frente de Unión de Centro Democrático dispuso de un apoyo amplio en la cadena reconvertida al servicio del Estado, si bien en sus páginas se fue advirtiendo una creciente variedad de posiciones en contraste con el monolitismo franquista que la había caracterizado. El cambio profesional experimentado en la prensa privada de las principales ciudades y reflejada en la conflictiva aplicación de la Ley de Prensa para un número creciente de publicaciones, así como en la renovación de las asociaciones de la prensa, acabó reflejándose también en el seno de los antiguos periódicos oficiales, a pesar de lo reducido de la mayoría de redacciones y su menor permeabilidad a las nuevas incorporaciones. El personal del matutino Solidaridad Nacional y del vespertino La Prensa se sumó a la huelga de prensa declarada en Barcelona el 22 de abril de 1977 en reivindicación de una paga lineal de 50.000 pesetas –superior al sueldo mensual de un redactor– de la que sólo quedaron al margen La Vanguardia Española y dos deportivos (23-4-1977 a 1-5-1977).

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