AAVV - La transición de la prensa

La prensa internacional quedaba fuera del alcance de la aplicación de la Ley de Prensa, pero hacía tiempo que el Gobierno se había acostumbrado a impedir la distribución de los periódicos extranjeros cuando llevaban alguna noticia o artículo especialmente crítico. Tras la jura del rey, la persecución policial de corresponsales extranjeros está documentada con diversos testimonios, con episodios de golpes, rotura y confiscación de cámaras en las manifestaciones de los domingos 1 y 8 de febrero de 1976 en Barcelona a la francesa Lain Keler y al estadounidense Alexis Hint (Chislett, 2011; Guillamet, 2016: 68) y los franceses Alain Gaston Robert y Jean Michel Rillon en la manifestación obrera aún prohibida del 1 de mayo en Madrid.

Los problemas gubernativos y policiales de los periodistas españoles, en ocasión de la cobertura de manifestaciones no autorizadas y de otros actos públicos fueron una constante hasta junio de 1977 y motivaron protestas frecuentes de las asociaciones de la Prensa ante las autoridades en Santa Cruz de Tenerife (5-12-1975), Bilbao (6-12-1975), Madrid (12-12-1975), Oviedo (20-1-1976), Santiago de Compostela (1-4-1976) y La Coruña (4-5-1976).

Otros casos son la detención y paso a disposición de la jurisdicción militar de José María Torre Cervigón de La Voz de Galicia con motivo de una manifestación y denuncia por insolencia con la Policía Armada (12-3-1976); la detención de Rodrigo Vázquez-Prada y de un fotógrafo de Informaciones con motivo de un intento de manifestación de periodistas en Madrid, el 29 de marzo, en solidaridad con el director de Doblón , José Antonio Martínez Soler, víctima de una agresión de la extrema derecha; o la detención y procesamiento de Luis Lázaro por presunta propaganda ilegal, con imposición de una fianza de 30.000 pesetas. A VázquezPrada, vocal de la Asociación de la Prensa de Madrid, se le impuso una multa de 100.000 pesetas por su actitud en dicho conato de manifestación de periodistas que había sido prohibida (1-4-1976), en contraste con la autorizada en Barcelona el 18 de marzo en petición de libertad para Huertas Clavería.

La imposición de sanciones pecuniarias a periodistas por infracción del artículo 2 fue frecuente durante el gobierno Arias: multas de 25.000 y 50.000 pesetas a José María Requena Barrera, director de El Correo de Andalucía de Sevilla, y a la empresa Editorial Sevillana, por una entrevista al presidente de la Unión de Trabajadores de Dinamarca (28-11-1975); multas de 50.000 y 100.000 pesetas al director y a la empresa de Heraldo de Aragón de Zaragoza, por el artículo «El triste oficio de censor» (30-11-1975); multas de 50.000 pesetas a María del Camino Raquel Fernández Gago, directora de la revista Esfuerzo Común de Zaragoza y de 100.000 al editor Ildefonso Sánchez Romero por el artículo «De nuevo el 98», atentatorio contra la unidad nacional (30-11-1975); multa de 100.000 pesetas al diario La Tarde de Santa Cruz de Tenerife por una entrevista a Ramón Tamames (2-1-1976): multa de 250.000 pesetas a El Papus y Papillón , además de ser suspendidas durante cuatro meses (9-3-1976); multa de 100.000 pesetas a Josep Pernau, director de Diario de Barcelona , por una esquela de Oriol Solé, muerto por la Guardia Civil tras una fuga de presos de ETA y MIL de la cárcel de Segovia (22-4-1976).

Las incidencias gubernativas no cesaron durante el gobierno de Suárez, período en el que destacan dos suspensiones de actos públicos: la presentación de la revista El Cárabo (17-10-1976) y una rueda de prensa de Comisiones Obreras sobre el atentado contra los abogados laboralistas de Atocha (16-3-1977). Hubo también varias actuaciones policiales: una denuncia de la Guardia Civil contra la revista Garata de San Sebastián (8-12-1976), un registro de la Guardia Civil al amparo de la legislación antiterrorista en el domicilio del director de El País , Juan Luis Cebrián (8-2-1977) (Cebrián, 2016: 234-239) y las detenciones de José Antonio Gaciño de El Ideal Gallego (15-2-1977) y de Gregorio Morán de Diario 16 (24-5-1977).

ANTE LOS TRIBUNALES

De forma paralela, periódicos y periodistas fueron objeto de acciones judiciales ante las jurisdicciones civil y militar, con frecuentes comparecencias de los directores de periódicos ante distintos juzgados para responder a exhortos del Tribunal de Orden Público. El director de Tele/eXprés ha dejado constancia de haber tenido que cumplimentar al menos diez visitas a sedes judiciales (Costa, 2014), mientras que el de El País ha explicado que, en menos de un año, se abrieron cuarenta expedientes administrativos contra el diario y dieciséis procedimientos judiciales contra su director (Cebrián, 2016: 248-249).

Sin entrar en los numerosos casos de «escándalo público» por temas morales y eróticos, ni reiterar los ya citados, he aquí algunos ejemplos significativos en los tribunales civiles: querella del fiscal contra la revista satírica deportiva Barrabás de Barcelona (23-1-1976); comparecencia del director de Cambio 16 por un editorial sobre el gobierno y una información sobre ETA (31-1-1976) y del director y seis redactores de Doblón por un artículo sobre Arias (17-3-1976); querella del alcalde de Burgos contra un comentarista de Arriba (5-2-1976); declaraciones de redactores de Sábado Gráfico y la agencia Pyresa por lesiones causadas por la policía en una manifestación en Madrid y traslado a la jurisdicción militar (18-2-1976); declaraciones de los directores de Sábado Gráfico y Triunfo por diversos artículos (1/3-4-1976) y del corresponsal en Barcelona de Noticias Obreras , por un artículo sobre la muerte de un trabajador (10-4-1976); querella de la fiscalía y del Ayuntamiento de Valencia contra Ajoblanco por supuestos artículos vejatorios del pueblo valenciano (27-3-1976 y 27-4-1976), a la que siguió el boicot de la Agrupación Sindical de Vendedores de Prensa de Valencia a la venta de la revista (17-4-1976); condena de Antonio Guerra Gil por ofensas al Movimiento Nacional en Diario de Barcelona (4-5-1976); declaración de Antonio Gala por un artículo en Sábado Gráfico (12-5-1976) y nuevo procesamiento por comentar aspectos del artículo anterior (4-7-1976); declaración de los directores de ABC y El Correo de Andalucía de Sevilla por informaciones sobre un anteproyecto de estatuto de autonomía de Andalucía (15-5-1976); declaración de una redactora de Cambio 16 en Bilbao por artículos sobre supuestos malos tratos a detenidos (26-6-1976); declaraciones del director de Ciudadano , por un artículos sobre métodos anticonceptivos y homosexuales (3/4-7-1976); y procesamiento, después archivado, contra el director y el redactor jefe del semanario Posible de Madrid por un artículo contra el procesamiento instado por el ex ministro falangista José Antonio Girón de Velasco (12-6-1976, 4-7-1976).

Los episodios judiciales relacionados con periodistas continuaron tras el nombramiento del gobierno Suárez, con una mayor variedad de casos: querella de recaudador municipal de Madrid contra el director y un colaborador del diario Pueblo por un artículo sobre las agencias ejecutivas municipales (5-8-1976); demanda de dos concejales de Alboraia (Valencia) contra el corresponsal de Levante por unas críticas a un plan de pavimentación en un pleno municipal (9-9-1976); demanda del Ayuntamiento de Segovia contra periodistas por críticas a la construcción de un embalse (16-9-1976); ingreso en prisión del corresponsal en Badalona de El Correo Catalán por una noticia sobre malos tratos a dos detenidos por error (7/8-10-1976) y de una periodista La Jaula por un artículo sobre la Magistratura de Trabajo (28-11-1976); declaraciones del director y un colaborador de El Alcázar (9-11-1976) y del director y el subdirector de El Correo de Andalucía (14-11-1976).